Temor a un mayor colapso al convertir un juzgado de instrucción en sala de violencia de género

La decisión del Ministerio de Justicia de eliminar un juzgado de Instrucción en A Coruña para sustituirlo por uno especializado de violencia contra la mujer aumenta la preocupación de un colapso por la sobrecarga de trabajo en las salas coruñesas. El Colegio de Abogados habla directamente de «barbaridad», el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dice «lamentar» la conversión en lugar de crear un nuevo juzgado y la Xunta vaticina un aumento en los asuntos de las salas de instrucción.

El Real Decreto publicado este miércoles en el BOE detalla las nuevas plazas de jueces dedicados a la violencia de género. Mientras que en Santiago y Ourense el Ministerio decide crear nuevos juzgados, en Vigo y A Coruña opta por transformar los octavos juzgados de instrucción para reemplazarlos por salas especializadas. Galicia es la comunidad más impactada por esta reorganización, que se hará efectiva a partir de 2026.

En 2024, según las estadísticas del Poder Judicial, los ocho juzgados de instrucción de A Coruña, registraron 14.965 asuntos nuevos, a los que se habría que sumar los casi 6.000 que habían quedado pendientes del año anterior. De media, cada sala tuvo una entrada de 1.870 casos cada una, más los asuntos que quedaron pendientes, lo que serían otros 749 casos añadidos. Reduciendo a siete el número de juzgados de instrucción cada sala tendría un registro de 2.137, todavía lejos de los 3.300 máximos recomendados por el Poder Judicial, pero igualmente se ven sobrecargados de trabajo.

La decisión ha recibido críticas negativas por parte de varias ramas del mundo de la justicia. En la ciudad, el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez Cepeda, considera la decisión una «barbaridad». «Buena situación no hay en ningún partido judicial», concluye el decano. «Lo que se necesitan son juzgados especializados en violencia de género ya no sólo en Santiago, sino también en Ferrol».

«Queremos que haya un juzgado de violencia de género más, obviamente, pero no a costa de suprimir uno de instrucción», critica el decano. «Si hubiera mucho más dinero en la Justicia, a lo mejor no tendrían que poner el listón de la carga de trabajo tan alto».

«Nos preguntamos cómo es posible que con lo que se ha gastado en la lucha contra la violencia de género no haya entrado un duro en los juzgados», esgrime el Pérez Cepeda. Para él, que el presupuesto de lucha contra la violencia machista nunca termine de materializarse en la Justicia obliga a preguntarse si el Gobierno realmente se toma en serio estos delitos. «La pregunta es realmente ¿quieren luchar?», denuncia. «Porque lo primero que necesitan las mujeres en estas situaciones es la protección de la ley. Y la protección de la ley se la otorga un juzgado». Esta reorganización, recuerda, también obliga a mujeres en los partidos judiciales de Noia, Arzúa, Ribeira, Negreira, Muros, Padrón y Ordes ha desplazarse hasta 70 kilómetros para ver a un juez de violencia de género.

Pérez Cepeda insiste que esto prueba que «la Justicia no interesa a nadie» y, que no se requeriría una inversión demasiado alta en dotar a las salas de los recursos necesarios. Al igual que CSIF, no descarta estudiar la posibilidad de recurrir este decreto. «Nos reuniremos, porque creemos que hay que tomarse las cosas mucho más en serio y que quien ha creado el juzgado tiene que empezar a darse cuenta de que no se puede racanear tanto».

La desaparición del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña también supone la pérdida de la posibilidad de optar a las guardias de 24 horas. El Colegio de Abogados señala que Galicia lleva buscando implantar estas desde hace años, pero que ahora «esta posibilidad se esfuma».

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indica que, aunque es positivo para Santiago y Ourense, lamenta que «Vigo y A Coruña sean transformaciones de juzgados de instrucción».

El conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, achacó la decisión a la «falta de voluntad» por parte del Gobierno central, que, señaló, impidió empezar ya este año con nuevas unidades judiciales porque no las comunicó. La Xunta lamenta que en A Coruña y Vigo las nuevas plazas judiciales especializadas se pongan en marcha a costa de transformar secciones de instrucción, lo que «provocará un aumento en los asuntos en este área», afirman.

Como alternativa al plan del Gobierno, propone crear nuevos juzgados de violencia contra la mujer sin eliminar otros de instrucción.

CSIF estudia la posibilidad de recurrir la medida

La Central Sindical Independiente de Funcionarios anuncia que estudiará interponer un recurso contra la transformación de los juzgados de instrucción en A Coruña y Vigo en juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Advierten de que esto supondrá un «gran perjuicio» para salas que ya están «excesivamente sobrecargadas». El sindicato insiste que hay una «oposición unánime» entre la magistratura y que con esta medida Galicia se queda sin guardias de 24 horas. El CSIF reitera que «la atención a las víctimas de violencia de género no puede hacerse a costa de desmantelar juzgados fundamentales» y también acusa a la Xunta de haberse «quitado un problema de encima» y no defender los intereses de la justicia gallega.

Una ley para acomodar nuevos delitos

La medida nace de un Real Decreto que desarrolla lo aprobado en la ley orgánica para la mejora de la justicia. La ley, entre otras cosas, reorganiza las causas que distintos juzgados pueden hacerse cargo teniendo en cuenta cambios legislativos como la ley del solo sí es sí. 

Esta añadió a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer la capacidad de instruir los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer, según detalla el documento.

Con el fin de adaptarse a estas nuevas competencias el real decreto establece la creación de 50 nuevas plazas de juzgados especializados. Sin embargo, para decidir si se crearán nuevos juzgados o se convertirán los de instrucción, el Gobierno ha llevado a cabo un análisis previo de las cargas de trabajo en las secciones de violencia contra la mujer, según especifica el Real Decreto. «En aquellos partidos judiciales en los que mediante la transformación de una plaza de la Sección de Instrucción resulta una distribución equilibrada de la carga de trabajo entre esta y la Sección de Violencia sobre la Mujer, se ha optado por esta vía. En aquellos casos en que esta alternativa resulta insuficiente, se ha optado por la creación de una nueva plaza», señala el decreto.

El Colegio de Abogados remarca que aumentar las competencias a estas salas «no soluciona la carga de trabajo» y corre el peligro de saturarles. A Coruña es uno de los partidos judiciales afectados por la decisión entre los que se encuentran, además de Vigo, Jerez de la Frontera, Móstoles, Alcalá de Henares, Castelló de la Plana, Santander y Barakaldo. 

En cambio, se añaden nuevas plazas de juzgados especializados en Santiago de Compostela y Ourense, que comenzarán a funcionar el próximo 31 de diciembre.