El Estado tramita la zona tensionada de A Coruña para poder publicarla en julio

La Xunta dio el visto bueno a la solicitud del Ayuntamiento de declarar A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, una medida que, durante tres años, permitirá congelar alquileres y dar bonificaciones fiscales a arrendadores. Pero para que entre en vigor el Estado tiene que incluir la ciudad, de forma oficial, en el listado de zonas tensionadas y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un trámite que se realiza trimestralmente. La próxima actualización es en julio, y fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana indican que "se intentará" que A Coruña se incluya en la publicación de ese mes.

Desde el Ministerio explican que la documentación remitida por el Gobierno gallego "ha llegado hace poco", y que los técnicos "tienen que revisar que es correcta". El personal de Vivienda "todavía no ha tenido tiempo suficiente", por lo que el Estado no puede "confirmar" si se incluirá A Coruña en el listado de zonas tensionadas que deberá firmar el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Pero, indican desde el Ministerio, "se intentará, evidentemente", que así sea.

La Xunta acepta declarar la ciudad como zona tensionada y limitar precios de alquiler

Una vez que concluya la larga tramitación de la zona tensionada (la primera petición del Concello a la Xunta fue a finales de 2023) se pondrán restricciones al mercado inmobiliario de la ciudad. Si un piso tiene un contrato de alquiler que haya estado vigente en los últimos cinco años y se firma uno nuevo, el precio tiene que ser el del último mes del anterior acuerdo. Solo se permiten algunas subidas tasadas en casos como que el propietario haya hecho obras de mejora, y no se pueden imponer nuevas condiciones al inquilino. Los arrendatarios, además, pueden solicitar prorrogar sus contratos, de manera extraordinaria, por un periodo máximo de tres años, y los dueños del piso no pueden oponerse.

A los "grandes arrendadores", esto es, los propietarios de más de diez pisos, se les obligará a cobrar, como máximo, la renta calculada por el índice de precios de referencia del Estado, una limitación que también se aplicará a pisos que salgan al mercado sin haber tenido contratos de arrendamiento en los últimos cinco años. A cambio, habrá bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen precios o introduzcan en el mercado de alquiler viviendas arrendadas a personas de entre 18 y 35 años.

Estas medidas deben contener los precios en la ciudad y dar tiempo a las administraciones para llevar a cabo iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda a los ciudadanos y corrijan los problemas del mercado inmobiliario a medio y largo plazo. El Concello deberá elaborar un plan de actuación definitivo, pero en la petición a la Xunta incluyó propuestas como ceder parcelas municipales para construir vivienda a precio asequible, dar ayudas a obras de mejora de eficiencia energética y accesibilidad o fomentar "viviendas colaborativas y otras fórmulas alternativas".

También contempla "posibles vías de penalización a los grandes propietarios que mantengan viviendas desocupadas vacías" o fomentar que las oficinas se trasladen de pisos altos a bajos, aprovechando los inmuebles que queden libres para "viviendas públicas y sociales". El proyecto incluye pasar de las 873 viviendas sociales que actualmente existen en la ciudad a más de 20.000 en el año 2045, aunque no aclara cómo se harán la mayoría de ellas.