Fiscalía del Estado plantea agrupar juzgados de la provincia para combatir el narcotráfico

La Fiscalía General del Estado califica de «magnífica posibilidad» en su memoria de 2024 la especialización de órganos judiciales de algunas zonas y provincias en materia de delincuencia organizada, sobre todo de tráfico de drogas. Entre los lugares más afectados por este tipo de delincuencia menciona la provincia de A Coruña, en la que en los últimos tiempos se han desarrollado importantes actuaciones contra organizaciones de narcotraficantes, la última de las cuales fue la que permitió detener a 14 personas que desembarcaron 3.600 kilos de cocaína con un narcosubmarino en la ría de Arousa.

La Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supone para la Fiscalía una «oportunidad» en este sentido, ya que permite agrupar Secciones de Instrucción y Secciones Únicas de varios partidos judiciales limítrofes de una provincia ante el incremento de la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas o personas.

Aunque reconoce que la eficacia de esta medida «puede verse limitada por la falta de dotación presupuestaria» para aplicarla, señala que «vendría a paliar los problemas de algunas zonas y provincias», en las que dice que los juzgados están «sobrecargados». La apertura de secciones especializadas permitiría a esos órganos judiciales «ser relevados de la atención a grandes y complejos procedimientos», aunque advierte de que las primeras «deben ser dotadas con personal especialmente formado y medios suficientes» para afrontar las complejas investigaciones necesarias en estos delitos.

Para ello reclama «garantías reforzadas de confidencialidad, seguridad y capacidad de investigación», no solo con medidas tecnológicas, sino también de indagación sobre patrimonios y blanqueo de fondos. La memoria expresa la preocupación por «el incesante crecimiento del número de procedimientos por delitos de tráfico de drogas», que el año pasado fue de un 23,21%, mientras que las diligencias incoadas por ellos en la Audiencia Nacional lo hicieron un 32,14%.

También apunta que el mayor aumento fue en los delitos más graves, cometidos por organizaciones que operan en varias provincias, pero cuando no existe constancia de ello, deben ser abordados por juzgados territoriales, lo que genera retrasos hasta que las causas llegan a la Audiencia Nacional, por lo que considera que el criterio de la interprovincialidad es «inadecuado» para determinar qué delitos deben ser investigados por el órgano central.

Para justificarlo, explica que cuando se conoce que una organización de traficantes opera en varias provincias, los juzgados han concluido ya en algunos casos la instrucción de «causas complejas y voluminosas», de forma que se produce un «daño irreversible para la Administración de Justicia» que afirma que «conduce al fracaso, con la consiguiente frustración de todos los implicados en la investigación».

Estas situaciones han llevado a la Fiscalía Antidroga a reclamar un «análisis cuidadoso de la realidad de la criminalidad organizada» en relación con las competencias de la Audiencia Nacional, de forma que se limite a intervenir «en las causas que merecen una investigación centralizada, especializada, confidencial y segura». El Ministerio Público pone de relieve que en los juzgados territoriales se produce «una inaceptable lentitud en la tramitación de los procedimientos de especial trascendencia», motivada por su complejidad y elevado número de investigados. A esto se suma el aumento de los delitos violentos asociados al narcotráfico, como los robos entre diferentes clanes de traficantes —los llamados vuelcos— o los ajustes de cuentas, lo que según la Fiscalía «produce un colapso de los órganos judiciales, especialmente en los mixtos», ya que a la investigación judicial se añaden gestiones como decomisos, embargos, usos provisionales o encargos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pertenecientes a los delincuentes.

La propia Audiencia Nacional , también padece sobrecarga, por lo que la Fiscalía dice que «no está en condiciones, con la actual organización y dotación» de asumir la instrucción de las causas sobre tráfico de drogas organizado más grave. Señala que aunque el Ministerio Fiscal trata de acelerar la instrucción de las causas más complejas, esta labor recae sobre los juzgados y que la organización judicial actual «no permite realizar operaciones complejas», hasta el punto de que no se ha podido disponer de letrados para efectuar al mismo tiempo veinte registros judiciales.

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