Deficiencias en la gestión del ingreso mínimo rebajan la cuantía a beneficiarios

El Gobierno puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como medida de contención de la crisis económica en plena pandemia. Su urgente entrada en funcionamiento, ante la emergencia social suscitada por las medidas de restricción en hogares vulnerables, llevó a una serie de problemas para gestionar la prestación, como errores en el cálculo o incompatibilidad con otras ayudas.

Unas fallas que, denuncian trabajadores sociales, no se han subsanado cinco años más tarde, generando situaciones «muy gravosas» para muchas familias, que ven revisada a la baja la cuantía que les corresponde, con el fin de ajustarla al ejercicio fiscal anterior, lo que tiene como consecuencia que afronten mayores dificultades para cubrir necesidades básicas.

Fue la Fundación Amigos de Galicia la que denunció «el impacto» de estas revisiones en los hogares de la comunidad, y alertó de un aumento de beneficiarios que han percibido una drástica rebaja en el subsidio en las últimas semanas. Como ejemplo, citan una unidad familiar compuesta por una madre con dos hijas a cargo, una de ellas con discapacidad, que «ha visto reducida su prestación a 51,20 euros mensuales» tras la revisión, cuando hasta el momento percibían 430 euros.

La situación, si bien se ha intensificado en los últimos tiempos, no es nueva. Trabajadores del ámbito de lo social llevan tiempo alertando de los perjuicios que acarrea en hogares vulnerables la gestión deficiente de la prestación. Una realidad que no es ajena en A Coruña. «Pasa desde 2020. Para el cálculo de la cuantía que corresponde a una persona o unidad se toman de referencia los datos fiscales del año anterior a la solicitud, que computan ingresos derivados del trabajo y prestaciones», explica el trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña, Pablo Sánchez Ferreira. Este año, explica, se llevó a cabo una revisión de las prestaciones tras la declaración de la renta, que los perceptores de IMV están obligados a hacer. «En junio hicieron la primera revisión, y ahora una segunda. Hay quien tiene ingresos del 2024 reflejados en la declaración, que llevan a un descuento en la prestación, lo cual es muy gravoso porque se quedan sin recursos», explica.

Es una cuestión que las entidades sociales han puesto, en numerosas ocasiones, en conocimiento del Ministerio de Seguridad Social, con el fin de que este subsane estas deficiencias en la gestión, que dan lugar a situaciones de unidades familiares que perciben un subsidio y el Ingreso Mínimo Vital, lo que excede el máximo de lo que debería percibir y lleva a estas reclamaciones de cobro indebido. «Podría evitarse con un registro de prestaciones a tiempo real, como con la Risga, donde se puede comprobar la situación económica de la persona en el momento y qué está percibiendo», propone el trabajador social. Un Real Decreto recoge, en el año 2023, la compatibilidad del IMV con el trabajo remunerado hasta determinados ingresos, con el fin de incentivar el acceso al empleo, pero no tiene en cuenta la situación de los beneficiarios que no están actualmente en el mercado laboral. «El IMV se implanta en junio del 2020, y hasta la campaña de la renta no empezamos a detectar estos defectos de la prestación. El Ministerio tuvo tiempo para haberlo corregido, y así sigue», lamenta.

Suscríbete para seguir leyendo