La financiación de los pisos de alquiler social de Xuxán, sin cerrar con el ICO

La financiación para la construcción de 224 viviendas destinadas a alquiler social en el barrio de Xuxán no está firmada ni acordada con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según ha confirmado la entidad a este diario, «la operación se encuentra en fase de análisis», es por ello por lo que «no se han cerrado los términos y condiciones de la posible financiación».

Galivivienda, la gestora de la cooperativa, informó a sus socios el 24 de abril de que las condiciones económicas que les habían explicado cuando decidieron entrar en el proyecto tendrían que modificarse para poder hacer frente a las exigencias del plan de financiación del ICO. Esos cambios propuestos —y que recibieron 77 votos negativos de los 116 emitidos en la asamblea— fueron tan drásticos que expulsaron, al menos, a un tercio de los miembros iniciales de la cooperativa, que decidieron darse de baja al no poder hacer frente a las cuotas planteadas. Sin embargo, esa financiación, tal y como ha explicado el ICO, no está ni aprobada ni firmada sino «en análisis».

Futuros inquilinos de pisos sociales de Xuxán renuncian por la subida de cuotas

«El ICO trabaja para impulsar la construcción de vivienda destinada a alquiler asequible en las mejores condiciones, dentro del marco regulatorio que rige sus actuaciones como entidad de crédito. Estamos en contacto con representantes del sector de la construcción con el objetivo de adaptar los programas de financiación a las necesidades que plantean las diferentes tipologías de promociones de vivienda», explican fuentes del instituto de crédito, a las preguntas de este diario sobre si, tal y como plantea Galivivienda, si no se financia el proyecto con el ICO no podrá llevarse a cabo y sobre si la cooperativa podría optar a estas líneas de crédito si, finalmente, las personas que accedan a las viviendas no pueden ser consideradas vulnerables económicamente, porque las condiciones que se les imponen son demasiado altas y expulsan a los que tendrían que ser sus beneficiarios.

«Nos dicen que somos demasiado pobres para tener un alquiler social»

Muchos de los socios de la cooperativa se unieron al proyecto porque les aseguraba que, tras una inversión inicial, podrían tener una vivienda en la que residir sin sobresaltos durante un máximo de 50 años. Es cierto que el piso nunca sería suyo, pero también que el precio de su alquiler estaría regulado —unos 500 euros, aproximadamente— y que no estarían sujetos a eventualidades como que sus caseros les subiesen la cuota de golpe o que los echasen porque necesitan la vivienda. Algunos de los cooperativistas con los que ha podido hablar este diario explicaban que, al ver que la Xunta había cedido el suelo para la construcción de las viviendas —y que volverá a su poder tras esos 50 años— confiaron en el proyecto y que no se esperaban recibir tal revés.

El plan económico, que todavía está vigente, porque los cooperativistas rechazaron su modificación —aunque la gestora intentará que salga adelante en la reunión del 12 de mayo—, establecía que, para entrar, cada uno de los cooperativistas tenía que pagar 1.100 euros y, antes de que se les entregasen las llaves de la vivienda, tendrían que abonar 13.000 euros. A partir de entonces, tendrían que pagar, además de la cuota de alquiler que le correspondiese a cada uno (sobre 500 euros), 1.083 euros anuales durante 35 años y 1.095 euros, al año siguiente.

Un tercio de los cooperativistas de vivienda social de Xuxán, en A Coruña, renuncia por el alza de cuotas: "me compensa una hipoteca"

La gestora les indicó a los cooperativistas en abril que había sido el ICO el que les había obligado a modificar las condiciones anunciadas inicialmente y que, para poder acceder a su financiación que, según el gestor de Galivivienda, Rafael Román, es la «mejor», tendrían que endurecer las aportaciones y apurar los plazos. Su propuesta es que cada uno de los socios aporte 500 euros inmediatamente para seguir en el proyecto, y 225 euros durante los 20 meses siguientes a la firma de la financiación, es decir, tendrán que pagar su alquiler actual y 225 euros por una vivienda en construcción que nunca será de su propiedad. Además, como máximo, durante los primeros diez años, tendrán que hacer frente a una cuota de 475 euros, lo que pondría en unos mil euros al mes el desembolso en la vivienda (cuota más alquiler), una cantidad inasumible para muchos de los que habían puesto sus esperanzas en este proyecto. 

Algunos han decidido recuperar los 1.100 euros y pasar página, otros, sin embargo, abogan por luchar para que las viviendas lleguen a los perfiles para los que fueron pensados, para aquellos que aún teniendo un sueldo, carecen de capacidad de ahorro. Los cooperativistas habían denunciado ya a través de este diario que la gestora del proyecto no estaba siendo transparente y que no les entregaba documentación por escrito de las condiciones de la financiación pactada con el ICO que explicasen el alza de las cuotas, llegándoles a decir que tenían que hacer «un acto de fe». La Xunta ha solicitado una reunión con el ICO y el Ministerio de Vivienda, «para aclarar los términos de la financiación propuesta». El Concello se ha ofrecido a mediar con la Xunta.

Suscríbete para seguir leyendo