La Xunta respalda la última propuesta de cuotas de la cooperativa de Xuxán, que reparte los pagos en 36 años
Algunos de los socios consideran esta opción intermedia entre la inicial y la de abril «un mal menor» | Mantiene el alza de 10.000 euros para acceder a un piso social, y advierten de que excluirá a los que no puedan permitírsela | Incluye también pagos durante la construcción de los inmuebles

Reunión de Allegue con algunos de los cooperativistas, este martes. | La Opinión
Los cooperativistas de Alquiler 50, que promueve la construcción de 224 pisos sociales en fincas cedidas por la Xunta en Xuxán, reclaman que se mantengan las condiciones que hicieron que se uniesen al proyecto y rechazan las modificaciones del plan de pagos propuestas por el consejo rector. Una de ellas, la más agresiva, fue rechazada por 77 de los 116 votos emitidos en la asamblea del 24 de abril y provocó que hasta 80 socios renunciasen a seguir en la cooperativa. La segunda, a medio camino entre las condiciones iniciales y las propuestas de abril, no fue ni siquiera votada en la asamblea de este lunes, a la espera de que la gestora, Galivivienda, se reúna con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El 24 de abril, los cooperativistas se encontraron con que la gestora les proponía un cambio en las condiciones que hacían que tuviesen que desembolsar inmediatamente 500 euros para seguir en el proyecto y que tuviesen que abonar 225 euros al mes durante los 20 meses que está prevista la construcción de los inmuebles, después, proponía un máximo de 120 cuotas de 475 euros. Lo que, en la práctica, suponía un desembolso mensual de unos mil euros (aproximadamente 500 de alquiler y 475 de cuota) en unas viviendas que nunca serán suyas, ya que el suelo volverá a la Xunta tras los 50 años de concesión. El consejo rector culpaba de este cambio al Instituto de Crédito Oficial (ICO), aunque este órgano, dependiente del Estado, tal y como adelantó este diario, indica que no hay una propuesta cerrada. Galivivienda presentó este domingo un nuevo plan de pagos intermedio, y que se llevó a la asamblea del lunes, que proponía aumentar la suma a abonar inicialmente, pero la reparte en el tiempo, y, según los cooperativistas que se reunieron este martes con la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, la Xunta respalda esta opción.
Originalmente, los cooperativistas deberían pagar 53.000 euros para financiar la construcción de las viviendas, además del alquiler, en torno a los 500 euros, que deben abonar cuando entren. En el plan aprobado, se pagaban 1.100 euros para entrar en el proyecto, otros 13.000 antes de la entrega de llaves, y, una vez en el piso, el alquiler y algo menos de 1.100 euros anuales durante 36 ejercicios. En abril, la gestora afirmó que la aportación subía a 63.000 euros, y que habría que poner 500 euros adicionales inmediatamente, 225 euros de cuota durante 20 meses antes de entrar en el piso y, después, un máximo de 120 cuotas mensuales de 475 euros.
Según un cooperativista presente en la reunión, Allegue afirmó que la opción de abril «no se iba a permitir» y que se plantearían medidas como revertir el suelo a la Xunta. Pero sí dio por hecho que se produciría el aumento de 10.000 euros en la aportación, «por la subida de la construcción» y un incremento de ocho millones en el presupuesto de la obra. Así, insiste la misma fuente, la Xunta defenderá la propuesta de la gestora en una reunión que ha pedido con el Estado, el ICO y Galivivienda, que, en vez de concentrar pagos en diez años, los extenderá a lo largo de 36, en cuotas de 1.361 euros anuales.
Pero esta nueva propuesta todavía tiene que ser aceptada por el ICO (que se reunirá con Galivivienda el próximo martes) y por los cooperativistas, que este lunes acordaron, en asamblea, no votar las nuevas condiciones que propone Galivivienda mientras no se conozcan los términos definitivos del préstamo. Este nuevo plan de pagos «tiene opción de salir, sobre todo viniendo de la barbaridad» de la opción que se presentó en abril, pues esta «ha conseguido asustar a la gente». Pero, aunque la nueva opción es un «mal menor» a algunos cooperativistas se les podría hacer imposible, pues exige el pago de 500 euros en los próximos días y el abono de 20 cuotas de 225 euros mientras se construyen las viviendas, sumadas a su alquiler actual, pondrán a algunos en «pagos de mil euros». Además, antes de la entrega de llaves, tendrán que hacer frente a 8.000 euros y, durante 36 años, a una cuota anual de 1.361 euros anuales.
La Xunta ha emitido un comunicado afirmando que la «situación insólita e inaceptable» que viven los cooperativistas es responsabilidad del Gobierno central. La Xunta, defiende Allegue, pide al ICO flexibilizar la financiación, no va a «permitir este tipo de desmanes» y pedirá información sobre los préstamos ICO, «porque Galicia no obtuvo ni un euro de este programa» que cuenta con 4.000 millones de fondos europeos y otros 2.000 millones estatales. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, pidió concretar la financiación el martes.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han indicado, a preguntas de este diario, que este año, que ha sido cuando se han empezado a firmar los préstamos de esta línea de crédito, se han cerrado 58 proyectos con una financiación que asciende a los 715 millones de euros para la construcción de 6.119 viviendas.
«Pelota» entre gobiernos
Mientras, el Ejecutivo central y el local ponen la pelota en el tejado de la Xunta. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, afirmó que la Administración central se coloca «al lado de los cooperativistas» para que consigan «vivienda social y a precio asequible», por lo que reclama a la Xunta de Galicia, que «es competente en esta materia» que aclare lo ocurrido, que es «ajeno» al ICO.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, manifestó su «apoyo a los cooperativistas» pero afirmó que el Ayuntamiento solo puede «intermediar» ante los «costes inasumibles» que sufren los cooperativistas. «La Xunta tiene que asumir sus responsabilidades, cambiar el modelo si no funciona y darles una respuesta y una certeza», reclamó. En el pleno de la semana pasada, el concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, defendió que el proyecto de los pisos lleva un año parado porque la cooperativa no había pagado antes «ni el aval ni las tasas de tramitación de las licencias» y pronosticó que va a perder, por «una mala gestión de la gestora», diez millones de euros de la UE para hacer los edificios. De hecho, de las cuatro parcelas que tiene Galivivienda para construir, solo tres cuentan con licencia municipal y los inmuebles deberían estar rematados el 30 de junio de 2026 para poder justificar esa ayuda.
Los cooperativistas, que ya se han reunido con el Estado, la Xunta, el Ayuntamiento, el PP y el BNG, señalan que «siempre» se han «sentido entendidos, apoyados», pero añaden que «soluciones reales todavía no tenemos ninguna». «La más cercana es esta», la que ha presentado Galivivienda y apoya la Xunta, pero «todavía es aire», depende de reuniones que tienen que producirse en el futuro, y «no hay nadie que plantee una solución real». «Acabamos siendo una pelota» entre Administraciones, resumen.
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