El Estado licita la vigilancia de la cárcel durante dos años

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha sacado a concurso el servicio de vigilancia de la antigua cárcel provincial durante un periodo de dos años, con posibilidad de cuatro prórrogas de seis meses cada una. El presupuesto de licitación es de 247.632, que se elevarían a 506.520 euros en caso de que se agotasen las prórrogas.

Según el pliego, la «dilatación del procedimiento judicial» entre el Estado y el Concello por la titularidad de la prisión obliga a mantener la vigilancia en el edificio, que se encuentra actualmente abandonado y muy deteriorado tras más de 15 años sin uso.

El asunto está en los juzgados: el pasado noviembre, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña declaró nulo el convenio firmado por ambas administraciones hace 20 años en el que el Ayuntamiento cedía una parcela para el Centro de Inserción Social de Monte Alto y se comprometía a pagar además 1,2 millones de euros para recuperar el terreno de la antigua cárcel. Siguiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado, la Siepse interpuso en enero un recurso de apelación contra este fallo, por lo que el inmueble continúa siendo de su propiedad y debe hacerse cargo de la vigilancia. Hasta ahora, el servicio lo prestaba Prosegur, pero este contrato finalizó en marzo y es necesario hacer uno nuevo por un plazo de dos años.

El Concello ligó la reforma del inmueble a que sea Lugar de Memoria Democrática

En los últimos años, la antigua prisión fue objeto de entradas ilegales, en algún caso reivindicativa, pero en otros lúdicas o vandálicas, y se produjeron varios fuegos en el interior. Por ese motivo, el Estado tapió las entradas y sacó a concurso la vigilancia en 2022. Desde entonces, prácticamente nada ha cambiado y el edificio sigue deteriorándose. El contrato que se saca ahora a concurso, de 24 meses, incluye labores de vigilancia en horario diurno y también nocturno. Además, las empresas licitadoras deberán disponer de un servicio permanente de atención para la recepción de avisos 24 horas. En contratos anteriores, la Siepse detallaba que los gastos por este servicio serían reclamados al Concello.

Desde María Pita, sin embargo, insisten en que el edificio debe pasar a manos municipales. En el pleno de mayo se aprobó por unanimidad una moción del PP que instaba a la «puesta en uso» del inmueble. El Concello ligó su rehabilitación a que el Estado declare la cárcel Lugar de Memoria Democrática. La reforma podría costar, según cálculos del Ayuntamiento, unos 30 millones de euros. Se han planteado muchas propuestas para aprovechar el edificio, desde albergar un centro de interpretación de la Torre a convertirse un parador nacional.