El Ministerio de Vivienda declara A Coruña zona tensionada

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana declara A Coruña entre las 21 nuevas zonas tensionadas para el alquiler debido al incremento desproporcionado de los precios, tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida permitirá congelar alquileres y dar bonificaciones fiscales a arrendadores. A Coruña es el primer municipio de Galicia en ser declarado zona tensionada, aunque el departamento que dirige Isabel Rodríguez avanza que pronto se sumará Santiago de Compostela. Galicia se convierte así en la primera comunidad gobernada por el PP donde se aprueba en una ciudad el control de precios. España cuenta en la actualidad con un total de 301 municipios con mercados tensionados, donde residen 8,28 millones de habitantes. El pasado mes de junio, el Gobierno autonómico dio el visto bueno a la solicitud del Ayuntamiento de declarar A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, después de la primera petición realizada a finales de 2023.

¿Qué supone la declaración de zona tensionada?

Si un piso tiene un contrato de alquiler que haya estado vigente en los últimos cinco años y se firma uno nuevo, el precio tiene que ser el del último mes del anterior acuerdo. Solo se permiten algunas subidas tasadas en casos como que el propietario haya hecho obras de mejora, y no se pueden imponer nuevas condiciones al inquilino. Los arrendatarios, además, pueden solicitar prorrogar sus contratos, de manera extraordinaria, por un periodo máximo de tres años, y los dueños del piso no pueden oponerse.

A los "grandes arrendadores", esto es, los propietarios de más de diez pisos, se les obligará a cobrar, como máximo, la renta calculada por el índice de precios de referencia del Estado, una limitación que también se aplicará a pisos que salgan al mercado sin haber tenido contratos de arrendamiento en los últimos cinco años. A cambio, habrá bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen precios o introduzcan en el mercado de alquiler viviendas arrendadas a personas de entre 18 y 35 años.

Estas medidas deben contener los precios en la ciudad y dar tiempo a las administraciones para llevar a cabo iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda a los ciudadanos y corrijan los problemas del mercado inmobiliario a medio y largo plazo. El Concello aprobó la semana pasada en Junta de Gobierno local un plan de actuación para construir unas mil viviendas protegidas o de alquiler asequible que acompaña a la declaración de zona residencial tensionada. En la propuesta se plantean medidas como movilizar pisos vacíos, dar ayudas a la rehabilitación o fomentar "viviendas colaborativas y otras fórmulas alternativas".

También contempla "posibles vías de penalización a los grandes propietarios que mantengan viviendas desocupadas vacías" e incentivar que las oficinas se trasladen de pisos altos a bajos, aprovechando los inmuebles que queden libres para "viviendas públicas y sociales". El plan incluye pasar de las 873 viviendas sociales que actualmente existen en la ciudad a más de 20.000 en el año 2045, aunque está por determinar cómo se harán la mayoría de ellas.