Cooperativistas de Xuxán: «Este es un modelo fallido, somos prestamistas de la Xunta»

Algunos de los cooperativistas del proyecto de alquiler social que prevé construir 224 viviendas en Xuxán para que puedan ser ocupadas por familias durante 50 años a un precio protegido se enfrentan a la asamblea general de hoy con el convencimiento de que el modelo público-privado es «fallido» y que, a pesar de lo que les dijeron meses atrás, cuando decidieron unirse a esta promoción, «no es posible» el alquiler social si las administraciones no se involucran y velan por el buen funcionamiento de las cooperativas.

Desde que el pasado 24 de abril los socios de la cooperativa se encontraron con que el consejo rector les proponía un cambio en las condiciones económicas que las hacían inalcanzables para muchos de ellos y que salieron rechazadas en la asamblea por 77 de los 116 votos emitidos, se han movido muchas cosas en el proyecto. Tantas que inmediatamente después de la asamblea, hasta un tercio de los asociados solicitaron pedir los 1.100 euros que habían aportado y olvidarse de este proyecto para siempre. A día 10 de mayo, según los datos aportados a los socios por Galivivienda, a poco más de 24 horas de la celebración de la asamblea general, 84 de los cooperativistas había solicitado desvincularse de la promoción, aunque doce de ellos se lo han pensado mejor y han solicitado su reingreso.

Si en la asamblea del 24 de abril el consejo rector planteaba que había sido el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que había obligado a endurecer las condiciones económicas, tras las informaciones publicadas por este diario y las aclaraciones formuladas por las instituciones involucradas, está claro ya que el ICO no ha cerrado todavía ninguna línea de crédito para este proyecto, que pretende construir 224 viviendas en cuatro parcelas cedidas por la Xunta para alquiler social. También que el Ministerio de Vivienda le ha concedido una subvención de 10 millones de euros que está supeditada a que los inmuebles estén construidos el 1 de julio de 2026, y que es altamente improbable que estén acabados, ya que una de las parcelas carece todavía de licencia municipal.

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En un correo electrónico enviado a los cooperativistas, el consejo rector propone modificar las condiciones económicas pero para que se parezcan más a las iniciales y menos a las que habían defendido como inamovibles hasta ayer por la mañana y que expulsaban directamente a todas aquellas familias mileuristas, porque suponían ingresar 500 euros más inmediatamente para seguir en la promoción y, después, 20 cuotas de 225 euros mientras se construye el edificio y hasta un máximo de 120 cuotas de 475 euros, además del pago del alquiler que le corresponda a cada uno de los inquilinos. En la práctica, eso supondría un desembolso de aproximadamente mil euros mensuales durante diez años, algo inasumible para unos beneficiarios de un alquiler social.

La propuesta que Galivivienda pondrá sobre la mesa esta tarde será la de «elevar el capital social total al máximo de 63.000 euros en lugar de los 53.000 euros previstos»; de modo que se mantengan las 20 cuotas de 225 euros durante la ejecución de los inmuebles; que antes de la entrega de llaves se aporten 8.000 euros más y que, durante los 36 años siguientes, se desembolse un máximo 1.361 euros anuales.

Con este planteamiento, el consejo rector confía en que el ICO acabe dándole los 36 millones de euros que necesita para la financiación de estas 224 viviendas. Galivivienda defiende que este plan económico «difiere muy poco del actual», en tanto que divide los gastos en casi 40 años y no en poco más de una década, sin embargo, sigue obligando a los cooperativistas a hacer aportaciones mensuales a la vez que tienen que pagar su alquiler actual, ya que les obliga a adelantar 6.000 euros antes de que las viviendas estén construidas.

En esa comunicación, Galivivienda les indica que tiene una reunión pactada con el ICO el 20 de mayo y que están «convencidos de poder hacerles ver al director general del ICO que esas aportaciones en diez años son totalmente innecesarias y, además, inasumibles para muchos socios».

Los cooperativistas que no están de acuerdo con la manera de proceder de la gestora se reunieron ayer, a petición de este diario, delante de las parcelas en las que están proyectadas las que podrían ser sus viviendas durante los próximos 50 años para compartir sus puntos de vista. Todos ellos están de acuerdo en que se sienten «engañados y estafados» por la gestora de la cooperativa y reclaman «tiempo» para que las reuniones que han mantenido tanto con la Xunta como con el Concello y el Ministerio de Vivienda den sus frutos. Incluso, para que el ICO acabe de estudiar la documentación aportada sobre el proyecto y tome una decisión sobre el mismo.

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«Este es un modelo fallido. Se ha demostrado que la colaboración público-privada, de este modo, no funciona. Ahora mismo, tenemos todas las obligaciones de un propietario pero ninguno de sus derechos», decía ayer uno de los asistentes a la reunión, que insistía en que, si finalmente la cooperativa perdía los diez millones de la ayuda europea porque no se conseguía una prórroga de los plazos —un escenario que sus interlocutores dan como probable, aunque no es seguro—, el préstamo que tendría que conceder el ICO pasaría de 46 millones y que convertiría en «inviable» un proyecto de alquiler social con esta fórmula de colaboración.

«Ahora mismo somos los prestamistas de la Xunta, le estamos dando dinero para que ellos tengan 224 viviendas dentro de 50 años», denunciaba otro de los afectados, que ponía el foco también en que, si finalmente, las cuentas no daban para que los beneficiarios de las viviendas sean familias con renta bajas, la Xunta debería revertir los terrenos y buscar otra fórmula porque, si no lo hacen, los pisos serán «ocupados por quienes no los necesitan». «Es muy injusto lo que nos han hecho, les han dado las parcelas sin saber si el proyecto de alquiler social era viable y a nosotros nos captaron con un plan irreal», se lamentaba otra socia.

Otro de los puntos que tiene en vilo a los cooperativistas es el relativo a la subrogación de la cooperativa aprobada en marzo, ya que los socios pasaron de una entidad existente a otra nueva, en teoría, porque eso les facilitaría el acceso a la financiación. Según la información facilitada antes de la reunión, solo los socios que estén a favor del nuevo plan de viabilidad serán titulares de los derechos de suelo y de la condición de promotores, algo que infringe el acuerdo alcanzado en marzo.

Sea cual sea esta tarde el resultado de la asamblea, los cooperativistas tienen claro que quieren luchar por mantener el espíritu social del proyecto, el que les garantizaba un futuro sin sobresaltos en el tema de vivienda.

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