La congelación del alquiler en A Coruña se apoyará con más vivienda pública y ayudas a rehabilitar, con la propuesta de penalizar a grandes propietarios

La Xunta acaba de dar el visto bueno a la petición municipal de declarar A Coruña zona de mercado residencial tensionado, y, cuando la medida entre en vigor (probablemente este mes de julio), permitirá aplicar medidas de congelación de precios de alquileres y bonificaciones fiscales durante tres años. Pero esta declaración, prevista en la Ley de Vivienda, debe estar acompañada por un programa de medidas para facilitar el acceso al mercado inmobiliario. El Ayuntamiento tiene dos meses para presentar un plan de actuación definitivo y un cronograma, y en la documentación que envió a la Xunta incluyó una serie de propuestas, algunas de las cuales están en marcha. Entre las líneas principales está generar más vivienda pública, con el objetivo de llegar a los 20.000 pisos en 2045, fomentar la rehabilitación y ayudar a los propietarios que alquilen «a precio asequible».

La declaración de zona tensionada impone el objetivo de dedicar un 20% del parque de vivienda a fines sociales en veinte años. Según definición legal, que recoge la propuesta municipal a la Xunta, una vivienda social debe ser de titularidad pública y dedicada, a través de un alquiler, una cesión u otra fórmula temporal, a albergar personas «con dificultades» para conseguir casa en el mercado libre.

La Xunta acepta declarar la ciudad como zona tensionada y limitar precios de alquiler

El Concello calcula que solo hay 873 viviendas sociales actualmente, pero espera llegar hasta unas 2.450 (en diversas partes del documento se dan cifras diferentes) en seis años, contando promociones del Concello, la Xunta y el Estado. Pero aquí incluye proyectos que aún no se han iniciado (como once pisos que el Estado anunció en 2023 que construirá en Adelaida Muro) y viviendas que estarán en edificios de alquiler regulado que se construirán en parcelas cedidas por las administraciones. Además, afirma que se construirán otras 1.390 viviendas protegidas o públicas hasta 2035 en cuatro ámbitos de gestión privada: San Pedro de Visma, As Percebeiras, Parque de Oza y Someso.

Pero aquí está contando proyectos por desarrollar: el convenio con los promotores de Parque de Oza no se ha ratificado en el pleno municipal, y en As Percebeiras se vetó la construcción el año pasado para reducir la edificabilidad. Y en la cifra se incluyen viviendas de protección privada, que no son públicas, no entran en la definición de vivienda social, y tras algunos años pasarán al mercado libre. A esto se une el proyecto de la Xunta, aún en fase muy temprana, de crear 4.300 viviendas en Monte Mero, el 80% públicas o protegidas. Y aún así, aún quedan más de 13.000 viviendas por crear hasta 2045 de las que no hay ni proyecto, y de las que «habrá que concretar su encaje».

Las claves de la zona residencial tensionada en A Coruña: topes al precio del alquiler, más vivienda pública y movilizar pisos vacíos

El Ayuntamiento se compromete a ceder parcelas municipales a cooperativas y promotores para construir vivienda a precio asequible o fomentar «viviendas colaborativas y otras fórmulas alternativas». También a realizar transferencias de terrenos a la Xunta y el Estado (ya se han materializado varias al Gobierno gallego) para que estas administraciones, con más presupuesto, construyan pisos públicos. El documento también cita entre las medidas para promover el acceso a la vivienda aumentar las reservas de suelo para vivienda pública del 30 al 40% en el caso de terrenos urbanizables, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado. También incluye un Banco Municipal de Viviendas destinado a alquileres social, que ya gestiona Emvsa.

Otra línea busca aumentar la vivienda privada en el mercado. En una de las propuestas figuran «ayudas» para propietarios que arrienden «a precio asequible», con exención del IBI, seguros de impago y subvenciones para reformar viviendas vacías. El Concello también se compromete a convocar cada dos años ayudas para obras de mejora de eficiencia energética y accesibilidad, con un presupuesto bianual de 5,2 millones de euros, y a estudiar «posibles vías de penalización a los grandes propietarios que mantengan viviendas desocupadas vacías», si bien no indica cuáles.

Reconversión de oficinas

Otro bloque de las propuesta municipales se centra en la «regulación y ocupación de la vivienda vacía». Promete una nueva ordenanza reguladora de los pisos turísticos (que ya está aprobada inicialmente) y otra de los procedimientos de intervención y control de obras; el sector inmobiliario critica la falta de agilidad actual para dar licencias. También se promete coordinarse con la Xunta para que recupere edificios a través de su plan Rexurbe, y agilizar las ventas forzosas de edificios ruinosos de dueños privados.

Otra de las medidas, que aún tendría que desarrollarse, es el «fomento del traslado de las actividades terciarias» de las plantas altas de los edificios al bajo, utilizando los inmuebles vacíos en «viviendas públicas o sociales». Por ejemplo, se pasarían oficinas que ahora están en pisos altos a locales desocupados de los bajos, y el Ayuntamiento convertiría las instalaciones ahora vacías en pisos de alquiler social. Sin embargo, la propuesta municipal no concreta cómo se realizaría este «programa específico», más allá de señalar que habría una «evaluación» de los inmuebles susceptibles y barrios en los que realizar estas actuaciones.