El Estado cede el parque del Agra dos años después de la promesa de Rey

Socialistas y Bloque apoyan el convenio para crear mil pisos en Parque de Oza

A Coruña

Con dos años de retraso, el Estado ha dado luz verde a la concesión al Ayuntamiento del parque del Agra o parque del Observatorio, la zona verde del Agra do Orzán donde está instalado el observatorio de Aemet. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones, pareció que sus esperanzas se iban a cumplir, cuando la alcaldesa, Inés Rey, acordó un protocolo con la agencia estatal para que la ciudadanía disfrutase de 5.000 metros cuadrados de verde, pero la cesión no se anunció hasta el pleno de este jueves.

A raíz de una moción del BNG sobre el parque, aprobada por unanimidad, el portavoz municipal, José Manuel Lage, señaló que el Estado ha autorizado la concesión demanial de los terrenos, en un texto firmado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo que permite al Concello actuar en la finca. «En este mandato los vecinos dispondrán de un parque», indicó Lage, que señaló que el primer paso será derribar los muros separatorios, y, en el próximo trimestre, preparar el proyecto y su salida a concurso. BNG y PP criticaron que el parque siga cerrado.

El Gobierno local también llevó al pleno la ratificación del convenio definitivo entre el Ayuntamiento y los dueños de Parque de Oza, seis parcelas situadas entre la zona verde del mismo nombre y O Castrillón, donde se prevén construir mil viviendas. El PP votó en contra, criticando falta de «transparencia» y considerando excesivas las alturas, de hasta 17 pisos. El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, defendió que el convenio permitirá maximizar el espacio público.

El Concello tiene el 5% del suelo, y le corresponderá otro 10% por cesiones obligatorias del resto de propietarios, y las aproximadamente 150 viviendas que le corresponderán se destinarán a alquiler social. El resto de promotores no están obligados a construir vivienda protegida. El asunto debería haber ido al pleno ordinario de mayo, pero el BNG pidió retirarlo, exigiendo para dar voto favorable desbloquear cuestiones del acuerdo para investir a Inés Rey en 2023. La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR expresó su apoyo al convenio, que desbloqueará «una importante unidad urbanística del barrio» y mejora proyectos anteriores.

El PP presentó una moción pidiendo un programa municipal de incentivos para viviendas vacías que incluya bonificaciones en impuestos municipales, como el IBI, así como subvenciones a varias actividades, como obras de conservación y mantenimiento. Fue sustituida por una enmienda del PSOE, apoyada por el BNG, que cambia las propuestas por otras como implantar las medidas previstas en la declaración de A Coruña como zona tensionada, movilizar inmuebles para alquiler social o pedir a la Xunta que inicie rehabilitaciones del plan Rexurbe.

Los populares llevaron otra moción, aprobada por unanimidad, para pedir al Concello que abra una nueva convocatoria de subvenciones para instalación de ascensores en edificios, subiendo su presupuesto hasta como mínimo a dos millones de euros, e impulsar una ordenanza de ascensores.

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