La comunidad de peruanos en Galicia avisa de que no pedirá dinero para incinerar a Maritza

La Asociación de Peruanos en Galicia alerta de que no pedirán dinero "a nadie" para hacerse cargo de los ritos funerarios de Maritza, la mujer muerta este domingo a manos de su marido, en la Sagrada Familia. El representante de la comunidad en Galicia, Pedro Guillermo Arana Rojas, ha explicado a este diario que han acordado ya solicitar al Gobierno peruano que se haga cargo de la incineración del cuerpo, que se efectuará cuando les sea entregado, tras realizar todas las pruebas forenses necesarias para el esclarecimiento del crimen. Aclaran que no solicitarán apoyos económicos a particulares, para evitar que se produzcan prácticas fraudulentas.

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El hijo de Maritza había volado desde Perú para reencontrarse con su madre, aunque no llegaron a verse, ya que su marido la había matado antes. "El hijo se va a quedar, es padre de familia, tiene 29 años y vino solo, con intención de integrarse en la sociedad", ha comentado Arana que, ayer, estuvo presente en la concentración que hicieron los peruanos que residen en la ciudad y en los alrededores en la plaza de As Conchiñas. Será la comunidad de peruanos, a través de un grupo de Whatsapp, los que se encargarán de facilitarle su estancia aquí, "aportando cada uno lo que pueda", ya que el joven contaba con vivir esta transición con su madre, que tiene otros cuatro hijos más, todos ellos en Perú.

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"Justo hoy estaba previsto que le entregasen el NIE [el número de identificación de la población extranjera en España] a la mujer", ha explicado Arana, que ha recordado que la víctima y el autor confeso del crimen proceden de la misma región del sur de Perú, de Ilo, que habían "tonteado" por Whatsapp, él desde aquí y ella, desde allá, hasta que, "hace un año y medio", ella se trasladó a A Coruña para estar con él e iniciar una relación sin distancia de por medio.

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Él la agredió físicamente en septiembre de 2024, fruto de ese episodio violento se activó el Protocolo Cero para que Maritza entrase en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género (ella no lo denunció, así que, los funcionarios actuaron de oficio) y, el 27 mayo de este año, se dictó una sentencia condenatoria por estos hechos. Unas semanas antes, víctima y agresor habían contraído matrimonio. El fallo incluía una orden de alejamiento y trabajos en beneficio de la comunidad, que todavía no había cumplido.

El hombre se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la jueza de Violencia sobre la Mujer, que dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza. Está investigado por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Sobre las siete de la mañana del domingo, el agresor llamó a su expareja y madre de sus dos hijos, para comunicarle que había apuñalado a su mujer. Fue ella quien dio la voz de alarma al 112. Los agentes de la Policía Nacional se trasladaron a la vivienda que compartían, en el número 3 de la calle San Isidoro, donde el hombre les estaba esperando y donde encontraron el arma homicida.