El pleno de A Coruña aprueba por unanimidad exigir al Estado que repare la cárcel y abrirle un "expediente sancionador"

El Ayuntamiento promete que cumplirá la moción, presentada por el BNG pero con respaldo de los tres grupos, y señala que "el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones"

Vista de la antigua cárcel de A Coruña.

Vista de la antigua cárcel de A Coruña. / Víctor Echave

El pleno municipal de este jueves aprobó, por unanimidad, una moción presentada por el Bloque pidiendo adoptar las "medidas pertinentes" para que el Estado garantice el buen estado de la cárcel provincial de las cercanías de la Torre, que se va deteriorando, "incluida la adopción de medidas forzosas" y la apertura de un "expediente sancionador".El líder municipal del Bloque, Francisco Jorquera, reiteró su petición de que la parcela vuelva al patrimonio municipal gratuitamente, recordando que el Estado ha cedido otras antiguas prisiones para usos públicos, y señaló que es una cuestión de "voluntad política". En la moción, insta al Gobierno local a dar cumplimiento a un acuerdo plenario de diciembre sobre la cárcel, en la que se pedía solicitar al Gobierno central que renunciase a la vía judicial actualmente abierta e iniciase una negociación con el Concello, así como pedir la cesión gratuita de la cárcel, "acompañada del compromiso del Gobierno central de contribuir decididamente a su restauración y rehabilitación".

El portavoz municipal, José Manuel Lage, indicó que el asunto está ahora por "vía judicial", tras una sentencia que puede suponer una "mejora de los términos" de la negociación con el Estado. La postura de los tres grupos con representación plenaria, afirmó, es coincidente. "El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones", y si no es así, el Ayuntamiento "actuar con determinación", afirmó Lage, cuya postura, afirmó, es la "defensa explícita del acuerdo plenario". "VAmos a seguir trabajando para eliminar los obstáculos", defendió, y esperó que haya "algo que contar" en los próximos meses. "Vamos a ver si hay éxito", concluyó.

El PP también apoyó la medida, y su edil Carlos San Claudio criticó el acuerdo original para la transferencia de la cárcel, de 2005, que incluía que el Concello pagase por la "devolución" de la cárcel (ahora está anulado por los tribunales, si bien el Estado ha recurrido). San Claudio también hizo hincapié en la "voluntad política", pidiéndole al BNG que la aplique ante los "incumplimientos reiterados" del Gobierno local y a través del congresista del Bloque en el Congreso de los Diputados, acusando a los nacionalistas de no presionar al PSOE a cambio de que este les garantice la alcaldía de Santiago.

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