Las vías para regular los pisos turísticos en A Coruña, Santiago y Vigo

Las ciudades gallegas con más pisos turísticos están dando pasos para regularlos. Santiago (con 695 establecimientos abiertos en abril) ha hecho modificaciones en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y desarrollado una ordenanza, y ahora se está personando en recursos presentados por propietarios ante la Xunta por excluir sus negocios del registro autonómico. Vigo (con 2.287 pisos) acaba de aprobar definitivamente un nuevo PGOM, un cambio que incluye considerar los pisos turísticos como negocios y no como residencias. Este es un criterio que comparte el Gobierno local de A Coruña, ciudad con 1.366 viviendas de uso turístico actualmente abiertas. El PSOE, con el apoyo del BNG, aprobó inicialmente en febrero una ordenanza en este sentido que se llevará al pleno de junio para la aprobación final, pero no ha tocado el PGOM.

Para entender por qué eso puede ser importante hay que tener en cuenta que el plan general es el documento urbanístico más importante de un Ayuntamiento. En él figuran, entre otros puntos, las normas urbanísticas, que establecen qué tipos de usos hay y qué implican. En el caso del Concello de A Coruña, el último PGOM es de 2013, y no alude, como tales, las viviendas de uso turístico (VUT), que la Xunta reguló en 2017. Las ordenanzas son normas municipales que afectan a un ámbito más restringido, como las terrazas o los pisos turísticos.

El modelo de Santiago fue el de regular inicialmente los pisos turísticos modificando su PGOM, algo que hizo en 2023, limitándolas a bajos o primeros pisos si a nivel del suelo no hay una vivienda. Tras este paso, aprobó una ordenanza a finales del año pasado, que regula en detalle los pasos que deben dar los propietarios ante el Concello para abrir un piso turístico. Santiago no respetó los usos preexistentes, es decir, consideró que no sería posible legalizar los pisos que existían antes de la modificación del plan general. En el último año, siguiendo datos de la Xunta, las viviendas de uso turístico en Santiago bajaron un 15%.

En Vigo, en cambio, subieron casi un 33% en doce meses. La ciudad no tiene una ordenanza de pisos turísticos (aunque fuentes conocedoras de la actividad municipal apuntan que habrá que desarrollarla en el futuro), pero acaba de aprobar, de manera definitiva, un nuevo PGOM que incluye los pisos turísticos explícitamente. El Concello vigués no ha facilitado el texto definitivo a este diario, pero el de aprobación inicial considera que el uso turístico de vivienda es «terciario», como los hoteles u otros negocios, introduciendo restricciones.

La asociación de propietarios gallegos, Aviturga, interpreta que las restricciones de Vigo podrían respetar la actividad de los pisos existentes. La organización reclama al Concello coruñés que, antes de aprobar la ordenanza, «modifique el PGOM» y el plan especial de la zona antigua (Pepri) y que «se respeten los derechos de las VUT preexistentes». El grupo municipal del PP también considera que aprobar una ordenanza sin cambiar el PGOM genera «inseguridad jurídica».

Pero es por la que ha optado el Gobierno local, que, en el documento aprobado inicialmente, señala que la «expansión» de los pisos turísticos (un 9% en el último año) reduce la oferta de alquiler. La propuesta municipal los limita, con carácter general, a edificios sin uso residencial, y, cuando deban convivir con vecinos, a plantas bajas o primeros pisos que no tengan habitantes debajo. En algunas partes de la ciudad hay normas específicas, y en zonas como la «zona de expansión de la Ciudad Vieja» o Pescadería Sur deben estar en edificios aparte. El Ayuntamiento contempla prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos en zonas que considere saturadas.

Además de estas restricciones, las viviendas de uso turístico quedan vetadas en los edificios exclusivos cuando estos se hayan rehabilitado, reformado o reestructurado con una subvención «de cualquier administración», no solo el Ayuntamiento. Tampoco podrán instalarse en inmuebles «sometidos a algún tipo de protección pública». La ordenanza obliga a los dueños a solicitar una comunicación previa al Ayuntamiento para abrir una vivienda turística. En caso de abrir sin permiso, el Concello puede imponer sanciones.

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