Rectificación: La apertura pública de Casa Cornide, pendiente de la respuesta de la Xunta de Galicia desde hace meses

En virtud del derecho de rectificación recogido en la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo a petición de Jaime Martínez-Bordiú Franco y de la sentencia de 30 de septiembre de 2025 del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de A Coruña, y respecto a la información titulada «El recurso de los Franco dilata aún más la apertura de la Cornide», reproducimos el siguiente texto:

"La familia Martinez Bordiú Franco no ha dilatado en ningún momento la apertura pública de Casa Cornide, sino que ha sido el retraso en la tramitación por la Xunta de Galicia el que ha motivado que no se hallan (sic) podido llevar a cabo esas visitas hasta el momento.

Tras su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en mayo de 2023, no fue hasta agosto de 2024, cuando la Xunta requirió fehacientemente a los propietarios para aportar una propuesta de plan de visitas, para su aprobación administrativa.

La familia Martinez Bordiú Franco aportó su propuesta en noviembre de 2024. Esa propuesta implicaba que la Xunta de Galicia estableciera un procedimiento para la organización y gestión pública del acceso, y la asunción de sus costes.

La Xunta comunicó el pasado mes de marzo que la Directora Xeral de Patrimonio consideraba adecuada la propuesta, pero sin establecer ningún mecanismo administrativo ni fórmula de colaboración para la organización y gestión de las visitas públicas.

La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia únicamente impone a los propietarios de un BIC el deber de permitir la visita pública del inmueble, deber que nunca ha negado la familia Martinez Bordiú Franco, pero en ningún caso se exige que sea la propiedad la que asuma la gestión, organización y los costes de dicho acceso público, lo que corresponde a la Administración Pública competente, en este caso, la Xunta de Galicia.

De esta manera, a día de hoy, la única causa de que no se haya podido materializar el acceso público de Casa Cornide es que la Xunta de Galicia no ha establecido ningún mecanismo administrativo que posibilite la gestión y organización pública de las visitas, así como la asunción de sus costes por la Administración Pública.

Todo lo anterior ha motivado que la familia Martinez Bordiú Franco haya recurrido administrativamente la sanción de 3.000.-€ impuesta por la Xunta, pero ese recurso en nada afecta a la apertura pública de Casa Cornide, a lo que ya han accedido los propietarios desde hace meses.”