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El pleno aprueba que el Gobierno local de A Coruña dé cuenta en la Comisión de Transparencia de los contratos irregulares hechos verbalmente

El PP pidió que se constituyese una comisión informativa especial para casos como las facturas del Womex, pero PSOE y BNG la enmendaron para que trate el asunto la ya existente

La Corporación Municipal entrando en el Pleno de este jueves

La Corporación Municipal entrando en el Pleno de este jueves / Carlos Pardellas

A Coruña

En los últimos meses, el Gobierno local ha aceptado pagar facturas a través de indemnización por varios servicios que contrató de manera irregular, a través de acuerdos verbales con las empresas. El PP, que se opuso al abono, llevó al pleno de este jueves una moción para pedir una comisión informativa especial que determine las “responsabilidades políticas” derivadas de ellos. El BNG presentó una enmienda, aprobada con el voto a favor del PSOE, que sustituye la creación de una nueva comisión por un llamamiento a que se reúna la comisión de Transparencia ya existente para que comparezcan los miembros del Gobierno local “responsables de la adquisición de compromisos de gasto contraídos irregularmente, con la consiguiente existencia de contratos ilegales”. La enmienda salió aprobada con el apoyo de socialistas y nacionalistas, aunque con la oposición de los populares, que consideraron que desvirtuaba su moción.

El concejal del PP Roberto Rodríguez, que preside la comisión de Transparencia, acusó al Gobierno local de cometer irregularidades y al BNG de permitirlo y blanquearlo. Afirmó que la enmienda del Bloque es una "desfachatez" y señaló que ya sabe que podría convocarla. "Ustedes ya han pasado de cooperadores necesarios a coautores", criticó a los nacionalistas. En el Ayuntamiento, dijo, "están pasando cosas muy graves y seguirán pasando con su consentimiento". Los populares destacaron el pago de 140.000 euros por gastos relacionados con el Womex de 2023, otros 38.300 de la Cena del Deporte de 2022 o tres abonos relacionados con la Tall Ships Race de 2023 (de unos 45.300, 49.500 y 65.200 euros, respectivamente), y señalaron que tanto el Interventor municipal como el Consello Consultivo de Galicia indicaron que se podrían derivar responsabilidades.

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, citó la normativa de contratación y recordó que solo se puede contratar verbalmente en situaciones de urgencia. Indicó que hubo contrataciones en las que se prescindió del procedimiento establecido, si bien defendió que la ley también obliga a indemnizar a las empresas para eivtar perjuicios a terceros. El BNG, dijo, fue quien denunció irregularidades como las del IMCE y forzó que el edil de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, diese explicaciones. Leccciones del PP, afirmó, "las justas". Aunque afirmó que hay que "dar explicaciones",, pero que la Comisión de Transparencia, que, indicó Jorquera, el Bloque propuso que presididese el PP, es el lugar, no una nueva. Esta, indicó, solo se reunió una vez y a petición del Bloque, y acusó a los populares de buscar crear un "circo".

El PSOE votó a favor de la enmienda, y el portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió que el Gobierno local dio "cumplida cuenta" y "con detalle" cuando se le pidieron explicaciones de transparencia. En los casos que cita el PP, indicó Lage, se emplearon procedimientos de revisión de oficio, un mecanimo "garantista, contemplado en la ley". "No se está hacienod nada que no se haga", defendió, sino que son prestaciones sin contrato "que existen en otras administraciones" y derivadas de situaciones "extraordinarias" que se dan en el "día a día", indicó Lage, que afirmó que se están llevando estos casos al Consello Consultivo, algo que, afirmó, no se hacía antes.

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