Futuros inquilinos de pisos sociales de Xuxán renuncian por la subida de cuotas

Problemas en la cooperativa Alquiler 50 de Xuxán, que cuenta con 260 socios que esperan acceder a una de las 224 viviendas que se construyan en cuatro edificios en suelo cedido por la Xunta en este barrio, con una renta mensual a precio protegido durante los próximos 50 años. Lo que sonaba tan bien para muchas familias que carecen de capacidad económica para comprar una vivienda en la ciudad y que querían asegurarse un futuro sin sobresaltos ni mudanzas por el precio del alquiler vieron la noche del jueves como su sueño se esfumaba, ya que las condiciones que les habían animado a meterse en este proyecto de alquiler social en régimen de cooperativa se convertían en inalcanzables ya para su economía.

El gerente de Galivivienda, que es la entidad que gestiona este proyecto, Rafael Román, explicó ayer a este diario que el cambio de las condiciones iniciales, que se resumía en un ingreso de 1.100 euros para convertirse en cooperativistas de pleno derecho y el pago de 13.000 euros «antes de entregarles las llaves de la vivienda» —a mayores de la renta del piso que cada uno tenga que pagar mientras viva ahí y que ronda los 500 euros— se debe a que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es la entidad que le ofrece las condiciones de financiación más ventajosas, les exige que «actualicen el plan económico».

Esas modificaciones no son menores, sino que dan al traste con los sueños de algunos de los cooperativas, ya que se tornan inasumibles con sus condiciones económicas actuales. Los que se queden, si finalmente se aprueba este plan, tendrán que poner inmediatamente 500 euros más y, después, 225 euros durante 20 meses desde que se conceda el préstamo promotor, es decir, mientras se construyen los pisos. Una de las cooperativistas afectadas indicó ayer a este diario que carece de capacidad económica para hacer frente a su alquiler actual y a esos 225 euros más durante 20 meses, por lo que denuncia que lo que se vende como una idea para facilitar el acceso a la vivienda a personas con ingresos ajustados, deja fuera, precisamente, a aquellos que tendrían que ser beneficiarios del proyecto para dar entrada a aquellos con más capacidad económica.

Ante esta situación, algunos de los cooperativistas decidieron ya, en la asamblea —que se realiza de forma telemática, por lo que los futuros vecinos no se conocen entre sí— solicitar la baja y que la empresa les devuelva los 1.100 euros que tienen invertidos en este proyecto que ahora les expulsa. A pesar de que en la reunión se les dijo que tendrían que encontrar un cooperativista que ocupase su lugar para reintegrarles esa cantidad, ayer recibieron una comunicación informándoles de que el consejo rector había aprobado devolver inmediatamente los 1.100 euros a todos aquellos que lo soliciten. Los cooperativistas están convocados a una nueva reunión el 12 de mayo, en la que Román espera que se aprueben las condiciones económicas planteadas y que, en la reunión del jueves, fueron rechazadas por 77 votos de los 116 emitidos.

El plan económico modifica también las condiciones una vez entregadas las viviendas, ya que, en la propuesta que animó a los cooperativistas a unirse al proyecto, se recogía que, durante 35 años, tendrían que abonar 1.083 euros anuales (además de la renta mensual) y 1..095 euros, al año siguiente, ya que cada una de las personas socias tiene que hacer una aportación de 53.000 euros al capital social.

La modificación de las condiciones sube esta cifra a 63.000 euros, que se satisfaría con el pago de «un máximo de ciento veinte 120 suscripciones y desembolso simultáneo, por importe de 475 euros», según consta en la documentación. Una circunstancia que los afectados traducen prácticamente —aunque estas cantidades se puedan reducir— en que tendrán que destinar casi mil euros al mes a una vivienda que no será nunca suya durante los primeros diez años (475 de cuota y unos 500 de alquiler).

«Cada socio de la cooperativa, en su condición de socio, no de inquilino, para cubrir posibles riesgos de que no esté ocupado al 100% o que no se alquilen los locales, tienen que dotar a la empresa de un capital, que aún no se sabe cuánto será, pero que el ICO cifra en un máximo de 57.000 euros durante el periodo en el que se viva en las casas. Cuando se repartan las viviendas, cada socio tiene que saber que puede estar obligado a poner esa cantidad si la cooperativa se lo exige, pero aún no se sabe», explica Román, que confía en que solo se queden en el proyecto los que pueden asumir las condiciones que propusieron en la asamblea de esta semana.

«No hay financiación mejor que la del ICO», defiende Román, que descarta que, en futuras reuniones se planteen otros planes de viabilidad económica.

Se abre ahora un dilema para todos aquellos que pueden asumir ese incremento de las cuotas aunque están en contra del plan presentado, porque podrían quedarse para intentar cambiar las condiciones o renunciar y olvidarse de este plan, en principio, de vivienda social.

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