Cooperativistas de Xuxán exigen a la Xunta que vele por sus parcelas

Un día después de la reunión de Galivivenda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre la financiación para la construcción de 224 viviendas de alquiler social en Xuxán, gran parte de los socios de la cooperativa Galivivienda, adjudicataria de cuatro parcelas que cedió la Xunta para este fin, se confiesan «cansados» de no tener soluciones.

«No hay que olvidar que los cincuenta años de la cesión del suelo empiezan a contar desde que se adjudican los terrenos, así que llevamos más de un año entregando documentación y todavía no tenemos financiación ni siquiera todas las licencias [hay tres concedidas, pero falta una porque, según explicó a este diario el gerente de Galivivienda, Rafael Román, está a la espera de un informe de Patrimonio]. Al final, entre el tiempo que llevamos perdido, el que nos queda aún por delante hasta que se empiece a construir y el de las obras de los edificios, no sabemos cuántos años podremos vivir en los pisos, porque el tiempo corre», relata una de las cooperativistas que empezó a movilizarse en abril para que el proyecto de alquiler social de Xuxán llegase a las personas para las que había sido pensado, como familias mileuristas, jóvenes y mayores a los que les es imposible acceder a una hipoteca.

Galivivienda elimina el plan de pago en diez años tras la reunión con el ICO sobre las viviendas sociales de Xuxán

Después de que la reunión del ICO con Galivivienda acabase con el compromiso de ambas entidades de «seguir trabajando», los cooperativistas esperaban que las respuestas de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, a las preguntas formuladas por el BNG ayer en el Parlamento Galego sobre esta cuestión fuesen más claras, y no una letanía de culpas al ICO sobre la financiación de la promoción, haciendo referencia, incluso, a unas condiciones que hasta el gestor de la cooperativa dijo que se habían eliminado ya de la ecuación «para tranquilidad de todos». Se ha descartado ya que, si viniesen mal dadas y la ocupación no llega al 85%, los socios tengan que hacer frente a un máximo de 120 cuotas de 475 euros mensuales, además de a su alquiler (de unos 500 euros aproximadamente).

Los cooperativistas afectados por la lentitud y los bandazos que está dando este proyecto se quejan, además, de que, a pesar de que el Grupo Municipal del PP les apoyó —al igual que el BNG y el PSOE— cuando les contaron su problemática, en el Parlamento Galego, la conselleira se enfrentase a la diputada nacionalista Alexandra Fernández afeándole que quisiese sacar «rédito político».

«Nosotros cada día somos más y, cada vez, estamos más enfadados porque parece que somos los únicos que pedimos que se cumplan los pliegos. Insistió en que hará todo lo posible para que la financiación del ICO no desvirtúe el carácter social el proyecto, pero nosotros nos preguntamos si va a permitir que Galivivienda nos avasalle y nos ahogue con sus propuestas de pagos. ¿Dónde pone el límite?», comenta esta cooperativista, que recuerda que la Xunta fue la que redactó el pliego de condiciones y la que permitió, con sus requisitos, que Galivivienda pasase por delante de otras propuestas al dar más puntuación a la candidata que ofreciese menos años de alquiler social, en este caso 50 y, de este modo, se convirtiese en la adjudicataria de las cinco parcelas que sacó a concurso en Xuxán. «De todas las peticiones que le hicimos, la conselleira no ha cumplido ni la primera», denuncia esta afectada.

En su intervención, Fernández solicitó a Allegue que ponga a disposición de estos cooperativistas los servicios del Consello da Avogacía Galega, para que puedan tener apoyo legal ante una situación en la que se encuentran desamparados, toda vez que la gestora creó dos cooperativas y solo una tiene los derechos de suelo, abriendo la puerta a que los que solo los que aprueben su plan económico puedan acceder a una vivienda.

La alcaldesa, Inés Rey, se refirió ayer a este modelo de promoción de vivienda público-privado de la Xunta como «fallido», aunque en Xuxán y fruto del mismo concurso público, la cooperativa A Luzada, a la que Galivivienda cedió una parcela, está ya construyendo después de conseguir financiación de la banca ética.

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