La cooperativa de alquiler de Xuxán: con 10 millones en el aire y pendiente de financiación

Los cooperativistas del proyecto que prevé construir 224 viviendas de alquiler social en Xuxán sumaron ayer el apoyo unánime del Pleno del Concello, que votó a favor de que Xunta y Estado se involucren para que este plan se pueda llevar a cabo y que sus beneficiarios sean las personas vulnerables, para las cuales fue concebido.

El Concello aprobó ayer una moción presentada por el PP, pero que fue modificada por el PSOE para que pudiese recabar el apoyo de todos los grupos, también del BNG, y en la que instan a la Xunta a que, como propietaria del suelo en el que están previstas estas viviendas, se dirija al Estado para que haga lo posible por «garantizar la financiación» del proyecto, para que se reúna con los cooperativistas para «conocer de primera mano su situación» y les «ayude a solventar» sus problemas. Le piden también que «ejerza su responsabilidad» para que Galivivienda, la empresa encargada de gestionar la cooperativa, cumpla con los requisitos y que los socios de la entidad puedan ver garantizado el acceso a una «vivienda digna a un precio accesible».

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Los cooperativistas se encontraron en la asamblea del 24 de abril con que el consejo rector les proponía aprobar un cambio en las condiciones económicas, esa modificación, que fue rechazada por 77 votos de los 116 emitidos, suponía que los socios de la entidad tendrían que aportar 500 euros inmediatamente para poder seguir en el proyecto y, después, tendrían que abonar 225 euros durante 20 meses una vez que fuese aprobada la financiación del Instituto de Crédito Oficial. Es decir, tendrían que hacer esa aportación mientras se construyen las viviendas y, a la vez, seguir haciendo frente a sus alquileres. Una vez entregadas las viviendas, el consejo rector les proponía el pago de, además de la renta mensual —de unos 500 euros, aproximadamente—, un máximo de 120 cuotas de 475 euros, por lo que tendrían que invertir cerca de mil euros al mes durante los primeros diez años en unas viviendas que no serán de su propiedad, ya que la cesión del suelo es por 50 años. Tras ese periodo, volverá a la Xunta.

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Esas condiciones difieren mucho de las que todavía siguen vigentes, al menos hasta la asamblea del 12 de mayo. Cuando los cooperativistas se unieron al proyecto lo hicieron aceptando el pago de 1.100 euros iniciales y con el compromiso de entregar 13.000 euros antes de que se les diesen las llaves. Después de recibirlas, además de la renta anual, se comprometían a pagar 1.083 euros anuales durante 35 años y 1.095 euros, al año siguiente.

En el debate de la moción, el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, incidió en que, tal y como avanzó este diario, el ICO todavía no había cerrado la financiación de este proyecto, por lo que la modificación de las condiciones económicas no está directamente ligada a un crédito firmado. «El quid de la cuestión puede estar en otro lado, en los 10 millones de euros de fondos europeos que otorgó el Estado a esa cooperativa y que se van a perder por una mala gestión de la gestora de la cooperativa en la gestión de las licencias», relató el edil, que abundó en que, si no se había concedido antes el permiso de obra fue porque la cooperativa no había «pagado ni el aval ni las tasas de tramitación de las licencias» y que, por eso, llevaban «un año paradas». «En ese año, trasladé tanto al Instituto Galego de Vivenda e Solo como a la gestora de la cooperativa mes tras mes esta situación. A día de hoy es absolutamente imposible que cumplan con los plazos de los fondos Next Generation para mantener esa ayuda de 10 millones que el Estado les ha entregado a fondo perdido para poder hacer viable esa promoción», relató Díaz Gallego, que apuntó además, a que Galivivienda estaba «ocultando a los cooperativistas que iba a perder esa subvención» y que lo que estaba haciendo con el cambio de las condiciones económicas era, en realidad, imputarle esa cantidad a los socios.

Díaz Gallego contrapuso la situación de Galivivienda con la de otra cooperativa, en el mismo régimen, que obtuvo la licencia «en tres meses» y que está ya construyendo. «El problema no está en las Administraciones públicas sino en cómo se está gestionando. Estas cesiones de superficie, la voluntad que tienen es la de repartir costes y beneficios en 50 años y que sea viable la promoción y me temo, por las cuentas que nos han podido aportar los cooperativistas, que alguien pretende enriquecerse a los diez años», sentenció el concejal de Urbanismo.

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Galivivienda

Una vez aprobada la moción por unanimidad, este diario se puso en contacto con el gerente de Galivivienda, Rafael Román, que, como los demás miembros del consejo rector pondrá su cargo a disposición de la asamblea el próximo 12 de mayo, tal y como adelantó ayer LA OPINIÓN, para conocer su versión de los hechos. «La cooperativa le presentó los cuatro proyectos de licencia y les pedimos que nos la tramitasen, ya que era un proyecto social, sin necesidad de pagar las tasas, nos dijeron que sí y, cuando tenían las licencias preparadas para llevarlas a aprobación, pagamos las tasas», explicó Román, que aclaró que el importe, que supera los 200.000 euros, se abonó en «marzo». Primero, se dieron dos permisos, el tercero llegó un poco más tarde, porque estaba pendiente de un informe de Bomberos, pero que se acabó concediendo y, el último está todavía sin aprobar porque falta un informe de Patrimonio. Román incidió también en que el Concello les había girado el Impuesto de Construcciones, Infraestructuras y Obras (ICIO) y que había presentado el aval, aunque «en este punto no es necesario».

Sobre la posible pérdida de los 10 millones de euros de los fondos europeos, Román indica que, si bien uno de los requisitos es que las obras estén finalizadas el 30 de junio de 2026, «todo el mundo cuenta, en la Xunta y en el Ministerio de Vivienda, con que habrá una prórroga de los fondos europeos» porque en otras ocasiones así ha sucedido.

Sobre si, finalmente, este proyecto llegará, por ejemplo, a mileuristas, que es para el estrato económico para el que fue concebido, Román tiene claro que «saldrá adelante con el préstamo del ICO y con todas las personas que no se quieran ir voluntariamente».

Galivivienda defiende que la financiación se cerrará entre este mes y el que viene. «Está tan avanzado que solo está pendiente de elevar al comité de riesgos y de ahí, al órgano que lo concede», resumió Román, que espera recibir el «sí» del ICO en las próximas semanas.

Si finalmente llega la financiación, la cooperativa podrá modificar las condiciones económicas si así lo aprueba. «El ICO nunca ha exigido que los socios pongan 475 euros al mes, lo que el ICO dice es que, la cooperativa, como empresa que es, tiene que tener previstos recursos por si se les dan determinadas hipótesis. Es más probable que yo mañana me vaya a vivir a Australia a que se produzcan», resumió Román, sin negar que, efectivamente, se podrían dar y que esos pagos se tuviesen que abonar.

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