La Policía liga a una fiscal coruñesa a la red de droga investigada en Tenerife
Es la pareja del expolicía Francisco Moar, detenido con cocaína en la vivienda que comparten en la ciudad, pero la Fiscalía provincial asegura que no sigue casos de narcotráfico en Galicia

Droga y útiles incautados en un club cannábico del sur de Tenerife. / / LP / ED
C. Barcala / Enrique Carballo
El exjefe de la Brigada de Policía Judicial en Tenerife, Francisco Moar, fue detenido hace varias semanas en su vivienda de A Coruña por miembros del 091. La Policía Nacional le imputa presuntos delitos de tráfico de drogas, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y lo acusa de pertenecer a una trama criminal relacionada con el tráfico de drogas y liderada por el empresario libanés Mohamed Jabil Derbah: en la casa se encontraron 145 gramos de cocaína. Y la investigación también se extiende a la pareja con la que convive, la coruñesa Sandra Fagil Fraga, que, tras pasar seis años en Canarias, forma parte de la Fiscalía Provincial de A Coruña desde el año pasado. Fuentes del Ministerio Público confirman que Fagil pidió el traslado voluntariamente y que no lleva operaciones contra el narcotráfico en Galicia. Este diario no ha obtenido respuesta por el momento del Ministerio de Justicia acerca de si se le ha aportado de sus funciones, o se plantea hacerlo.
La Policía sospecha que Fagil ayudaba y favorecía la actividad criminal del empresario libanés en los clubes cannábicos del sur de Tenerife. Estos clubes no eran realmente asociaciones de consumo de marihuana —sostiene la Policía Nacional— sino que entre sus cuatro paredes se ocultaba un negocio mayor: la distribución de cocaína y heroína en Tenerife. Arona y Adeje eran los epicentros y, precisamente, las zonas que Fagil Fraga controlaba desde el Ministerio Público. La Policía Nacional, según ha podido saber La Provincia/Diario de Las Palmas, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, investiga si la representante de la Fiscalía trabajaba para el empresario libanés con la constitución de los estatutos de estos negocios, lo que serviría para que operasen como clubes cannábicos aunque fuesen una tapadera para el tráfico de drogas duras.
Sandra Fagil, nacida en 1976, tiene una antigüedad en el Ministerio Público que se remonta a 2009. Estuvo en la Fiscalía de Girona, y el pleno del Consejo Fiscal aprobó en 2016, por unanimidad, que pasase un año en la Fiscalía Anticorrupción, en comisión de servicio (si bien en 2018 solo obtuvo dos votos). En 2018 se trasladó a Arona, en Tenerife: estuvo cinco años al frente de la sección territorial, y en 2024, antes de volver a A Coruña, asumió la especialidad Antidroga en la isla.
Su pareja, Francisco Moar, era jefe de la Brigada de Policía Judicial de Tenerife (impulsor del caso Mediador) hasta 2023 y jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) hasta que se retiró a final del año pasado. Ese año, el 2024, es clave para el caso. Es el momento en que la Policía Nacional comienza la investigación contra el empresario libanés y los policías del sur de Tenerife a los que, presuntamente, tenía a sueldo —además de Moar, el jefe de Seguridad Ciudadana y un subinspector de Policía Judicial— para que le informasen de si había alguna investigación en su contra. Lo mismo haría con la Fiscalía.
«La fiscal estaría participando de los hechos delictivos investigados, toda vez que pudiera estar con sus actuaciones en relación a causas judiciales que interesan a Derbah favoreciendo los intereses de la organización criminal», sostiene un informe de Asuntos Internos desvelado por el diario El Mundo. En esos informes —argumenta la Policía— se recogen documentos favorables para que los compinches de Derbah obtuvieran la libertad y, en otros casos, no ingresaran en prisión. El 091 habla de «conductas delictivas reiteradas» con «contraprestaciones económicas». «Hay indicios altamente preocupantes sobre la más que posible participación de la fiscal en los hechos», indica.
Según los documentos, Fagil Fraga dictaba las medidas fiscales de los presuntos narcotraficantes a favor de los intereses de Derbah y de sus trabajadores. En algunos casos sus decisiones provocaron que se paralizasen investigaciones vinculadas al tráfico de drogas en Tenerife. La fiscal no está imputada en la causa, ya que debido a su profesión se trata de una persona aforada. Fuentes de la Fiscalía Provincial de A Coruña indican que no tienen conocimiento de ninguna otra investigación contra ella.
Con todos los palos en la rueda que les pusieron, solo en tres meses del año pasado la Policía del sur de Tenerife logró cerrar más de 110 clubes cannábicos en Adeje y Arona. Derbah y sus colaboradores estarían detrás de la mayoría: alzó la voz contra la presión policial que sufría y pidió ayuda al político socialista Gustavo Matos. Estas asociaciones generaban en un día 200.000 euros; al mes, seis millones, según los cálculos de los especialistas antidroga. Un negocio de tal magnitud no podía pederse. Derbah lo intentó, en vano. Desde el 1 de mayo duerme tras las rejas, acusado de ser el capo de la organización que buscaba presuntamente hacerse con el control del sur mediante el narcotráfico.
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