Así endurecerá la ordenanza de terrazas de A Coruña las multas por incumplimiento
La norma, aún en fase de borrador, duplica la sanción más alta, hasta 3.000 euros, e introduce sanciones coercitivas de hasta 10.000 mientras no se reponga la legalidad

Terrazas de la avenida de la Marina, este sábado. | Casteleiro
El borrador de la nueva ordenanza reguladora de terrazas, que el Concello ya ha presentado a los hosteleros, refuerza el control sobre la ocupación del espacio público y eleva las multas para quienes incumplan la normativa.
Las infracciones leves abarcan incumplimientos menores, como no mantener las condiciones de limpieza, el deterioro de los equipamientos o espacios, instalación de elementos no autorizados o no exhibir de forma visible la licencia de terraza, y serán sancionadas con multas entre 100 y 750 euros, sensiblemente más altas que las de la ordenanza vigente, que sancionaba con un máximo de 500 las faltas leves, aunque empezaban en 300.
Las graves, sancionadas con entre 751 y 1.500 euros —en la ordenanza vigente son entre 500 y 900—, incluyen conductas como ampliar la superficie autorizada, incumplir la obligación de retirar los elementos una vez superado el horario establecido, o la instalación de aparatos de música o reproductores de imagen no permitidos.
Las muy graves, con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros, se reservan para situaciones como instalar una terraza sin licencia, reincidir en incumplimientos, impedir la accesibilidad universal, la carencia de seguro de responsabilidad civil o desobedecer órdenes de retirada. Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves, a los dos años y las muy graves, a los tres.
Además de las infracciones a la propia ordenanza, la norma recoge las sanciones previstas en la Ley de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, que abarca toda la actividad hostelera, con multas entre los 300 euros para infracciones leves hasta los 600.000 en el caso de faltas muy graves acumulativas, que podrán llevar al cierre del local o la prohibición de la actividad. En este punto, se consideran muy graves reabrir establecimientos clausurados, omitir trámites esenciales a la hora de poner en marcha el negocio, falsear datos o comunicaciones o tener los espacios en mal estado, con riesgo apara la seguridad de las personas.
Medidas preventivas
El borrador de la norma introduce las multas coercitivas, que podrán imponerse de manera reiterada —de 1.000 a 10.000 euros cada una— mientras no se repongan las condiciones de legalidad. Estas sanciones serán compatibles con el pago de tasas municipales y los gastos derivados de la ejecución forzosa, de modo que el infractor deberá asumir todos los costes ocasionados por la retirada o regularización de su terraza. Además, si la instalación de la terraza produce daños en el espacio público, será el titular de la licencia el que deba asumir el coste de su reparación.
Este borrador propone, como medidas preventivas a posibles sanciones, un plan anual de inspección de terrazas, con el fin de «programar, racionalizar y priorizar» inspecciones. En esta línea, el texto faculta directamente a la Policía local para retirar elementos, precintar la terraza o suspender la actividad si hay riesgo para seguridad, si compromete la accesibilidad universal, si se ocupa mayor superficie de la autorizada o si se incumplen los horarios, generando trastornos en el descanso de los vecinos. Estas medidas pueden adoptarse antes de iniciar un expediente sancionador.
Se trata de un plan mucho más detallado que el que planteaba la ordenanza vigente de 2013, que solo recogía medidas cautelares dentro del expediente, no preventivas.
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