La ORA de A Coruña saldrá a concurso con la grúa a inicios de 2026 sin ampliar la zona de pago

El Concello sacará a inicios del año que viene un concurso para elegir a la empresa que gestionará conjuntamente los servicios de la ORA y de la grúa municipal, pero no se ampliarán las zonas en las que se paga por aparcar, según aseguran fuentes del Gobierno local. La nueva ordenanza de movilidad, que entra en vigor este lunes, incluye un mapa en el que se establecen nuevos barrios a los que se podría extender la ORA, pero la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, afirmó que esta «sería una zona de máximos» para el futuro concurso. Pero, con este en ciernes, fuentes municipales insisten en que «el Concello no contempla ampliar la ORA».

El mapa incluido en la ordenanza de movilidad incluye, como barrios a los que se podría expandir la ORA, las zonas de la Ciudad Jardín y Riazor, la Ciudad Vieja, Os Mallos, Vioño, las dos fases de Elviña, Matogrande y el entorno del parque Europa. Pero el Gobierno local interpreta que la ordenanza, que incluye regulaciones relacionadas con la ORA como los vehículos exentos de pago o las infracciones o sanciones por infringirla, se limita a decir que es potestad del Ayuntamiento» realizar una ampliación o no, y que no implica un aumento de los barrios en los que se paga por aparcar.

Esta norma tampoco establece cuáles son las tasas a pagar por los usuarios, sino que se remite a que se debe abonar la establecida en la «correspondiente ordenanza fiscal». Este diario ha preguntado al Ayuntamiento si el nuevo contrato vendrá acompañado de una nueva ordenanza fiscal en la que se ajusten los precios, pero no ha obtenido respuesta.

Los servicios de la ORA y de la grúa, que fueron separados en 2015 y que actualmente están en precario al haberse superado el plazo máximo del contrato, volverán a formar parte de la misma licitación, descartando que haya una gestión directa de los servicios por el Concello. Fuentes del Gobierno local afirman que los trabajadores de ambas concesionarias han pedido al Ayuntamiento «que se unifiquen nuevamente» a través del nuevo contrato, pues consideran que se «ha funcionado mejor» con los dos servicios a cargo de la misma empresa. En mayo de 2024, el Concello contrató por cerca de 10.200 euros una asistencia técnica para preparar el nuevo concurso conjunto.

Este todavía no ha salido. El primer servicio se formalizó el 27 de julio de 2015 con una Unión Temporal de Empresas (UTE) de Valoriza y Sogesel. Según las condiciones del concurso, el plazo era de cuatro años, prorrogable a otros dos, con lo que lleva años realizándose en precario, algo que ha criticado la oposición.

En cuanto a la ORA, la concesionaria es la empresa Setex, que también se había presentado al contrato de la grúa pero no lo logró. Empezó a dar el servicio el 16 de octubre de 2015 por un periodo de ocho años, que se podría prolongar dos más hasta los diez. La duración se modificó a raíz de la pandemia, pues el estado de alarma supuso una caída de los ingresos de la concesionaria, que le pidió al Concello una compensación de algo más de 230.000 euros.

El Concello realizó una contraoferta, a la que la empresa dio su conformidad, y finalmente no pagó, pero extendió el contrato 9,6 meses. Aún así, la duración original terminó, y en 2024 la Junta de Gobierno Local aprobó prorrogar el contrato otro año mientras se preparaba el nuevo concurso. Si este tarda en resolverse, el servicio podría rebasar los periodos de prórroga previstos.

Actualmente, el servicio de Movilidad está trabajando en los pliegos, esto es, las condiciones del concurso, con el objetivo de tenerlos preparados «antes de finalizar el año» y remitirlos al servicio de Contratación. Este los analizará, y, si se cumplen los plazos que prevé el Concello, se tramitará la salida a concurso «a inicios de 2026».

Nuevo modelo por las pérdidas

Entre 2005 y 2015, la gestión tanto de la ORA como de la grúa corría a cargo de la empresa Doal. Era una filial del grupo Vendex, que fue investigado en aquel momento por presuntas adjudicaciones irregulares de concursos públicos en la operación Pokemon. En 2008, siendo alcalde el socialista Javier Losada, la concesión empezó a dar pérdidas, y en 2012, ya con el popular Carlos Negreira como regidor, el Gobierno local empezó una investigación porque sospechaba que la empresa reducía los ingresos e incrementaba los costes del servicio.

El déficit costó a Hacienda municipal, al menos, 3,5 millones de euros, y el Gobierno local del PP decidió no prorrogar el contrato y dividir los servicios en dos. También cambió las condiciones para que el Ayuntamiento no se hiciese cargo de posibles pérdidas.

El Gobierno local de Marea Atlántica, que asumió en 2015, asumió el concurso que habían iniciado los populares y formalizó la adjudicación. Descartó anular el procedimiento iniciado por el PP y municipalizar, pues, según argumentó el entonces alcalde Xulio Ferreiro, esto «podría suponer un riesgo económico grave tanto para la Administración local como para los propios trabajadores».

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