PP y BNG critican las prórrogas de contratos tras el fallo del Supremo

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a responsabilizarse de los «daños y perjuicios» a la empresa OHL Servicios Ingesan durante los tres años en los que prorrogó su contrato de forma forzosa ha desencadenado las críticas de la oposición hacia la gestión del Gobierno local, que acumula concesiones caducadas. El grupo municipal del PP señala que «una vez más los coruñeses pagarán con su dinero otra chapuza» al indemnizar a la compañía, que realizó servicios de atención a domicilio, y promete que pedirá explicaciones a la alcaldesa, Inés Rey, «por las indemnizaciones que de han pagado con contrataciones ilegales de cultura, deportes y turismo».

También denuncia los problemas en la gestión de las concesionarias el BNG, que señala que la situación «es producto de la enorme cantidad de contratos que se prestan en precario y de las consecuencias perjudiciales para el Concello que de eso se derivan». Entre los contratos prorrogados está el de la concesión de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Nostián, cuyo contrato acabó en 2019 y para el que no ha salido un nuevo concurso. También está pendiente la licitación de la recogida de basuras, y el contrato del servicio de buses se prorrogó este 1 de enero, sin que el Ayuntamiento cuente conque haya una nueva concesión hasta 2027. Tras la sentencia, fuentes del Gobierno local indicaron a este diario que están cambiando los criterios que se aplicaban a las prórrogas.