Más de la mitad de los pisos turísticos son ilegales tras 4 meses de ordenanza

El Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta cuenta, a 1 de octubre de este año, con 1.385 alojamientos dedicados al uso vacacional. En su directorio puede comprobarse que se mantienen en la lista viviendas que, con la normativa municipal en la mano, ya no deberían estar activas, como un piso de cuatro habitaciones en una planta 18 o sextos y séptimos en edificios dedicados al uso residencial. En un cálculo aproximado, ya que hay entradas dudosas —pisos que solo están registrados con la letra izquierda, por ejemplo, o que no especifican si todas las alturas son de uso turístico—, tan solo 575 cumplirían estrictamente la normativa municipal, que entró en vigor a principios de julio, por lo que los propietarios de estos negocios deberían haber regularizado ya su situación.

Según la ordenanza vigente, los pisos de uso turístico solo pueden instalarse en edificios exclusivos dedicados a esta actividad, en primeros y bajos y nunca encima de una vivienda habitual, de modo que un tercer piso en una de las torres de San Diego, por ejemplo, no podría dedicarse a esta actividad, por lo que el Concello le negaría el pertinente título habilitante. Cuatro meses después de la entrada en vigor de la normativa, sin embargo, este tipo de negocios siguen engrosando el registro de la Xunta que, de haberse aplicado la ordenanza a rajatabla, debería estar ya en menos de la mitad de alojamientos.

Fuentes municipales indicaron que ofrecerán datos actualizados a lo largo de este martes, tras recibir las preguntas de este diario sobre cuántas solicitudes se habían realizado para formalizar la situación de viviendas turísticas en la ciudad desde la entrada en vigor de la ordenanza. Las cifras que arroja la lista de octubre del REAT casan con la estimación que hacía el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, de que, con la aplicación de la ordenanza, los pisos turísticos se tendrían que reducir a la mitad.

Plataformas

El Ministerio de Vivienda ofreció este lunes datos sobre las solicitudes que ha recibido para contar con el código que habilita a los propietarios de estos negocios a anunciarse en plataformas digitales, como pueden ser Airbnb o Booking. En septiembre de 2025, había estudiado 311 expedientes de pisos turísticos de la ciudad, de los cuales había revocado casi la mitad, un total de 140; había concedido 136, que en ese momento estaban ya activos y 35 estaban en situación provisional. Para conseguir este código, en el caso de A Coruña es necesario cumplir la normativa municipal y presentar el título habilitante que otorga el Concello. El Ministerio exige también que las viviendas turísticas que se encuentren en un edificio residencial demuestren que su actividad no está prohibida expresamente en los estatutos de la comunidad de vecinos.

Los datos de A Coruña distan mucho, por ejemplo, de los de Vigo y Sanxenxo, con más de 1.100 solicitudes presentadas y 776 y 944 códigos activos respectivamente.

En el Registro de Empresas e Actividades Turísticas consta que los barrios del centro son los que más viviendas turísticas ofertan, en el caso del Ensanche (y todo el 15004) hay casi 300, en Monte Alto (15002), se superan las 200, así como en la zona de La Pescadería (15003) y, en la Ciudad Vieja (15001) se rozan las 200. Visto con detenimiento, en el registro de la Xunta hay pisos turísticos de todo tipo, desde edificios completos que han sido recientemente rehabilitados para este fin hasta viviendas en pisos residenciales que ofertan nueve plazas en un sexto piso de la ronda de Outeiro o un chalet, a medio camino entre la avenida da Pasaxe y el colegio Internacional de Eirís, con cinco habitaciones y el edificio de Pérez Porto, cerca de los Juzgados, con capacidad para más de un centenar de ocupantes.

La ordenanza municipal, tal y como explicó el concejal de Urbanismo en repetidas ocasiones, incluso en sus intervenciones en el Pleno, tiene un doble objetivo, por una parte, regularizar el mercado de las viviendas turísticas, al entender que es una actividad comercial y, por otro, fomentar que pisos que se estaban dedicando a este tipo de alquiler estacional pasen al mercado de vivienda habitual para que se pueda ampliar la oferta y, de este modo, rebajar los precios.