El Estado exige a la Xunta completar la documentación para congelar los alquileres en A Coruña

El Gobierno gallego envió esta semana una ampliación, y Vivienda trabaja para que la declaración de zona de mercado residencial tensionado se plasme en julio

El edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, toma asiento en la reunión de este viernes. |  Carlos Pardellas

El edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, toma asiento en la reunión de este viernes. | Carlos Pardellas

A Coruña

El Estado ha pedido a la Xunta que complete la documentación que envió para declarar A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, una calificación que solicitó el Concello y que permitirá poner en marcha, durante tres años, medidas como congelar la subida de los alquileres, poner límites de precios en algunos casos o dar beneficios tributarios a arrendatarios. El Ministerio de Vivienda comunicó el pasado viernes que el escrito enviado estaba incompleto y fuentes del Gobierno gallego afirman que se envió una respuesta el mismo día que se recibió la petición, el martes. El Estado confirmó este viernes que ya tienen los escritos de la Xunta, pero que todavía «se está comprobado que cumplen los requisitos».

Para que la declaración de zona tensionada entre en vigor, debe recibir el visto bueno del Estado y aparecer en el listado que se publica trimestralmente. La próxima actualización debe ser en julio, y desde el Gobierno central insisten en que intentarán incluir en ella A Coruña, aunque aún no es posible saber si estará en plazo.

Vivienda afirma que la Xunta no envió la «memoria justificativa» que exige la Ley de Vivienda que regula las zonas tensionadas. Pero el Ejecutivo autonómico, que se negó a tramitar zonas tensionadas por sí misma al considerarlas contraproducentes, pidió que los Ayuntamientos elaborasen este documento, y en la petición municipal figura una justificación de que A Coruña cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada.

Y el Estado pide un plan de medidas para corregir los desequilibrios del mercado de viviendas, algo que la Xunta también exigió al Concello. El Gobierno local trabaja en una versión definitiva, pero los informes de la solicitud a la Xunta ya incluyen medidas correctoras. La zona tensionada incluye limitaciones específicas para grandes tenedores (los que tienen más de decena de viviendas, pero puede variar), y Vivienda indica que la resolución de zona tensionada de la Xunta no tiene una «definición particularizada» de la figura, ni la aplicación del límite de precios a viviendas que entren en el mercado. Tampoco, afirma el Ministerio, les consta que la declaración haya sido publicada en el Diario Oficial de Galicia.

Las entidades reclaman más medidas en vivienda

El Concello creó una mesa de vivienda para realizar consultas previas antes de su solicitud definitiva para crear la zona tensionada, y, con la petición ya en trámite, este viernes hubo una nueva reunión del órgano en la que se invitó a nuevas entidades de la ciudad, entre ellas representantes de las ONGs. El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, les pidió aportaciones para completar el plan de medidas para corregir los desequilibrios en el mercado de alquiler y que prepara el Ayuntamiento.

La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, señala que no se han incluido peticiones de su entidad, entre las que se encuentra considerar gran tenedor de vivienda, una categoría que limita los precios que se pueden cobrar por alquileres, a los propietarios de cinco o más inmuebles, o penalizar fiscalmente la compra de viviendas de no residentes. Durante la reunión se debatió sobre las ayudas de rehabilitación, indica Varela, con una parte de los asistentes insistiendo en que la vivienda rehabilitada con subvenciones «no debe entrar en precios altos» en el mercado inmobiliario.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña ya había estado presente en anteriores reuniones, y su presidenta, Patricia Vérez, afirma que el Concello prometió una nueva reunión en julio sobre el plan de medidas. «Seguimos manifestándonos en contra de la declaración», añade Vérez, pues «limita los derechos de los propietarios», y propone en cambio ayudas para reformas, seguros de impagos y beneficios sociales para corregir los problemas de vivienda.

La directora del Comité Antisida de A Coruña (Casco), Sonia Valbuena, acudió este viernes por primera vez a la mesa, y habló «de la necesidad de que se hagan más viviendas para ONGs» como la suya, que gestiona pisos tutelados, de combatir los abusos a inquilinos o de una campaña para informar a la ciudadanía. También asistieron representantes de Aproinco, Apecco, los colegios de Arquitectos Técnicos y de Administradores de Fincas, Agalín, Emvsa, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Delegación del Gobierno, la Confederación de Empresarios, Poten100mos, Provivienda, RAIS, Cruz Roja, Accem y Cáritas.

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