Técnicos de Menores denuncian falta de medios, sobrecarga y precariedad en A Coruña

Sobrecarga, precariedad y falta de medios humanos. Es la denuncia de los Equipos Técnicos de Menores de la provincia de A Coruña, dependiente de la Consellería de Política Social, que piden medidas «inmediatas» para evitar el colapso del sistema de protección de la infancia. Una situación que, aseguran, se remonta una década, la misma que llevan pidiendo mejoras para paliar las condiciones laborales «pésimas» de un servicio «infradotado», especialmente en la provincia, que, detallan, es la que sale peor parada, a pesar de ser la que cuenta con un mayor número de menores censados. Tras hacerse pública esta denuncia, este diario preguntó por ella a la Xunta, sin obtener respuesta por ahora.

También es la provincia, señalan, que concentra un mayor número de menores tutelados o en situación de acogida familiar, que solo disponen de tres equipos —entre los que se reparten 34 profesionales de diversas disciplinas—, y en los que cada técnico, añaden, llega a asumir entre 70 y 80 expedientes, una media por encima de lo recomendable y que «se sigue incrementando».

A la saturación de estos equipos se une la que padecen los sistemas de protección complementarios, como los servicios sociales comunitarios básicos, la atención a salud mental infantojuvenil «con once meses de atraso en la primera cita» o los juzgados de familia «que pueden prolongarse dos años». A ello se le suma, señalan, las «precarias condiciones laborales» de los profesionales, entre las que citan bajas retribuciones, categorías profesionales inferiores a la responsabilidad del puesto, estrés y elevada rotación del personal. Los profesionales del servicio recuerdan que el reconocimiento salarial de sus tareas especiales —como la obtención de datos estadísticos o labores administrativos, que se suman a las propias de su cargo— fue reclamado vía judicial por parte del personal en el año 2022, obteniendo sentencias favorables en 2024.

Espacios inadecuados

Esta sobrecarga, añaden, dificulta la calidad de las intervenciones con los menores. Tampoco facilita las cosas, añaden, el edificio Amizar, donde se encuentran las oficinas territoriales de Política Social, que, denuncian, cuenta «desde su reinauguración» con una serie de problemas «denunciados en varias ocasiones». Entre estas deficiencias, citan falta de espacios adecuados para atender a los niños y niñas, o para que sus familias esperen en un entorno tranquilo, «lejos de público ajeno a su situación vital». La ley de protección de datos exige una especial protección y cuidado en estos casos, «que no se puede desarrollar cuando las familias atendidas comparten espacio con las Oficinas de Registro ordinarias».

También definen como «insuficientes» las salas de entrevistas, con tres para seis equipos y una media de siete entrevistas diarias cada uno, sin aislamiento acústico, «sin «espacios amables» para menores o espacios de espera infantiles. «Los materiales infantiles son donaciones de los propios técnicos». Para paliar todas estas deficiencias, proponen incrementar el personal técnico, reducir la ratio de expedientes, mejorar las condiciones salariales y el reconocimiento de los niveles profesionales, adecuar los espacios de trabajo o crear nuevos perfiles profesionales, especialmente asesores jurídicos, entre otras mejoras urgentes.