Esta es la reserva para jóvenes de los pisos que la Xunta construirá en las fincas cedidas por el Concello de A Coruña

De los pisos que la Xunta construya en las cuatro fincas cedidas por el Ayuntamiento para levantar vivienda protegida, el 25% de los que se destinen a la venta quedarán reservados para menores de 36 años, y el porcentaje subirá al 40% en el caso de los inmuebles que se dediquen al alquiler social. Así lo aseguran fuentes de la Consellería de Vivenda, y si bien indican que el régimen de propiedad aún está por determinarse, lo más probable es que se destinen al arrendamiento, pues la política que está siguiendo el Gobierno gallego en sus promociones actuales es la de mantener la propiedad de los pisos que construye y arrendarlos a personas con bajos ingresos.

Este es el modelo que se siguió con las 40 viviendas que se entregaron recientemente en Xuxán, o las 104 que se proyectan en este barrio. En febrero, la Xunta entregó tres pisos para alquiler a jóvenes en un edificio cerca de la estación de buses, y el mes pasado empezó a construir 64 viviendas para arrendar en Cambedo de Raia (Ourense), con el compromiso de entregar al menos el 40% a menores de 36 años. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prometió el año pasado que las reservas para jóvenes en las promociones de la Xunta serían del 25% en venta y 40% en alquiler.

El 82% de las peticiones de pisos protegidos en A Coruña son de vivienda pública por el menor precio

Si se opta por el modelo del arrendamiento, los pisos que se construirán en las fincas cedidas por el Concello supondrán un aumento importante de la oferta de vivienda pública para arrendar, aunque esta seguirá siendo sustancialmente inferior a la demanda. El Ayuntamiento aprobó el miércoles la cesión definitiva de una finca de unos 281 metros cuadrados en Rey Abdullah, en la zona de Plaza Porticada con la previsión de que albergue unos 15 pisos, y otra de 1.220 metros en el entorno de la plaza Elíptica de Os Rosales que calcula que podría albergar entre 65 y 70.

A esto se suman otras dos fincas de Pedro Fernández, en Pedralonga, que superan los 1.500 metros en los que la previsión municipal es va de 35 a 40 viviendas. En total, entre 115 y 125 pisos según el Concello, mientras que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, dio la cifra aproximada de un centenar.

Solo una de cada 29 viviendas vendidas en la última década era de protección oficial

El Gobierno gallego señala que, actualmente, hay 1.172 pisos de promoción pública construidas por la Xunta que están bajo un régimen de protección. De ellos, 457 son propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que los ha adjudicado en alquiler, y otros 61 están en acceso diferido, un caso especial en el que el ocupante puede tener la posesión de la vivienda pero no el dominio. La mayoría de los inmuebles, un total de 654, han sido adquiridos por sus actuales propietarios, y seguirán considerándose vivienda protegida hasta que pasen los plazos legales y pasen al mercado normal, con lo que se podrán comprar y vender a precio libre.

Estimando a la baja que se levanten un centenar de pisos para alquiler en las fincas municipales y sumando los otros 104 previstos en Xuxán, la oferta de arrendamiento autonómica se incrementaría prácticamente un 45%. A esto se suma la iniciativa autonómica para recuperar pisos a través del plan Rexurbe, o los proyectos municipales para construir 50 viviendas de alquiler social en Xuxán, resultado de un acuerdo de 2019 para no pagar indemnizaciones millonarias por la licencia ilegal del edificio Fenosa, o la reforma de un edifico de Marqués de Pontejos para albergar cinco.

El Ayuntamiento dedicará el 15% de los futuros pisos de parque de Oza, unos 150, al alquiler social

Y aún así, la oferta sigue muy por debajo de la demanda. De acuerdo con el registro de demandantes de la Xunta, este domingo había 1.810 peticiones de alquiler social en viviendas públicas en el municipio de A Coruña, y otras 732 personas y familias reclamando alquiler con derecho a compra. La gran promesa de vivienda autonómica es la promoción de Monte Mero, donde el Gobierno gallego prevé poner en marcha la construcción de más de 4.300 viviendas que en un 80% serán protegidas o públicas, si bien este proyecto todavía tardará años en iniciar las obras para urbanizar el terreno.

Propiedad autonómica

La Consellería de Vivenda aclara que las fincas, y los edificios que se construyan en ellas, formarán parte del patrimonio de la Administración autonómica. Según indica, el Ayuntamiento está entregando la propiedad de las parcelas, y «no es una concesión en derecho de superficie», con lo que «no está prevista la reversión», es decir, que los bienes vuelvan al Ayuntamiento.

El informe sobre la cesión al que dio el visto bueno esta semana la Junta de Gobierno Local, sin embargo, pone limitaciones a la Xunta. Según indica, las fincas se están entregando de forma gratuita para que el Gobierno gallego construya vivienda de promoción pública, «en beneficio de los vecinos de la ciudad», pero si se incumple este fin «se resolverá la cesión, quedando sin efecto la transmisión de la propiedad», y volverán el erario municipal sin que la Xunta tenga «derecho a indemnización ninguna». Si las parcelas se dejan de emplear para el propósito para el que se cedieron, afirma el Ayuntamiento, las recuperará con «los inmuebles construidos», y lo mismo ocurrirá si se incumplen los plazos de inicio de obras previstos. Vivenda indica que ya ha encargado la documentación del concurso para el proyecto de construcción de los inmuebles.

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