Arranca la comisión sobre la planta de Nostián, sin contrato desde 2020

El contrato de gestión de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián, que lleva la empresa Albada, acabó al iniciar 2020, y la planta lleva en precario desde el 1 de enero de ese año sin que se haya abierto un nuevo concurso. El BNG reclamó crear una comisión con la oposición para seguir los trámites para sacarlo, y tuvo su primera reunión este miércoles. La alcaldesa, Inés Rey, estuvo presente, aunque delegó la presidencia en futuras reuniones en el edil de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y prometió que la comisión supervisará, dará cuenta e informará de «los pasos» para la licitación.

El BNG, en cuya representación acudió el portavoz municipal, Francisco Jorquera, indica que la comisión nace por «una propuesta formulada por el BNG en el pleno de marzo», con el respaldo del PSOE y rechazo del PP. Jorquera indica que este es «el contrato más importante que debe licitar el Gobierno local en este mandato» y señala que, para su formación, lo fundamental es que «se agilice» el proceso para sacar un nuevo contrato que debe «garantizar el funcionamiento de Nostián como un modelo alternativo a Sogama», que tenga como objetivo «el reciclaje y el compostaje».

Para el grupo municipal del PP, representando en la reunión por el concejal José Ramón Amado, la comisión se reúne tras ser aprobada en pleno «hace mucho tiempo sin que el Gobierno local cumpliese el acuerdo, como tantos otros». Los populares denuncian que la planta de Nostián «está en precario desde hace seis años», redondeando hacia arriba, y que «no hay perspectivas de una nueva licitación. En esta, acusa el PP, el Gobierno local quiere «gastar más de 330 millones de euros para seguir sin cumplir la normativa de reciclaje».

El grupo municipal añade que, en la comisión, el Gobierno local no dio «ninguna explicación que justifique el perdón de los 7,3 millones de euros a la concesionaria». Se trata de dinero que se le transfirió a Albada por un acuerdo de la época del alcalde socialista Javier Losada y que fue anulado por los tribunales; el Concello reclamó la devolución de 15,6 millones de euros, contando intereses, pero perdonó parte para evitar una posible sentencia en contra. El PP lo llevó a los tribunales.