Colectivos de A Coruña crean una plataforma para defender el derecho a la vivienda

Revertir la situación actual del mercado de la vivienda en A Coruña, que califica de “especialmente complicada” e “insostenible”, es el objetivo de la Plataforma polo Dereito á Vivenda, que se presentó en la mañana de este miércoles y pretende llevar a cabo medidas de presión para mejorar el acceso a la vivienda, de la que dice que se ha convertido en un “bien de lujo y un activo financiero", y apoyar a las personas que vayan a ser desahuciadas.

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La entidad cuenta ya con la participación del sindicato CGT, Esquerda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes y la asociación de vecinos del Agra do Orzán, pero hace un llamamiento a toda clase de colectivos políticos, sociales y sindicales, así como a personas a título individual, para que se integren en su seno.

Santiago Lamelo y Raquel Baamonde, portavoces de la organización, defendieron la creación de un parque público de viviendas de alquiler “a precios razonables”, la expropiación de las que poseen los bancos tras haberles sido perdonada la deuda durante la crisis del sector, la adquisición por el Estado del suelo y las viviendas en manos de los fondos de inversión y la desaparición de la Sareb y el destino de sus propiedades al parque público.

También reclamaron la prohibición de la venta de las Viviendas de Protección Oficial por sus adjudicatarios, la limitación de las Viviendas de Uso Turístico y su prohibición “donde haya problemas de acceso a la vivienda”, así como el “cierre inmediato” de todas aquellas que sean ilegales. Otras de sus propuestas son que los rentistas paguen más impuestos y que sean proporcionales al número de viviendas que poseen y el tiempo que se hallen vacías, la rehabilitación de los pisos en mal estado y su paso a manos públicas y la prohibición de la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y a no residentes en el país en los últimos diez años.

Entre las iniciativas que la plataforma prevé realizar se encuentra la de informar sobre la vivienda para contrarrestar las noticias sobre las ocupaciones “que no se corresponden con la realidad”. Para Lamelo, la falta de seguridad jurídica de la que se quejan los propietarios “es un cuento, porque la justicia tarda mucho en general y la inseguridad es para todos”. A su juicio, hay leyes que garantizan la propiedad privada pero “el problema es que hay codicia”, a lo que Raquel Baamonde apuntó que el sistema judicial “también es lento para los inquilinos a la hora de devolver las fianzas”.

La plataforma se plantea además la lucha contra las empresas de desocupación, el respaldo a quienes cuenten con una orden de desahucio y la realización de movilizaciones y concentraciones. Sobre medidas como la declaración de zona tensionada para el alquiler solicitada recientemente por el Concello, la plataforma considera que es insuficiente a causa del elevado crecimiento de los precios en comparación con la reducción lograda en lugares donde ya se aplica esta iniciativa.

“En algunos barrios de A Coruña los precios son disparatados”, comentaron los portavoces de la plataforma, quienes añadieron: “Ya no puedes vivir en un barrio de los que eran tradicionalmente obreros”.