La mayoría de los pisos turísticos de A Coruña carecen de código para anunciarse en Airbnb en agosto
Solo el 6% de estas viviendas pidió el permiso a Vivienda
El Ministerio ha aceptado 95 de las 272 solicitudes y ha rechazado 87
La norma estatal ya está en vigor, pero un acuerdo con la plataforma amplía el plazo hasta agosto

Pisos turísticos en la ronda de Monte Alto. / GERMÁN BARREIROS / ROLLER AGENCIA
A Coruña cuenta con 1.400 viviendas de uso turístico (VUT) anotadas en el registro de la Xunta. El Gobierno central ha impuesto que aquellas que quieran anunciarse en plataformas como Booking e Airbnb, es decir, en las que se hacen transacciones económicas, necesiten un código que se consigue al inscribirse en el Registro único de alquileres de corta duración. La norma entró en vigor el 1 de julio, pero el Ministerio de Vivienda y Airbnb han acordado ampliar el plazo hasta el 1 de agosto. Por ahora, según datos de la Delegación del Gobierno, en la ciudad ha habido 272 solicitudes, se aceptaron 95, se rechazaron 87 y otras 90 se encuentran en revisión.
Así, solo un 6% de las VUT de la ciudad tienen activo el código que les van a pedir plataformas como estas, las que más utilizan los turistas, para mantener sus anuncios. Según lo acordado con el Ministerio, a partir de agosto, en solo diez días, Airbnb —que tiene unos 600 anuncios de pisos en A Coruña— remitirá de forma mensual a Vivienda la información exigida por la normativa, incluyendo los números de registro estatal y autonómicos correspondientes, según el tipo de oferta que se anuncie por los anfitriones. La plataforma retirará aquellos anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional. En estos casos, Airbnb se lo notificará previamente a los propietarios, ofreciéndoles un plazo para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva, salvo si se deriva de una revocación de número de registro estatal, en cuyo caso se producirá en 48 horas desde la notificación del Ministerio. Se entiende que el proceso con Booking, con unos 400 anuncios de VUT en A Coruña, será idéntico.
Ahora hay 95 aprobadas y 90 en análisis. Si estas reciben el visto bueno sumarían 185, pero el porcentaje con respecto al total de VUT seguiría siendo bajo: un 13%. Apenas una de cada diez. El resto tendrán que desaparecer de estas plataformas.
En A Coruña, además, hay una dificultad añadida para que los propietarios consigan el código del Registro único. Para ello tienen que presentar un título habilitante municipal que solo se puede conseguir si se cumplen los requisitos de la nueva ordenanza que el Concello aprobó para regular las viviendas de uso turístico. La norma solo permite las VUT en bajos, primeros pisos y edificios enteros, pero nunca encima de una vivienda habitual. El dueño de un piso vacacional en la tercera planta de un inmueble situado en la calle Juan Flórez, por ejemplo, no recibirá el permiso municipal para proceder con su registro sino que se declarará ineficaz y no podrá completar la solicitud para obtener el código.
El Gobierno central reivindicó la puesta en marcha de esta herramienta para, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, «acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios», así como con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para «especular» con el precio de la vivienda.
Basta con echar un vistazo a Airbnb para ver que algunos pisos anunciados no incluyen el código de registro de la Xunta —el que hasta ahora era obligatorio—, sobre todo aquellos que ofertan habitación dentro de un alojamiento, y no la vivienda completa.
Viviendas temporales
La norma del Gobierno central afecta también a las viviendas temporales, siempre y cuando se promocionen en Airbnb o Booking. A diferencia de las turísticas, estas se arrendan por motivos como estudios, trabajo, obras o tratamientos médicos. Según los datos de la Delegación del Gobierno, de este tipo de alojamientos se han tramitado 128 solicitudes, de las que se han aprobado 107 y se han revocado siete.
Los propietarios que no cumplan pueden enfrentarse a multas que van desde los 2.000 a los 500.000 euros, según la comunidad autónoma y la gravedad de la infracción.
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