El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña

«El uso de drones ha crecido exponencialmente. Se nota muchísimo porque es una cosa que hace unos pocos años ni existía y ahora hay cada vez más en el mercado. Es una herramienta fabulosa para tomar unas imágenes, incluso para jugar a volar un poco, y en la parte profesional da muchísimas opciones a trabajos profesionales como la topografía», explica Borja Iglesias, quien con su compañero Francisco Calvo integra el equipo Pegaso de la Guardia Civil en la provincia de A Coruña.

Esta unidad es responsable del control del vuelo de estos aparatos, así como de ultraligeros, avionetas, helicópteros pequeños, ala delta, los denominados paramotor y paratraike, globos aerostáticos y aparatos de aeromodelismo, aunque los drones son los que generan una mayor actividad de estos especialistas. El equipo, que también tiene competencias en investigación administrativa de los accidentes aéreos, fue creado en el año 2020 y tiene su base en el cuartel de la Guardia Civil de Culleredo, desde donde presta servicio a toda la provincia, excepto en las localidades de A Coruña, Ferrol y Santiago, donde la competencia es del Cuerpo Nacional de Policía.

La provincia coruñesa, y más concretamente el entorno de su capital, es precisamente una de las que cuentan con una mayor actividad de los usuarios de drones en España, tanto por parte de usuarios profesionales —debido a la presencia entre otros de operadores como el Instituto Tecnológico de Galicia y la empresa Aeromedia—, así como de los aficionados. Iglesias atribuye este elevado número de aparatos al atractivo que representa la costa para los amantes de la fotografía aérea, además de al elevado volumen de población del área metropolitana de A Coruña. Esto hace que el equipo tenga que tramitar cada semana entre 25 y 30 solicitudes para operar con drones.

Iglesias destaca la versatilidad que tienen los drones para su utilización en todo tipo de trabajos, como la vigilancia de infraestructuras y destaca que en el puerto exterior de A Coruña van a ser empleados para el control de las descargas y el cálculo del número de contenedores o del volumen de grano que transportan los barcos. Pero estos aparatos tienen también una vertiente recreativa que ha hecho que su utilización se haya extendido de forma rápida, aunque sin ir acompañada de un conocimiento de la normativa que regula sus vuelos.

«Es una gran desconocida y el que la conoce, la conoce a medias», se lamenta este agente sobre la regulación de los drones, quien advierte de que las áreas de vuelo permitidas para estos aparatos «están muy limitadas, ya no solo por las de los aeropuertos, que son muy amplias, sino por otras como helipuertos, infraestructuras críticas, espacios naturales protegidos y zonas de especial protección de aves».

La normativa establece una restricción de vuelo en un área de ocho kilómetros de distancia de los aeropuertos, «pero en la realidad es mayor porque cada aeródromo tiene su propia naturaleza y necesita más o menos», explica Iglesias. En la provincia de A Coruña el espacio de control de los aeropuertos —en el que debe contarse con una autorización de la empresa Enaire, el proveedor de servicios aeronáuticos— forma una zona alargada que une los entornos de Alvedro y Lavacolla e imposibilita volar sin ese permiso en gran parte del territorio. A eso se suma el espacio aéreo de la base naval de Ferrol, que abarca toda la ría, los municipios limítrofes y llega por el norte casi hasta Estaca de Bares, lo que restringe aún más la posibilidad de usar los drones sin esa autorización.

La página web de Enaire Drones permite conocer los mapas aeronáuticos en los que se establecen las limitaciones para el vuelo, que pueden ser permanentes o temporales, estas últimas debidas a circunstancias que restringen la operatividad durante periodos cortos de tiempo. En el caso de A Coruña, la limitación para el uso de drones se extiende desde Caión por el oeste hasta Betanzos por el este, mientras que por el sur la proximidad de Lavacolla hace que las zonas de protección de ambos aeropuertos se unan y se prolonguen por la provincia de Pontevedra. Pero, a pesar de la regulación existente, es fácil observar a personas que hacen volar drones en zonas restringidas sin la autorización necesaria.

En los primeros seis meses en 2020, el primer año en el que operó, el equipo Pegaso tramitó 165 expedientes sancionadores por el uso incorrecto de drones, aunque esta cifra descendió de forma progresiva al difundirse la necesidad de disponer de permiso para hacerlos volar. La Guardia Civil advierte de que las sanciones son muy elevadas porque la normativa de la Agencia de Seguridad Aérea que se aplica es la misma que para las compañías aéreas.

Aeropuertos, espacios naturales y algunas infraestructuras limitan las zonas de vuelo

El equipo Pegaso recibe en ocasiones avisos por parte de la ciudadanía cuando se sospecha que alguien usa un dron de forma inadecuada. «La mayoría de esos drones que la gente ve son operativas autorizadas y que están bajo control, aunque otras no. Ahí está nuestra labor en detectarlas, buscarlas y proceder a sancionar administrativamente las que procedan», comenta Iglesias.

La detección de estos aparatos no autorizados es difícil en un área tan extensa como la que tiene carácter restringido en la provincia coruñesa, por lo que la Guardia Civil espera disponer en breve del sistema de detección global Siglo-CD, que hará posible saber en tiempo real dónde se encuentran los drones infractores de la normativa e incluso inhibir su frecuencia para impedir que vuelen. La actuación se realizaría desde las propias instalaciones del equipo Pegaso de forma remota, para lo que se utilizaría una aplicación que se conectaría a las antenas más próximas a la zona de vuelo del dron.

«Todo vuelo que se haga va a quedar registrado ahí. Incluso aunque haya sucedido con anterioridad, nos va a permitir acceder a todos los registros de ese vuelo y proceder administrativamente», detalla este agente, quien aclara que «habría que decidir si es necesario hacer la inhibición del dron, por cuanto haya un peligro o no, porque esa inhibición inhibiría a todo lo que estuviera en el área que funcionara con radiofrecuencia.

Aunque los vendedores de drones deben informar al comprador de la existencia de la normativa y de que debe leer el manual de instrucciones del aparato, en el que vienen especificadas las restricciones de vuelo, lo cierto es que los usuarios siguen incumpliéndolas. Una vía de solución del problema es la utilizada por la marca china DJI, la más vendida del mercado, que incorpora en sus productos un sistema programado para que no entren en las áreas de tránsito de los aeropuertos, que incluye una alerta en los mandos y la inhibición de su funcionamiento.

Los agentes del equipo Pegaso no han tenido que intervenir hasta el momento en las proximidades del aeropuerto de Alvedro por la presencia de un dron, aunque sí en el de Lavacolla, pero sin que llegara a interrumpirse el tráfico aéreo, una situación que ya se produjo en otras terminales españolas y que supone un grave trastorno para los viajeros y las compañías aéreas, que sufren importantes pérdidas económicas.

Entre las incidencias más curiosas a las que han tenido que hacer frente estos agentes está la del dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y quedó atrapado en la terraza situada en lo alto del faro. También destaca la apertura del Año Santo celebrada en la plaza del Obradoiro de Santiago, en la que estaba presente el Rey y un turista italiano hizo volar su dron de forma despreocupada, a pesar de las estrictas medidas de seguridad que se habían establecido, por lo que fue necesario inhibir el funcionamiento del aparato.

Para ese tipo de situaciones, en las que se prevé la existencia de un riesgo, se utiliza un fusil inhibidor, aunque hasta ahora solo ha sido necesario emplear este recurso en un par de ocasiones porque cuando se detecta un vuelo irregular los agentes se aproximan al lugar donde se encuentra el piloto y le solicitan que lo haga aterrizar para efectuar la inspección del vuelo y de la documentación necesaria.

«El inhibidor nos da una herramienta para casos de especial protección, ya sea de personalidades, de eventos o de áreas concretas, en la que no se quiere que entre un dron bajo ningún concepto, ya que no hay tiempo de preguntas ni de ruegos y ante la aparición de un aparato habría que neutralizarlo», comenta Iglesias.

La forma en la que actúa ese fusil es mediante la inhibición de las frecuencias de radio con las que el mando que utiliza el piloto transmite las órdenes al dron. «Si inhibimos la señal, el dron pierde contacto con la estación y el piloto y, por tanto, no tiene el control de él y lo que va a hacer es quedarse parado intentando recuperar esa señal y si no lo consigue, va a volver al punto de partida», apunta el guardia civil, que añade que la mayoría de drones tienen un sistema que les hace volver al punto del que despegaron porque está fijado con un GPS, lo que facilita localizar la posición del piloto e incluso alejar el aparato de la zona de riesgo y hacerlo caer a tierra.

«La decisión de hacerlo de una manera u otra dependerá del riesgo, de la amenaza del dron, del peligro de que caiga encima de algo o de alguien», apunta este especialista. «Tiene un alcance de dos kilómetros y puede usar ondas electromagnéticas en abanico, lo que nos da la posibilidad de alcanzar un dron sin tener mucha puntería, por así decirlo», detalla sobre el funcionamiento del fusil inhibidor.

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