El Ministerio afea a la Xunta que quiera excluir a los cooperativistas de Xuxán de una reunión sobre sus pisos sociales

El Ministerio de Vivienda ha contestado a las cartas enviadas por la conselleira de Vivenda para tratar la evolución del proyecto de Galivivienda en Xuxán, donde la cooperativa pretende construir 224 pisos de alquiler social (con garajes, trasteros y bajos) en cuatro parcelas cedidas por la Xunta durante 50 años. En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, el ministerio afea a María Martínez Allegue que, en su última comunicación intente dejar fuera a los "principales afectados" de los retrasos que se están produciendo en esta promoción, de una eventual reunión en la que solicitaba que participasen miembros del Ministerio de Vivienda, del Instituto de Crédito Oficial y la gestora, pero no los que han invertido su dinero para que este proyecto salga adelante. "Esos ciudadanos son los principales perjudicados de las actuales discrepancias existentes", señala el ministerio, que mantiene, desde el 9 de mayo "un cauce de comunicación permanente" con los cooperativistas.

Esta contestación a las cartas enviadas por la Xunta llega dos días después de la asamblea general que mantuvieron los socios de Galivivienda y en la que decidieron no votar la última propuesta económica que les enviaron, a la espera de que el consejo rector mantenga una nueva reunión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se celebrará el día 20. Espera que, entonces, aclare cuáles son los términos en los que se concede, si es que así lo hace, el préstamo de 36 millones de euros que la entidad necesita para levantar sus cuatro edificios. En la asamblea, el gestor de Galivivienda, Rafael Román, ya especificó que solicitaba la aprobación del nuevo plan de pagos que, entre otras cosas, aumenta el capital que tienen que aportar los cooperativistas de 53.000 euros a 63.000, para "tener más fuerza para negociar" con el ICO y para decirle que esas eran las condiciones que los cooperativistas estaban dispuestos a asumir. Y es que, tal y como adelantó este diario, el ICO tiene este proyecto "en estudio", por lo que el ente gubernamental no ha sido la que ha impuesto el cambio de las cuotas a satisfacer, sino que lo ha hecho la gestora en dos ocasiones, en la asamblea del 24 de abril, en una propuesta que fue rechazada, y el pasado lunes, con un plan económico (a medio camino entre el inicial y el de abril) que ni siquiera se llegó a votar.

Los cooperativistas de alquiler social de Xuxán, a la espera del crédito

Fuentes de la Xunta consultadas ayer por este diario incidieron en que su intención es reunirse con el Ministerio de Vivienda y con el ICO para lograr que se "flexibilicen" las condiciones y que los cooperativistas puedan acceder a estas viviendas. Aseguró, además, que "en ningún caso permitirá que se exceda de las mensualidades estipuladas", pero sin aclarar cuáles serán sus acciones si, finalmente, la gestora no vuelve a las condiciones de pago iniciales.

Los cooperativistas reclaman que se siga el plan económico inicial, el que les presentaron hace un año y por el que se decidieron a unirse a este proyecto. Es decir, el pago de 1.100 euros para ser cooperativista y elegir piso; el abono de 13.000 euros antes de la entrega de llaves y, después, cuando residan en el inmueble, que paguen el alquiler (de unos 500 euros) y 1.083 euros al año durante 35 años y 1.093, el año 36. Y que no se tengan en cuenta las otras propuestas formuladas por la gestora y que no tienen el apoyo de la asamblea pero que, aún así, provocaron que hasta un tercio de los cooperativistas decidiesen solicitar la baja, al entender que no podrían hacer frente a los pagos que les proponían.

El ministerio aclara a la Xunta en la carta algo que ya dijo también Román en varias ocasiones, que no es el ICO el que impone las cuotas que ellos llevaron a las asambleas, sino que son propuestas que ellos plantean para llevarlas al ICO con el objetivo de demostrar su solvencia y para "convencer" a la entidad de que les conceda el préstamo.

"El acceso a la financiación, en ningún caso, es causante de las condiciones que la gestora pretende imponer a los cooperativistas", explica en la carta el ministerio, y detalla que, desde que se pusieron en marcha la línea de préstamos y avales del ICO, en julio de 2024, "hay aprobadas y en estudio 114 operaciones, por valor de financiación de 2.300 millones de euros", que es "más de la mitad del presupuesto disponible, para la construcción de 18.200 viviendas en alquiler social o asequible para la ciudadanía". "No resulta comprensible culpar al ICO de dicha situación", asevera.

El 24 de abril, en la asamblea que indignó a los cooperativistas, que se quejaban de que las condiciones que pretendía aprobar Galivivienda no estaban ajustadas a economías mileuristas, la propuesta de pagos era, además de los 1.100 euros ya invertidos, que se entregasen inmediatamente 500 euros para seguir en el proyecto y que, una vez concedida la financiación, abonasen 20 cuotas de 225 euros (durante la construcción de las viviendas), lo que les obligaría a hacerles frente junto a su renta de alquiler habitual. Tras la entrega de las viviendas, tendrían que pagar un máximo de 120 cuotas de 475 euros, además del alquiler. Esta propuesta, que incrementa el capital de 53.000 euros a 63.000 fue rechazada por 77 de los 116 votos emitidos.

Tras la estampida de socios, ya que más de ochenta solicitaron la baja en los días posteriores a la reunión, la gestora propuso otro plan de pagos a medio camino entre el aprobado y el rechazado, con, de nuevo, la entrega inmediata de 500 euros y 20 cuotas de 225 euros (durante la construcción de las viviendas), justo antes de la entrega de llaves tendrían que poner 8.000 euros y pagar una cuota anual de 1.361 euros durante 36 ejercicios. Esta propuesta no llegó, siquiera, a someterse a votación.

El ministerio aclara que Galicia ha recibido 59 millones de euros para construir 1.208 viviendas destinadas a alquiler asequible, entre ellos, los 10 millones de fondos europeos concedidos a Galivivienda para estos 224 pisos, "y cuyas condiciones se recogen" en un acuerdo firmado entre las partes el 19 de diciembre de 2023. "Dicho acuerdo contempla los precios máximos en el alquiler (340 euros al mes por una vivienda de 70 metros cuadrados de superficie útil) y establece la obligación de que las obras estén finalizadas antes del 30 de junio de 2026. Eso no pasará en el caso de Xuxán, tal y como avanzó Román en la asamblea, toda vez que una de las cuatro parcelas carece todavía de licencia municipal.

"La mejor manera de preservar los intereses de los afectados es respetar los términos de ese acuerdo y confiamos en que la Xunta cumpla sus compromisos, igual que lo ha hecho el Gobierno de España, velando, al mismo tiempo, por que la gestora cumpla con las condiciones de la correspondiente licitación", incide el ministerio, que urge a encontrar una solución para que los cooperativistas puedan acceder a una vivienda digna.

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