La falta de técnicos mantiene inmuebles de A Coruña sin pasar la ‘ITV’ tras un año de obligatoriedad

El 20 de mayo del año pasado los propietarios de edificios de viviendas colectivos de más de 50 años deberían haber presentado un Informe de Evaluación de Edificios (IEE), un documento elaborado por un técnico que informe sobre su estado. Pero, según coinciden las fuentes del sector, la fecha pasó sin que la mayoría de los edificios que deben cumplir la norma elevasen el informe al Concello, y muchos siguen sin tenerlo un año después. Entre las causas están la falta de profesionales suficientes para realizarlos y los elevados plazos y costes asociados con el proceso (que puede implicar realizar obras para pasar tener un IEE positivo). No tenerlo implica tanto riesgos legales como el de recibir una multa por parte del Ayuntamiento, si bien esta última posibilidad, al parecer, no se está plasmando. Dos colegios profesionales señalan que no tienen constancia de que se esté multando, mientras que el Concello no informa acerca de si está poniendo multas.

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«El año pasado se calculaba que había 7.000 edificios que no tenían el IEE», explica Carlos Mato, presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), y, si bien la cifra no es oficial, las cifras apuntan a que la mayoría de los inmuebles de la ciudad que debían presentarlo no lo han cumplido la obligación legal. El catastro indicaba que había más de 45.000 edificaciones fuera del medio siglo, y, aunque no todos precisan el informe, la Xunta señaló el año pasado que solo había recibido 673 informes del Concello, mientras que el Ayuntamiento calculaba en 2023 que se habían hecho unas 1.250 inspecciones. Este diario pidió ayer información actualizada a la Xunta, sin obtener respuesta al cierre de la edición.

Mato indica que los informes «se hacen a buen ritmo», pero que «cada año vuelven a cumplir un montón de edificios» la edad para precisar el informe, así que no sabe si la cifra de los que siguen pendiente aumenta o baja. El informe lo pueden elaborar tanto arquitectos como arquitectos técnicos, pero «no somos muchos los técnicos de ambos colegios dedicados a eso» y realizar el informe supone «bastante responsabilidad», por lo que hay algunos que «están empezando a dejarlo». La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, explica que no tiene «información actualizada» de la situación, pero indica que de los 1.000 arquitectos coruñeses «solo una parte» se dedican a los IEE. «Seguramente habría que hacer que mejorasen las condiciones de los encargos, y también que se atenuasen los riesgos» para incentivarlos, añade.

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La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, indica que «muchas comunidades de propietarios están haciendo los deberes», sobre todo cuando piden ayudas a la rehabilitación, pues se les exige «estar al día». Pero, por «muchos factores», hay edificios que siguen sin elaborarlo. Hay muchas comunidades de propietarios, explica Vérez, que «tienen problemas para afrontar el coste del servicio» y las derramas. Además, «estamos teniendo problemas para encontrar profesionales» que hagan los informes, y estos «con el programa informático» para presentarlos.

E incluso en los casos en los que las comunidades de propietarios inician el procedimiento, este puede alargarse. Según explica el presidente del colegio de arquitectos técnicos, desde el Ayuntamiento se prefiere que no se presenten informes desfavorables sobre el edificio, por lo que, si cuando se está haciendo el informe se aprecian deficiencias en el inmueble, habría que comunicárselo a la comunidad de propietarios para que pidiese licencias para hacer las obras que corrijan los problemas. Entonces se presenta un escrito al Concello pidiendo un aplazamiento para presentar el IEE, indica Mato, y «hay veces que lo conceden, y veces que no».

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El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha informado a sus miembros «sobre la obligatoriedad de la norma, para que informes a sus clientes de las consecuencias de no adaptarse a ella», explica Patricia Vérez. Entre ellas está recibir una multa del Concello de entre 300 a 6.000 euros, si bien los colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria pidieron al Ayuntamiento que no aplicase las sanciones, dadas las dificultades para cumplir con la legislación.

El Concello no ha respondido a las preguntas de este diario sobre si se han puesto sanciones, pero Vérez indica que «no tengo constancia» por el momento, aunque «que ocurra es una posibilidad». Carlos Mato añade que «no tengo constancia de que hayan sancionado a nadie». La alcaldesa, Inés Rey, afirmó el año pasado que eximir de sanciones es una «cuestión a estudiar», que dependerá en todo caso de «cuánto retraso llevan» los propietarios en la presentación del informe y del «número de edificios», pero el Gobierno local nunca ha confirmado que hubiese adoptado la política de no poner multas.

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Pero, aún sin las sanciones, puede haber otras consecuencias. Según explicó el año pasado a este diario el abogado Carlos Tomé, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña, si hay algún accidente por el mal estado de un edificio y alguien denuncia a la comunidad, la reclamación tendría «más posibilidades» de obtener una resolución a favor.

Si «como perjudicado dices: no es solo que tuviesen la escalera en mal estado, es que ni siquiera hay informe de evaluación», esto puede ser una ventaja en un juicio, pone como ejemplo el letrado, que añade que en algún caso podría haber algún tipo de responsabilidad civil hacia un presidente que no haya dado pasos para encargar el informe, pero tendría que ser un caso en el que el presidente «ha sido claramente negligente». Por ejemplo, si la comunidad ha dado pasos para solicitar el informe pero el presidente «no hace la más mínima gestión». Sin embargo, Tomé no considera posible que haya responsabilidad penal en ningún caso, ni siquiera por omisión.

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