El ‘pecado original’ del concurso de Xuxán

Los cooperativistas de alquiler social de Xuxán llegan hoy a un nuevo hito en su lucha por conseguir una vivienda digna y accesible. La gestora de su cooperativa, Galivivienda, se reúne con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una vez más, para intentar conseguir financiación para el proyecto al que se unieron hace más de un año y que les prometía que, en julio de 2026, podrían acceder a uno de los 224 pisos que se erigirían en suelo cedido por la Xunta.

Cuando se unieron al proyecto, sabían que tendrían que hacer un esfuerzo económico para poder hacer frente a los pagos que este modelo público-privado les requería, pero consideraban que merecía la pena, si con ello, se garantizaban un horizonte de casi medio siglo en el que nadie les subiese el alquiler de forma abusiva o les sorprendiese un día diciéndoles que iban a vender el piso en el que habían construido su futuro. Los más de 200 socios que decidieron dar el paso y abonar los 1.100 euros que les convertían en cooperativistas de pleno derecho con vivienda adjudicada pensaban que, en un proceso con 10 millones de fondos europeos, suelo de la Xunta y una posible financiación del ICO, todo iría bien, pero un año después han ido descubriendo que nada va como esperaban.

Echando la vista atrás y comparando con otros proyectos que han salido adelante sin tantas trabas, el concurso realizado por la Xunta ofrece ya dudas. A diferencia de otras administraciones, la gallega primaba el modelo de derecho de superficie para viviendas en alquiler sobre otras propuestas y otorgaba más puntuación a quienes se comprometiesen a devolver lo antes posible los terrenos a la Xunta (los fondos europeos exigen un mínimo de 50 años, los mismos que puso Galivivienda en el concurso).

En ese punto fue en el que esta firma consiguió adelantar a todos sus competidores —a pesar de que su propuesta no era la mejor valorada en los otros criterios— y convertirse en la adjudicataria de las cinco parcelas que la Xunta había sacado a concurso —actualmente solo explota cuatro, ya que una se la cedió a la cooperativa A Luzada, que está ya en fase de construcción—.

Otros pliegos de condiciones elaborados para el mismo fin —facilitar el acceso a una vivienda a colectivos vulnerables, como pueden ser familias mileuristas, jóvenes con ingresos pero sin capacidad de ahorro y personas mayores a las que un banco no les concedería una hipoteca— premiaban que el alquiler protegido excediese el mínimo exigido, por lo que hay proyectos que blindan el precio durante 75 o más años.

A pesar de que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, defiende ahora que no va a permitir que se «desvirtúe» el proyecto social en Xuxán, tampoco dice cuáles serán los pasos que dará la Xunta si, finalmente, Galivivienda no consigue financiación del ICO para sus cuatro edificios. En este punto, cabe destacar que falta una de las licencias por conceder, según ha comentado el gerente de Galivivienda, Rafael Román, porque falta un informe de patrimonio.

El consejo rector de Galivivienda propuso en dos ocasiones a la asamblea cambiar el plan económico para «tener más fuerza para negociar con el ICO», aunque ninguno de ellos salió adelante. El del 24 de abril, que les exigía a los cooperativistas 500 euros inmediatamente, el pago de 20 cuotas de 225 euros mientras se construían los edificios y un máximo de 120 pagos de 475 euros además del pago del alquiler (de unos 500 euros) para hacer frente a eventualidades como que hubiese pisos libros o que no se alquilasen los bajos comerciales, fue rechazado.

El más reciente y que no se llegó a votar, fue el del 12 de mayo —a medio camino entre el inicial y el de abril—. Entonces, les proponían a los cooperativistas que aprobasen el pago inmediato de 500 euros, las 20 cuotas de 225 euros una vez concedida la financiación, el abono de 8.000 euros antes de la entrega de llaves y, después, 1.361 euros al año durante 36 ejercicios. No es que el ICO obligue a esos pagos, sino que la gestora les pedía a los socios su respaldo a este plan para decirle al ICO que estaban dispuestos a hacer estos abonos en caso de que las cuentas no fuesen bien. Actualmente, el plan económico que está aprobado prevé que los cooperativistas pongan 53.000 euros de capital social, en lugar de los 63.000 que calcula Galivivienda que serán necesarios. Inicialmente, los cooperativistas habían accedido a pagar 13.000 euros antes de la entrega de llaves y, durante 36 años, además de su alquiler correspondiente, una cuota de menos de 1.100 euros anuales.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, insistió ayer en poner el foco en el ICO, a pesar de que no está cerrado el crédito y de que habrá hoy una reunión para avanzar en este tema. «El precio del alquiler está tasado y no puede subir, lo que se está incrementando es el importe de la garantía que pide el ICO, que reduce el plazo de aportación de los 36 años iniciales a diez años, lo que le pedimos al Ministerio de Vivienda es que esas condiciones del préstamo ICO no interfieran en los precios accesibles. No vamos a permitir, bajo ningún concepto, que esas garantías desvirtúen los importes de alquiler asequible», comentó ayer Allegue, sobre un crédito que todavía no se ha concedido. Ni una palabra dijo, sin embargo, de que la gestora intentase, en la pasada asamblea, que solo los que votasen a favor del nuevo plan económico formasen parte de la cooperativa que tiene los derechos de explotación del suelo. Y es que, con el argumento de que sería más fácil que el ICO concediese financiación al proyecto, se crearon dos entidades, aunque solo una es la que tiene el derecho a construir en los terrenos cedidos por la Xunta.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, que se reunió ayer con cooperativistas afectados por este proceso, cargó contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien pidió que dejase de «ponerse de perfil».

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