La Xunta interviene en el plan de alquiler social de Xuxán tras la fuga de socios

La Xunta ha solicitado una reunión con el Ministerio de Vivenda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aclarar los términos de la financiación ofrecida a la cooperativa Galivivienda para la construcción de 224 viviendas de alquiler social en Xuxán, después de que varios socios del proyecto inicial se diesen de baja por no poder asumir las condiciones económicas que les presentó la gestora y que todavía no han sido aprobadas por la asamblea.

Cuando los cooperativistas se unieron al proyecto, que les garantiza que podrán vivir durante un máximo de cincuenta años en una vivienda que tenga un precio del alquiler protegido actualmente, sobre los 500 euros—, las condiciones eran más bajas que las que les piden actualmente para seguir. Ahora, después de haber invertido 1.100 euros (y que podrán recuperar inmediatamente si se dan de baja) les piden tal y como publicó este diario la semana pasada, 500 euros más para seguir. El acuerdo inicial era que, una vez les fuesen a entregar los pisos tendrían que desembolsar 13.000 euros y, después, además de la cuota de alquiler, 1.083 euros durante los primeros 35 años y 1.095, al año siguiente.

Galivivienda explica que, para poder acceder a la financiación que les propone el ICO, tienen que ajustar las cuotas, ya que requiere reunir más dinero, así que, a los que quieran seguir —siempre y cuando se apruebe este plan de financiación que Galivivienda defiende como la que mejores condiciones tiene— les piden inmediatamente, 500 euros más de aportación inicial y, desde que se les conceda el préstamo, tendrán que empezar a pagar 225 euros mensuales durante 20 meses. Tras esta aportación, tendrán que hacer frente también a «un máximo de ciento veinte suscripciones y desembolso simultáneo, por importe de 475 euros». Es decir, durante los primeros diez años, tendrían que destinar a una vivienda que nunca será suya, porque pasados los 50 años, la titularidad del terreno volvería a la Xunta, aproximadamente mil euros, 475 euros de esta cuota y unos 500 de alquiler. Unas cifras inasumibles para muchos de los cooperativistas que, tras la reunión de la semana pasada, solicitaron ya la baja del proyecto para recuperar los 1.100 euros invertidos.

Futuros inquilinos de pisos sociales de Xuxán renuncian por la subida de cuotas

Este diario preguntó ayer a la Xunta sobre si se involucraría en el proceso, toda vez que las condiciones que se les presentan a los cooperativistas expulsan a aquellas personas para las que el proyecto fue creado, las que no tienen capacidad económica para hacer frente a la compra de una primera vivienda y a las que, aún teniendo ingresos, se les complica encontrar un alquiler en el mercado libre.

La Xunta ofreció a este diario una respuesta por la tarde, adelantando que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) solicitaría una reunión con el Ministerio de Vivienda y el ICO «para aclarar los términos de la financiación propuesta».

Durante el día de ayer, el IGVS se reunió también con Galivivienda que le explicó lo mismo que ya le había comentado a este diario, que la modificación de las condiciones deriva de la financiación que pretenden obtener del ICO.

«La cooperativa propone que la aportación de fondos propios de los cooperativistas se realice en un período muy superior y el ICO pretende reducirlo, con el consiguiente incremento del importe mensual. Cabe destacar que el ICO firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (publicado en el BOE del 7 de agosto de 2024), que prevé destinar 4.000 millones a financiar viviendas en alquiler accesible», recuerda la Xunta e incide en que «la cooperativa solicitó la financiación a través de este programa y lleva desde el año pasado en conversaciones con el ICO y en gestiones con el Ministerio. Fue la primera cooperativa en solicitar esta financiación», remarca.

Galivivienda se ha puesto en contacto con los cooperativistas para urgirles que tomen una decisión antes del 12 de mayo, que es la fecha fijada para la próxima asamblea, ya que pretende que todos aquellos cooperativistas que no tengan capacidad económica para asumir las condiciones presentadas —y rechazadas la semana pasada en asamblea por 77 votos de los 116 emitidos— se den ya de baja del procedimiento y se queden aquellos que vayan a asumir el plan económico ligado al ICO, para ello les garantizó que recuperarían la inversión inicial sin necesidad de encontrar otro cooperativista que los reemplazase.

El disgusto de los futuros inquilinos de viviendas de alquiler social fue mayúsculo al enterarse de que el proyecto que les prometía un futuro sin mudanzas ni tensiones por encontrar un nuevo hogar les expulsaba por condiciones económicas cuando, en principio, se había presentado para casos como los suyos. Una mujer próxima a su edad de jubilación, por ejemplo, había decidido apoyar a su hijo para que se convirtiese en cooperativista y, de ese modo, que ambos pudiesen vivir en ese piso de alquiler social el resto de sus vidas. Sin embargo, ha tenido que solicitar la baja porque la propuesta presentada es inalcanzable para ellos puesto que tendrían que hacer frente inmediatamente —de aprobarse el crédito con las condiciones que plantea Galivivienda— a las 20 cuotas de 225 euros pagando el alquiler de su vivienda actual a la espera de que se construyan los pisos.

Otros cooperativistas están todavía en el límite y se preguntan qué hacer porque, si bien tienen capacidad económica para asumir esa primera barrera de las 20 cuotas, no saben si podrán afrontar los diez primeros años de alquiler, con un desembolso cercano a los mil euros.