El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites

La empresa OHL Servicios Ingesan firmó en 2018 un contrato de dos años para realizar servicios de asistencia a domicilio, y avisó al Concello de que no quería prorrogar. Pero el Gobierno local obligó a la compañía a seguir prestándolo de manera forzosa y no sacó un nuevo concurso hasta 2022, con lo que OHL operó durante tres años en prórroga. La empresa denunció, y el Tribunal Supremo acaba de determinar que el Concello realizó una interpretación «exorbitante y contraria al ordenamiento jurídico» y deberá compensar a la empresa por el tiempo que estuvo operando de más en una suma que se determinará en ejecución de sentencia, «con indemnizaciónde los daños y perjuicios que dichos actos le hayan originado». Fuentes del Gobierno local indican que, tras el fallo, que es «un precedente a tener en cuenta» y que están «trabajando con este criterio para abordar la regulación de contratos».

La prórroga forzosa es un mecanismo que usa la administración pública para evitar que se deje de prestar un servicio necesario para la ciudadanía, y el Supremo señala que no se puede decidir, «de modo descontextualizado», si debe indemnizar a la empresa que se vea obligado a seguir prestándolo. Antes de que el asunto llegase al Alto Tribunal, tanto como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de A Coruña como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fallaron en contra de la concesionaria y a favor del Concello. Fuentes del Gobierno local interpretan que la sentencia del Alto Tribunal «no fija doctrina casacional y no sienta jurisprudencia».

Pero el Supremo considera que en este caso específico sí hay que compensar a la concesionaria. Según argumenta, el Concello no estableció un plazo máximo de duración de la prórroga, y, además, se obligó a la empresa a realizar los trabajos «hasta que la nueva empresa pueda hacerse cargo», lo que en la práctica convierte al contrato en uno «de duración indefinida».

Lo que critica el Alto Tribunal es que, como en este caso, el Ayuntamiento tenga la potestad de aumentar la duración del contrato sin obligarse a sacar el concurso y contratar a una nueva empresa en un determinado plazo. Esto «puede afectar, no solo a los intereses del adjudicatario», sino que «aparece como un medio fraudulento de adjudicación directa obviando los mecanismos de selección del contratista». El Concello puede usar la fórmula para mantener la misma concesión en manos de contratista por un tiempo indefinido, sin dar opción a nuevas empresas a optar a ella.

La prórroga tal como la aplicó el Concello, resalta el Alto Tribunal, solo acaba cuando entra a prestar el servicio una nueva empresa, pero esto solo tiene sentido si tiene un concurso en marcha y mantiene a la concesión original «estrictamente limitada al tiempo necesario para que concluya el procedimiento y se pueda iniciar la prestación por el nuevo contratista». No fue así en el caso del contrato de atención a domicilio, donde empezó el concurso más de dos años después de que hubiese acabado el contrato original.

Ejecución de sentencia

El Gobierno local admite que el fallo es «un precedente a tener en cuenta» pues liga las órdenes de continuar con la prestación de un servicio a sacar un nuevo concurso «en el menor tiempo posible» y no se debe dar orden de continuidad sin límite de tiempo. Así, señala que está trabajando «con ese criterio». En cuanto al caso de OHL, lo da por «superado», e indica que a la empresa ya se le pagó por el tiempo que trabajó, si bien «si hay que complementar los pagos hay que verlo en ejecución de sentencia».

El Ayuntamiento cuenta con un número elevado de contratos prorrogados, algunos muy cuantiosos, y en varios no se ha iniciado un nuevo concurso. Un ejemplo es la concesión de Nostián, la planta de tratamiento de residuos urbanos: el contrato acabó en 2019 y que la empresa no quería continuar en las mismas condiciones. El contrato del servicio de buses se prorrogó este 1 de enero, y el Ayuntamiento aún está dando pasos previos a sacar el concurso, que prevé que no esté terminado hasta 2027. Y siguen pendientes los concursos de contratos como el de recogida de basuras, la concesión de los polideportivos de O Castrillón y San Diego o la piscina municipal del Club del Mar. El campo de golf de la Torre lleva con el contrato caducado desde 2017.

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