El Concello de A Coruña liga la rehabilitación de la cárcel a que sea Lugar de Memoria
El pleno aprueba por unanimidad una moción del PP que insta a la «puesta en uso» del inmueble, además de a acabar las obras del mercado de Monte Alto y abrir el Parque do Vixía
El pleno de A Coruña vota a favor de rehabilitar la antigua cárcel, que sigue sin proyecto y sin acuerdo sobre su propiedad / Casteleiro / Roller Agencia
El Concello ha pedido al Estado que declare varios Lugares de Memoria Democrática en la ciudad, incluyendo la antigua cárcel que albergó a presos políticos del franquismo. Esto, según el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, sería una «palanca muy importante» para rehabilitar el edificio, construido por el Estado en terrenos cedidos por el Ayuntamiento sin que, por el momento, haya acuerdo para que vuelva al patrimonio municipal, plan de usos o presupuesto para reformarla, con estimaciones que calculan unos 30 millones. El PP presentó en el pleno de este jueves una moción, aprobada por unanimidad, que pedía la «rehabilitación y puesta en uso» del inmueble, entre otras mejoras para Monte Alto.
El edil popular Carlos San Claudio acusó al Gobierno local de «no mover un solo papel» para que vuelva al patrimonio municipal, y por parte del Bloque intervino la edil Avia Veira, que reclamó que «se gestione lo que sea necesario para que la cárcel acabe de nuevo en manos del Concello». La enmienda aprobada incluye el «cumplimiento inmediato» del compromiso del Gobierno local de crear el Parque do Vixía y la «finalización urgente» de las obras del mercado del barrio, así como un plan de choque de limpieza, mantenimiento y mejora urbana» del barrio y más policías.
La cárcel lleva sin uso desde 2009. En 2005, el entonces alcalde Francisco Vázquez firmó un acuerdo para que el Estado entregase el edificio al Concello, a cambio de cederle otra parcela y pagarle 1,12 millones de euros, pero los Gobiernos locales del PP y de Marea Atlántica intentaron lograr la reversión gratuita en los tribunales. Después de que el Tribunal Supremo fallara en favor del Estado, el Ejecutivo municipal socialista negoció una devolución pagando 2,3 millones de euros. Defendía que se trataba de un buen acuerdo, ya que el Gobierno central renunciaba a cobrar intereses a los que tendría derecho, pero la oposición lo bloqueó: cuando el asunto fue a pleno, el PP, el BNG y Marea Atlántica, entonces con ediles, pidieron la reversión gratuita.
El Estado fue a juicio para reclamar que se cumpliera el acuerdo de la época de Vázquez, medio millón de intereses, y otro millón por daños y perjuicios. Si no se aceptaba esto, consideraba que el Concello debía pagarle casi 15 millones por el coste de construir el centro de inserción social, su gestión y los gastos de vigilar la antigua prisión. Un juzgado de Primera Instancia declaró nulo el acuerdo firmado en 2005, si bien el Estado recurrió, y el asunto continúa en los tribunales.
Se han planteado muchas propuestas para aprovechar el edificio, desde albergar un centro de interpretación de la Torre a convertirse un parador nacional, pero alguien tiene que pagar la reconversión. El Gobierno local estimó que la obra podría costar en torno a 30 millones de euros, pero ningún gobierno ha publicado un informe con un presupuesto justificado. El Colexio Oficial de Arquitectos calcula un gasto de, al menos, 21,5 millones.
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