Los taxistas exigen multas municipales a los VTC que operen en A Coruña

«Lo único que pedimos al Ayuntamiento y a la Policía Local es que actúen», afirma Ricardo Villamisar, presidente de Tele Taxi, sobre la presencia en A Coruña de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que, según este colectivo, prestan servicios que son exclusivos de los taxis. A la reciente llegada de Cabify a la ciudad se suma ahora Uber, de la que recuerda que operó en la ciudad hace años y «desapareció con la pandemia».

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Los VTC solo pueden transportar viajeros entre municipios diferentes, de acuerdo con la legislación autonómica, por lo que tienen prohibido llevarlos de un punto a otro de A Coruña. Villamisar denuncia que Cabify realiza este tipo de servicios «en un número considerable» y que sitúa sus vehículos cerca del estadio de Riazor cuando hay un partido de fútbol o de zonas de ocio nocturno «a la espera de captar un cliente a mano alzada».

«Pedimos al Concello que esté vigilante y que los VTC realicen los servicios para los que fueron asignadas las autorizaciones autonómicas», reclama Villamisar, quien recuerda que ya se abrió expediente a vehículos que trataban de captar clientes en zonas de copas y que asegura tener «plena fe en que el Concello va a actuar en consecuencia y protegerá su transporte público, porque el taxi tiene una licencia municipal».

El presidente de Tele Taxi destaca que la Ley obliga a estos vehículos a efectuar la contratación del servicio con quince minutos de antelación porque, si no, serían un servicio de inmediatez como el taxi y que deben comunicarlo a una plataforma del Ministerio de Fomento que se recoge dónde inician el servicio y dónde lo finalizan.

«Estamos esperando una reunión para que el Ayuntamiento nos explique cómo va a actuar contra los VTC», indica Antonio Vázquez, presidente de Radiotaxi, quien considera que desde la llegada de Cabify «no ha hecho nada». Asegura que no ha visto a ningún policía local inspeccionando estos vehículos y que los agentes le han informado que desconocen qué deben hacer, por lo que no descarta movilizaciones si persiste esta situación.

Uber informó a este periódico de que opera dentro de la legalidad en A Coruña y que no ha sido sancionada por ningún incumplimiento, aunque rehusó replicar a las quejas de los taxistas. La ordenanza de movilidad elaborada por el Concello, que ahora está en fase de exposición pública para la presentación de alegaciones, da opción a que empresas de VTC soliciten licencias para operar en la ciudad, pero con limitaciones. Entre ellas estála prohibición de que circulen «en busca proactiva de clientes» y mantiene la exigencia de un periodo previo de quince minutos entre la contratación y el servicio.

También impide que aparquen en lugares de gran afluencia de viajeros, como puertos, estaciones, centros comerciales y de ocio, hoteles, paradas de taxi, hoteles y hospitales. El incumplimiento de estas exigencias es considerado como una infracción grave que puede sancionarse con Sanción grave con multas de mil euros.

El Gobierno local informó el pasado martes que Uber carece de autorización para ofertar sus servicios en el interior del municipio y que no prevé conceder en el futuro este tipo de permisos. La alcaldesa, Inés Rey, destacó este miércoles que es la Xunta la administración que concede las licencias a los VTC, pero que delegó la competencia sobre las inspecciones y sanciones en los ayuntamientos mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024.

Rey se lamentó de que el Gobierno gallego «como siempre pase la patata caliente a las administraciones locales» porque a su juicio «se lava las manos en todos los asuntos que requieran una mínima complejidad» y de que traspasó esta competencia «sin avisar y sin coordinar para que hubiera una regulación armonizada».

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cuyo departamento gestiona el transporte público, replicó que la inspección de la actividad de la VTC es «estrictamente municipal» e invitó a la alcaldesa a que «tome las decisiones que considere oportunas» sobre estos vehículos. También señaló que los inspectores de la Dirección Xeral de Mobilidade no pueden sancionar infracciones de transportes que competen a los ayuntamientos, por lo que les informa cuando las detecta, y que se ofreció a ellos para coordinar la vigilancia sobre los VTC.