La Federación de Comercios de A Coruña entra en concurso y se disolverá después de que la Xunta le impute "irregularidades" en las cuentas

La Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) ha entrado en concurso de acreedores y prepara su «disolución», en palabras de su presidente, José Luis Boado, por una reclamación de dinero de la Xunta. Esta le pide la devolución de subvenciones concedidas para una actividad de parques infantiles que realizó la Federación y que considera empleadas indebidamente, y las posibles sanciones que afronta.

El Gobierno gallego afirma que hubo «irregularidades», sin dar detalles, por lo que se reclamó la devolución de las cantidades y se abrió un procedimiento de multa, suspendido hasta ver si hay un «pronunciamiento judicial». La Fiscalía explica que su sección de Delitos Económicos ha abierto diligencias para investigar a la FUCC por «un presunto delito de fraude de subvenciones», tras ser informada por la Xunta, pero por el momento solo se está «estudiando».

Boado explica que la resolución de la Xunta está recurrida y defiende que no hubo actuaciones fraudulentas, sino que el Gobierno gallego concluyó que había «errores administrativos» y señala que la federación calculaba que debería devolver unos 30.000 euros, pero que la Xunta reclama, sumando intereses, 54.800 euros. Viendo la posibilidad de una «multa de mayor cuantía aún», se ha decidido ir a concurso y disolución, pues «no podemos cobrar una subvención del Concello y dedicarla a pagar una deuda, la Xunta no ha negociado pagos aplazados, y no vamos a esperar a que haya una debacle». «No sabíamos que estábamos cometiendo una irregularidad», reitera.

Según el presidente de la FUCC, contrataban varias actividades con la misma empresa que hacía los parques infantiles, como la Noche Blanca o la Navidad de Oza, y esta devolvía «un ratio por contratación», un descuento, que luego «utilizábamos para pagar los parques». La Xunta «considera que hemos utilizado mal las subvenciones» destinadas a estos en los años 2021 y 2022, pues en 2023 «nos dimos cuenta de que no era correcto» y cambiaron de sistema. Pero con el dinero «no se pagaron dietas, ni sueldos a miembros» de la FUCC, que «lo único que nos llevamos fue un montón de trabajo».

El abogado de la FUCC, Iago Blanco, asegura que no hubo «perjuicio económico» para la Xunta, y que los fondos del descuento que se percibió de la empresa «no respondían, y ni siquiera eran, mayoritariamente», de la subvención del Gobierno gallego, que no ha aclarado a este diario cuál es la cantidad que, considera, se entregó y no destinó al uso que se debía. Tampoco aclara el importe de la sanción, que podría rondar los 50.000 euros.

Blanco defiende que no hubo delito, pero si lo hubiese, indica, sería por el artículo 308.4 del Código Penal, que impone penas de prisión de tres meses a un año o multa entre la cuantía recibida y su triple, pero no por crímenes más graves. La opción de ir a concurso de pagos era necesaria para que no se considere que los gestores de la FUCC provocaron la insolvencia de la federación y que se dé un «concurso culpable» en el que se les podrían pedir responsabilidades. Boado insiste en que no hubo mala voluntad, sino «un error de carácter técnico administrativo, la no notificación formal de una reducción de costes», y en que se colaboró con la Xunta para aclararlo. Descarta participar en una reconstrucción de la federación porque ha «sacrificado un montón de años, perdiendo tiempo, pagándome yo los viajes».