El recurso de los Franco a la multa de la Xunta dilata más la apertura de Cornide
La apelación de la familia a la sanción económica impuesta por Patrimonio enquista su apertura al público, que debería haberse producido hace dos años con la declaración BIC

La Casa Cornide de A Coruña. / Carlos Pardellas
El interior de la casa Cornide sigue siendo un misterio para la ciudadanía de A Coruña dos años después de que esta fuese declarada como Bien de Interés Cultural (BIC). Más allá de unas imágenes publicadas en la web de una inmobiliaria de lujo, en cuyas manos depositó su venta la familia Franco, no existe testimonio gráfico u oral a día de hoy de los bienes que atesora la propiedad ni del estado interior de su estructura. No ha trascendido, tampoco, si los técnicos de Patrimonio han podido acceder a la propiedad para evaluar su estado, tal y como marca la ley para los BIC.
Los Franco fueron sancionados por la Xunta con 3.000 euros de multa por desoír la obligación legal de abrir la casa al público cuatro días al mes, y es esta cuestión la que mantiene enquistado el procedimiento. Según fuentes de la consellería de Cultura, este recurso «está siendo tramitado» actualmente. También recuerdan que garantizar el acceso a los inmuebles BIC es un «deber de los propietarios», tal y como recoge la ley de Patrimonio Cultural de Galicia.
Tras una queja de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña el verano pasado, la Valedora do Pobo denunció la situación a la Xunta, y esta remitió a los Franco una notificación para recordarles sus obligaciones. Los Franco intentaron evitar la apertura alegando que el inmueble era una residencia habitual (algo que la Xunta rechazó, argumentando que no tiene muebles), y finalmente optó por la sanción económica de 3.000 euros. La familia respondió a la sanción con un recurso que incluía la propuesta de «buscar una fórmula de colaboración», esto es, un «convenio para permitir las aperturas». El conselleiro de Cultura, José López Campos, avanzó que los técnicos se encontraban analizando la propuesta de la familia, pero insistió en que son los propietarios los que tienen la «responsabilidad legal» de abrir el inmueble.
En paralelo se desarrolla otro proceso, en torno a su titularidad, para que la casa Cornide regrese a manos públicas —desde 1962 es propiedad de Carmen Polo tras una subasta ganada por Pedro Barrié de la Maza, que cedió la casa a la esposa del dictador, peor antes había sido patrimonio municipal y estatal —. Hace un año, el Concello inició un proceso que continúa sin llegar a la vía judicial. El Concello tenía previsto solicitar al Ministerio de Educación y al Consello Consultivo que comprobara si el edificio fue desafectado como bien público antes de ser subastado, pero nada más ha trascendido sobre el estado de las actuaciones.
Ya con otro de los bienes patrimoniales expoliadas por Franco y su familia, el pazo de Meirás, la apertura a visitas se dilató varios años desde su declaración como BIC, que se produjeron cuando el pazo todavía era propiedad de los herederos del dictador. La gestión de las visitas fue asumida un tiempo por la Fundación Francisco Franco, que dedicaba los recorridos a enaltecer la figura del dictador.
El colectivo memorialista reclama al Gobierno gallego «medidas coercitivas agravadas, incluso penales, por los incumplimientos reiterados». También ha exigido al Concello que convoque el Consello Municipal de Memoria Democrática e informe sobre el estado de las actuaciones una vez finalizado el plazo.
La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha exigido a la Xunta más medidas contra la familia Franco por seguir sin abrir el palacete. La CRMH considera que el hecho de que este siga cerrado a cal y canto es una muestra de que «la Xunta continúa sin hacer cumplir a la familia Franco la obligación de apertura pública y gratuita de este patrimonio».
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