La demanda de la casa Cornide depende del Concello al no tener el Estado base para reclamarla

La reclamación de la casa Cornide es, por el momento, un negociado municipal. La Administración central del Estado no se unirá a la demanda tras revisar la documentación del caso que obra en su poder y concluir que no tiene argumentos legales para ello, pues, entienden, la casa Cornide fue desafectada —se le retiró su condición de bien público— antes de pasar a manos privadas. «Nos corresponde al Concello en exclusiva continuar con el proceso», explica el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

Esta semana, el Consello de Memoria Democrática volvía a sentarse a la mesa con miembros e ideas renovadas tres años y medio después de su última asamblea. Una reunión que sirvió, entre otros asuntos, para dar cuenta del momento en el que se encuentra el proceso judicial para recuperar la titularidad de la casa Cornide, hoy en día, en manos de los herederos de Franco.

Por el momento, si quiere recuperarla, el Ayuntamiento tendrá que hacerlo solo. El año pasado, el Gobierno local inició la revisión de oficio de las decisiones tomadas por el propio organismo en 1962, que dieron lugar a la subasta de la vivienda y su adjudicación a Pedro Barrié de la Maza. Pocos días después, el banquero, prohombre del Régimen, se la vendió a Carmen Polo —y también a Franco, ya que estaban en gananciales— por una cantidad simbólica. El resto es historia. La anulación de estos acuerdos es uno de los requisitos, ahora, para abrir la vía civil.

En paralelo al inicio de este proceso, el Concello había solicitado al Estado que revisase también sus propios acuerdos, con el fin de aclarar si antes de su venta fue desafectado como bien de dominio público y dirimir si, como en el caso del Pazo de Meirás, el Estado tiene base jurídica para iniciar la reclamación.

Tal y como detalla Gonzalo Castro, el Gobierno central entiende que «no procede», con los mimbres actuales, que el Estado reclame. «La situación en la que nos encontramos ahora mismo es que la continuidad de las acciones encaminadas a recuperar la casa Cornide dependen al 100% del Ayuntamiento. El Estado manifiesta que no tienen nada que reclamar al considerar que fue desafectada», explica el concejal. Según los documentos que ha revisado el Estado, la casa perdió formalmente su carácter demanial a través de un acta de transmisión entre el Ministerio de Educación Nacional y el de Hacienda pocos años antes de la subasta, con lo que, cuando se materializó la permuta entre el Estado y el Ayuntamiento, ya no era un bien de dominio público.

La casa Cornide, que debe su nombre al ilustrado coruñés José Cornide, cuya familia edificó la propiedad, fue adquirida en por el Estado en 1949 con el fin de instalar en ella el Conservatorio de Música y Declamación. Pero en 1958 el entonces alcalde Alfonso Molina acordó permutar el inmueble con el Ministerio de Educación por una parcela de la Ciudad Escolar en la que se construyese el Conservatorio.

Aun así, pasaron cuatro años más para que el ministerio la autorizase y el acuerdo se formalizase el 22 de junio de ese año, con un valor de 344.813 pesetas. Solo once días después, el 3 de julio de 1962, el pleno del Concello aprobó la subasta de la casa Cornide por una cantidad menor a la valoración de la permuta, 297.228 pesetas. Un mes después se adjudica la casa a Pedro Barrié de la Maza por 305.000 pesetas y ese mismo día se celebra un pleno municipal que lo aprueba, al tiempo que exime al comprador de dos condiciones fijadas en la subasta: tener que solicitar autorización del Concello para realizar modificaciones en el edificio y no poder venderlo antes de diez años sin su permiso. Al cabo de únicamente cuatro días, Barrié vende el caserón a Carmen Polo, la mujer del entonces jefe del Estado, y desde entonces permanece en poder de la familia Franco, que en los últimos años la puso a la venta, aunque sin éxito.

Estos acuerdos municipales son los que ahora deberá anular el Ayuntamiento si quiere presentar la demanda judicial. «Cuando concluya el expediente de revisión de oficio de los acuerdos de 1962 se abrirá por la vía civil un expediente de dominio para recuperar la posesión del bien», detalla Gonzalo Castro. «El requisito que nos habilita para la vía civil es la anulación de los acuerdos plenarios», añade.

Cabe esperar que la familia Franco, que ha ido incumpliendo una a una todas sus obligaciones con respecto al inmueble BIC —lo que les granjeó una multa de la Xunta de 3.000 euros— impugne o recurra el proceso, con lo que la última estación del proceso Cornide tiene visos de estar todavía lejana.