El plan especial de la Torre, pendiente del dictamen del órgano consultivo de la Unesco

El plan especial de la Torre ya era una necesidad urgente cuando el monumento fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, pero su tramitación se dilató todavía varios años. En 2022, trece años después de esta declaración, el Concello sacó a licitación el contrato de asistencia técnica para la redacción de este plan, previsto en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que entró en vigor en 2013. El año pasado, recibió luz verde por parte de la Consellería de Medio Ambiente al reducir «algunos impactos paisajísticos y zonas degradadas del ámbito», y ahora queda todavía un paso más: el visto bueno del Icomos, órgano consultivo de la Unesco, para llevar adelante definitivamente la transformación del entorno del monumento más importante de la ciudad.

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El Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que vela por la protección del patrimonio cultural en asociación con la Unesco, tiene la última palabra en lo relativo a la ordenación de un ámbito sobre el que ya se ha pronunciado en otras ocasiones. El organismo tuvo un papel determinante en la declaración del monumento como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y se pronunció hace tres años sobre los perjuicios que podría traer al carácter patrimonial del monumento el estado ruinoso de la prisión provincial, que mira de frente al faro. En 2020, el Icomos exigió a todas las administraciones con competencias la inmediata recuperación del penal, que se ubica dentro del ámbito de protección del monumento. El organismo remitió un escrito en el que pide que se pongan en marcha «cuantas medidas ayuden a restablecer la conservación y ornato del inmueble», con el objetivo de evitar, asimismo, su «afección» sobre la Torre de Hércules. La cárcel lleva desde que cesó su uso penitenciario sucumbiendo al estado de abandono y se encuentra casi en ruinas, al tiempo que se desarrollan varios procesos judiciales por su titularidad cronificados en el tiempo que implican al Concello y a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), dependiente del Ministerio de Interior.

En paralelo a este litigio, se dirime la nueva ordenación del entorno de la Torre, que pretende garantizar su preservación. El objetivo de esta normativa es impedir la construcción de edificios en la zona de protección del monumento, en especial en el Agra de San Amaro, unos terrenos por los que los propietarios acudieron a los juzgados, ya que el Concello les impidió edificar en ellos tras las firmas de los acuerdos de 1993 y 2006. Las sentencias judiciales reconocieron su derecho a ser indemnizados por el Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, comentó en un debate organizado en LA OPINIÓN sobre esta cuestión que la alternativa elegida por el Gobierno municipal reduce «al máximo» la edificabilidad prevista y deja solo los metros cuadrados consolidados, que se concentran «en un único edificio que no tapa la Torre ni causa perjuicio paisajístico», así como en una manzana de Monte Alto «que permite sacar la edificabilidad del entorno de la Torre y llevarla a una zona consolidada». Díaz Gallego avanzó que el plan recoge las recomendaciones planteadas por el Icomos: «Minimizar el impacto de la ciudad deportiva de la Torre, eliminar el aparcamiento a los pies y moverlo a la zona donde estaba la chatarrería antigua», repasó.

Recientemente, culminó uno de los últimos pasos a dar, el sí de la Consellería al plan, que prevé un edificio de bajo y tres alturas en la cantera de Durmideiras y trasladar el aparcamiento y el frontón a la zona donde estaba la chatarrería, junto a la avenida de Navarra. La propuesta soluciona la ordenación en vigor del ámbito, que permitía la construcción de cinco edificios de siete plantas en el Agra de San Amaro y que fue enterrada gracias al título de Patrimonio de la Humanidad del faro, que blindó su entorno. Con el nuevo ordenamiento, la edificabilidad pasará de los 37.000 metros cuadrados previstos en el plan general actual a 8.735. Además de en Durmideiras, se permitiría levantar un bloque residencial de bajo y cinco alturas entre las calles Lagoas y Faro de Fisterra, detrás del centro de formación Ánxel Casal. Para materializar estos cambios, el Concello tendrá que cambiar el PXOM, tal y como ha advertido la Consellería de Medio Ambiente.

El informe de la Xunta, que recaba la opinión de diversos departamentos autonómicos, advierte de que podría haber «nuevos impactos» derivados del nuevo edificio de viviendas previsto, pero añade en todo caso que el Instituto de Estudos do Territorio considera que «estos están resueltos con una adecuada inserción paisajística». Las medidas protectoras y correctoras previstas en el documento se consideran «completas, acordes y adecuadas» con las Directrices de Paisaxe de Galicia. La Consellería entiende que no se van a producir «efectos significativos sobre el patrimonio natural», todo lo contrario. La principal objeción viene de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que incide en la necesidad de que el plan proteja las líneas visuales y de percepción de la Torre «desde todos los puntos del ámbito, así como la óptica desde la Torre hacia todo el entorno que la rodea», recuerda.