El Superior confirma la orden de cierre de la sala Pirámide

Dos años después de la orden municipal de cierre de la discoteca sala Pirámide, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza el recurso de apelación de la empresa propietaria contra la incoación de procedimiento sancionador tramitado por el Ayuntamiento, y la condena a pagarle las costas causadas hasta un máximo de 1.000 euros. La sentencia no es firme ya que contra ella cabe recurso de casación.

El conflicto entre el Gobierno municipal y el local de la calle Juan Flórez se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ayuntamiento impuso a los antiguos propietarios de la discoteca una multa de 30.000 euros y obligó a cerrar el establecimiento un año por realizar una actividad no autorizada.

Tres meses después, el local cambió de dueños, que presentaron ante la administración local una declaración responsable y solicitaron el cambio de actividad del establecimiento de Juan Flórez, pero el Gobierno local no aceptó ninguno de los trámites mientras el cierre continuara.

A pesar de ello, el establecimiento incumplió la orden de clausura y volvió a abrir sus puertas, tal como comprobó la Policía Local, y continuó su actividad como discoteca hasta finales de febrero de 2023, cuando el director municipal de Seguridad Ciudadana ordenó de nuevo el cierre del local, esta vez durante dos años, y multó con 100.000 euros a los propietarios, recoge la sentencia. El establecimiento permanece sin actividad desde entonces.

La empresa responsable de la discoteca denunció entonces a la Administración local alegando, entre otros motivos, que la orden de clausura se había dictado por «un órgano manifiestamente incompetente», que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y que la sanción impuesta por el Ayuntamiento era desproporcionada. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña, inadmitió esta demanda en septiembre de 2024.

Los dueños del local recurrieron la decisión de la magistrada reprochando la «falta de motivación» de la sentencia por «confundir varios expedientes y no haberse pronunciado sobre las deficiencias de las actas».

En la sentencia, el Tribunal Superior señala que, a pesar de que el acuerdo de incoación por parte del Concello fue «erróneo y confuso», el Ayuntamiento coruñés sí advirtió a la empresa que regentaba el local de Juan Flórez de lo que sucedería «si se incumpliera la orden de precinto que se le impusiera».

«Fue erróneo y confuso —concluye el Superior— el acuerdo de incoación; pero también fue confusa su segunda parte dispositiva, que podría sugerir que se trataba de una advertencia de adopción de una medida provisional hasta tanto se resolviera el procedimiento sancionador, pero no fue así, pues lo que hizo fue advertir lo que le sucedería a la sancionada (y no a la imputada) si incumpliera la orden de precinto que se le impusiera». Por lo tanto, según el Superior, no se trataba de un «acto susceptible de ser impugnado, sino ante un mero acto de trámite simple no impugnable, como concluyó de forma acertada la juzgadora de instancia, con la consecuencia de que no pudiera admitir el recurso». Por ese motivo, las sentencias ni siquiera entran a analizar las alegaciones de las partes.