«Nos dicen que somos demasiado pobres para tener un alquiler social»

«Yo tengo dos hijas, estoy divorciada y, ahora, el mercado de alquiler, cada vez, me ahoga más y necesitamos un sitio en el que vivir», dice Irene Medín, que reconoce que tuvo que hacer «muchos números» para dar el paso de meterse en la cooperativa de viviendas de alquiler social en suelo cedido por la Xunta y gestionado por Galivivienda, que prevé levantar 224 pisos en Xuxán.

«Yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer para poder acceder a una vivienda con una renta de precio protegido durante 50 años, puse los 1.100 euros de aportación inicial y, ahora, me dicen que soy demasiado pobre para tener un alquiler social. Es que nos han llegado a decir que, si no tenemos capacidad económica para afrontar estas nuevas condiciones, que nos vayamos, que no seamos egoístas», denuncia Medín que, mientras pueda, va a seguir en la cooperativa para exigir que el proyecto llegue a personas que, como ella, son mileuristas y se merecen una renta protegida. «Con un alquiler de 700 euros y dos hijas, mi capacidad de ahorro es nula, así que, aunque yo sé que este piso nunca va a ser mío, me pareció una buena opción porque tenía unas condiciones a las que podía hacer frente, pero nos las quieren cambiar para que paguemos el doble», denuncia esta mujer.

La Xunta interviene en el plan de alquiler social de Xuxán tras la fuga de socios

«Mi mujer y yo tenemos una hija y vimos que el proyecto lo presentaban en Palexco, con la Xunta, y nos pareció que podía ser una buena solución para nosotros, que hemos vivido siempre de alquiler», relata otro de los cooperativistas que se siente engañado por Galivivienda. «Nos dicen que las condiciones las marca el ICO, pero no nos entregan ningún papel. Nos dijeron que teníamos que hacer un acto de fe», resume este afectado, que quiere seguir luchando. Una mujer próxima a su edad de jubilación con la que ha contactado este diario, sin embargo, había decidido apoyar a su hijo para que se convirtiese en cooperativista y, de este modo, que ambos pudiesen vivir en ese piso de alquiler social el resto de sus vidas. No asistirá ya como cooperativista a la asamblea del 12 de mayo, en la que la gestora prevé aprobar las nuevas condiciones económicas. Ha solicitado el retorno de los 1.100 euros invertidos y quiere pasar página de esta experiencia que la había llenado de ilusión.

Tras la reunión de la semana pasada en la que Galivivienda pretendía que los cooperativistas diesen su visto bueno —de los 116 votos emitidos, 77 fueron en contra— a unas condiciones que les obligarían a pagar casi mil euros al mes durante los diez primeros años de alquiler, este diario preguntó a la Xunta qué hará, ya que los cooperativistas se quejan de que el proyecto que les habían vendido como social les expulsa por tener unos ingresos ajustados.

Cuando los cooperativistas se unieron al proyecto, que les garantiza que podrían vivir durante un máximo de cincuenta años en una vivienda con un precio del alquiler protegido y que ronda los 500 euros, las condiciones eran más bajas que las que les piden actualmente para seguir. El acuerdo inicial era que, una vez les fuesen a entregar los pisos tendrían que desembolsar 13.000 euros y, después, además de la cuota de alquiler, 1.083 euros durante los primeros 35 años y 1.095, al año siguiente.

Galivivienda explica que, para poder acceder a la financiación que les propone el ICO, tienen que ajustar las cuotas, ya que requiere reunir más dinero, así que, a los que quieran seguir —siempre y cuando se apruebe este plan de financiación que la gestora defiende como la que mejores condiciones tiene— les piden inmediatamente, 500 euros más de aportación inicial y, desde que se les conceda el préstamo, que paguen 225 euros mensuales durante 20 meses y, después, durante los primeros diez años, tendrían que destinar a una vivienda que nunca será suya, porque pasados los 50 años, la titularidad del terreno volvería a la Xunta, aproximadamente mil euros, 475 euros de cuota y unos 500 de alquiler. Unas cifras inasumibles para muchos de los cooperativistas que, tras la reunión de la semana pasada, solicitaron ya la baja del proyecto para recuperar los 1.100 euros invertidos.

Este diario preguntó a la Xunta sobre si se involucraría en el proceso, toda vez que las condiciones que se les presentan a los cooperativistas expulsan a aquellas personas para las que el proyecto fue creado y aseguró que se había reunido con Galivivienda y que había solicitado una reunión con el Ministerio de Vivenda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aclarar los términos de la financiación. También el Concello se reunió ayer con los cooperativistas y se ofreció a mediar con la Xunta para «encontrar una solución razonable».

Futuros inquilinos de pisos sociales de Xuxán renuncian por la subida de cuotas

«Drama» es la palabra con la que todos los cooperativistas definen la asamblea de la semana pasada, porque, según iban conociendo los cambios de condiciones veían cómo ese futuro tranquilo en el que no se tenían que enfrentar a la tensión de buscar un nuevo hogar se esfumaba. Hay cooperativistas que han tenido que renunciar a este proyecto, otros, sin embargo, defienden que las condiciones todavía no se han aceptado y que es la asamblea la que tiene poder de decisión, por lo que confían en «luchar hasta el final» para que este proyecto se haga realidad tal y como se lo presentaron.