Los cooperativistas de alquiler social de Xuxán, a la espera del crédito

Tensa asamblea de los cooperativistas del proyecto de alquiler social que pretende construir 224 viviendas (con garajes y locales comerciales) en Xuxán en cuatro parcelas cedidas por la Xunta. Los ánimos llegaban caldeados porque la gestora, Galivivienda, después de intentar modificar las condiciones económicas el 24 de abril para endurecerlas y provocar que más de ochenta personas solicitasen la baja de la entidad, enviaron este domingo por la mañana otro plan de pagos un poco más ajustado y más parecido al que los cooperativistas habían aceptado cuando se unieron al proyecto hace ya un año.

Tras casi cuatro horas de asamblea a la que asistieron aproximadamente un centenar de personas, entre ellas cooperativistas con voz y voto, pero también acompañantes, los presentes decidieron no votar ninguno de los puntos del orden del día, ni siquiera el tercero, en el que los miembros del consejo rector ponían sus cargos a disposición de la asamblea para ser relevados por otros integrantes de la cooperativa. Al no presentarse ninguno de los socios para ocupar esas posiciones, los gestores de Galivivienda se mantuvieron en sus puestos.

Con esta decisión, lo que los socios acordaron de facto fue esperar a que la gestora mantenga la reunión que tiene pendiente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el 20 de mayo y, después, cuando se supone que se cerrarán las condiciones del préstamo que financiará el proyecto, votar si pueden asumirlas o no. El consejo rector proponía a los socios que respaldasen la propuesta que les habían enviado tan solo unas horas antes por correo electrónico para, según explicaron, «tener más fuerza» para negociar con el ICO y, una vez aprobado el crédito, cambiarlas.

Cabe recordar que los cooperativistas veían en esta fórmula de colaboración público-privada, una manera de acceder a una vivienda estable sin necesidad de meterse en una hipoteca y de poder contar con un alquiler regulado durante los próximos 50 años. Así que, entre los cooperativistas, hay jóvenes con empleos precarios, personas que fueron propietarias y que ahora ya no lo son y familias que necesitan un hogar estable, pero que tienen muy poca capacidad de ahorro.

Cuando se unieron al proyecto, las condiciones que les propuso Galivivienda se resumían en que tenían que pagar 100 euros para entrar en la cooperativa, 1.000 para elegir vivienda y, antes de la entrega de las llaves, 13.000 euros. Una vez empezasen a residir allí, además del alquiler mensual, tendrían que pagar 1.083 euros anuales durante los primeros 35 y 1.095, al año siguiente. Estas condiciones son las que siguen vigentes, ya que no se ha aprobado ninguna modificación.

El consejo rector y una pequeña parte de los asistentes a la asamblea proponían que los socios respaldasen una propuesta a medio camino entre la inicial y la que ya había salido rechazada en asamblea el 24 de abril (la aportación inmediata de 500 euros, 20 cuotas de 225 euros mientras se construyen los edificios y el pago de un máximo de 120 cuotas de 475 euros más el alquiler). La propuesta que no se votó y que la gerencia de Galivivienda defendía como una garantía para conseguir la financiación del ICO, exigía el pago de 500 euros en los próximos días, las mismas 20 cuotas de 225 euros, el pago de 8.000 euros antes de la entrega de llaves y cuotas de 1.361 euros anuales durante 36 años, además del alquiler. «Con el respaldo de la asamblea, nosotros le podemos decir al ICO que los socios asumen estas condiciones», reiteraba ayer le gerente de Galivivienda, Rafael Román, en una asamblea que tenía como fondo una recreación de uno de los edificios y el lema: «Vivir como un propietario pagando un módico alquiler».

No votando ningún punto del orden del día, los socios esquivaron que todos aquellos que no diesen su apoyo al plan de viabilidad se quedasen fuera de la cooperativa que tiene los derechos de explotación del suelo cedido por la Xunta.

Los desencuentros empezaron antes de que se entrase en el orden del día, cuando el consejo rector les planteó a los cooperativistas que decidiesen si dejaban votar a las personas que habían solicitado la baja y se habían arrepentido. Se dio una situación absurda, cuando el acompañante de una socia se postuló para presidir la asamblea y fue sustituido por otra cooperativista que no quiso dar su nombre. Esto y la ausencia de un notario derivó en que varios socios solicitasen la impugnación de la asamblea.

A pesar del batiburrillo inicial, algunas cosas quedaron claras en la reunión, como que Galivivienda considera «una obviedad» que los edificios no van a estar acabados el 30 de junio de 2026, la fecha a la que está condicionada la ayuda de 10 millones de euros de fondos europeos. «De los proyectos financiables con la ayudas europeas, el 80% no va a estar terminado. La petición que va a hacer España es que se prorroguen los plazos. Si nos ponemos en el peor de los casos, que nos da el préstamo el ICO, nos dan la ayuda, la invertimos y no se prorroga, ningún socio va a tener que hacer frente al retorno de esas ayudas. La Xunta, que es la que ha recibido la ayuda, tendrá que entenderse con el Ministerio», aseveró Román.

Fuentes del Ministerio de Vivienda consultadas por este diario indicaron ayer que la principal preocupación del Gobierno es «garantizar el carácter social del modelo de viviendas de Xuxán» y alertaron a la Xunta de «la necesidad de que esta licitación no se convierta en una cooperativa de inversores» y que pierda, de este modo, su carácter social.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se reunirá hoy con los cooperativistas afectados por los retrasos que está sufriendo este proyecto, y que suponen que muchos de ellos se sientan, tal y como indicaron en la asamblea y a este diario, «estafados» y «decepcionados». Algunos, incluso, sienten que este es «un modelo fallido».

En el mismo sentido se expresó ayer la portavoz del BNG en el Parlamento galego, Ana Pontón, que tildó de "estafa" y "timo" el modelo propuesto por la Xunta para dotar de vivienda de alquiler social a la ciudad.