Los murales de Lugrís, un BIC propiedad de la Xunta que no se puede visitar

Los murales que Urbano Lugrís pintó para el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos, son desde el 30 de octubre Bien de Interés Cultural y eso obliga, con la ley de patrimonio en la mano, a que sus propietarios faciliten que sean visitados por el público, cuando menos, cuatro días al mes durante un mínimo de cuatro horas por jornada.

En este caso se da una paradoja y es que, si bien los murales son propiedad de la Xunta porque los adquirió por 36.000 euros tras ejercer su derecho de tanteo en el proceso concursal al que se vio sometida la entidad que poseía el inmueble, no lo es así el edificio, que es de unos particulares.

La intención de los nuevos dueños de los números 25 y 27 de la calle Olmos es la de rehabilitar este inmueble —que se encuentra en condiciones ruinosas desde hace años— sin embargo, su proyecto todavía no ha recibido el visto bueno de la comisión de aplicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería, que le requirió hace ya un año que introdujese cambios en el plan original para poder conseguir su aprobación y avanzar en el proceso de concesión de la licencia de obra.

El artículo 48 de la Ley de Patrimonio Cultural especifica en su punto número uno que los titulares de derechos reales sobre los bienes de interés cultural, ya sean sus propietarios o arrendatarios, tendrán que facilitar el acceso al público al menos cuatro días al mes y un mínimo de cuatro horas por jornada. El incumplimiento de este punto, por ejemplo, dio lugar a sanciones económicas de 3.000 euros a la familia Franco que, durante años, se negó a abrir las puertas de la Casa Cornide, cuando fue declarada Bien de Interés Cultural.

En este caso, el titular de los murales es la propia Xunta, pero el mal estado del inmueble puede perpetuar esta situación anómala —y agravar unos frescos ya de por sí muy deteriorados—, en la que unas pinturas declaradas de interés cultural están cerradas a cal y canto, y en la que tampoco se puede aplicar otro punto de la ley, el tercero del artículo 48.

El texto establece en este apartado que, en el caso de «bienes muebles, se podrá acordar como obligación sustitutoria» [de las visitas] su depósito «en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un periodo máximo de cinco meses cada dos años».

En este caso, la retirada de los murales para exhibirlos en otra ubicación fue descartada por la Xunta —aunque llegó a estar encima de la mesa— no solo porque desvirtuaría la obra, que fue creada para un espacio concreto, sino también por su coste (1,2 millones de euros más el traslado a otro lugar), mucho más elevado que rehabilitar las pinturas in situ.

En una primera reunión entre la Xunta y el Concello, a la que faltó la Diputación de A Coruña, a pesar de estar invitada, para abordar el futuro de los murales, las instituciones abrieron la puerta a llegar a un acuerdo con los actuales propietarios para comprar el bajo donde se encuentran los doce frescos que se conservan. La asociación O Mural, promotora de la iniciativa para la declaración BIC de las pinturas junto al colectivo In Nave Civitas, descubrió que había habido uno más, de una ballena, pero del que actualmente nada se sabe.

Esto fue en junio y, desde entonces, no se han hecho públicos más avances en este sentido, de hecho, tampoco se celebró una segunda reunión para abordar el futuro del Espazo Lugrís, a pesar de que a mediados de septiembre, el conselleiro de Cultura, José López Campos, aseguró que se convocaría «próximamente».

O Mural reclama, tanto a los propietarios de los frescos (la Xunta) como a los del edificio «que cumplan con la ley y permitan el acceso a la belleza de una vez» y exige que tanto Xunta como Concello «ejerzan sus facultades y empiecen ya las obras para garantizar la conservación de las pinturas, en el mejor estado posible». De no hacerlo con premura, la entidad alerta de que, cuando se decidan a hacerlo, solo habrá «escombros».

Pero ¿cuánto costaría abrir al público el espacio del antiguo restaurante Fornos? La Xunta, en el informe que llevó a esa primera reunión, explicó que serían necesarios, de entrada, aproximadamente 500.000 euros para abrir de nuevo las puertas de este bajo que tuvo siempre uso hostelero hasta su cierre definitivo, ya con el nombre de Brasa y Vino, en pandemia.

De ese medio millón de euros, unos 150.000 tendrían que destinarse a «mantener el policromado de las obras», es decir, a frenar su deterioro, que es lo más urgente actualmente, y entre 380.000 y 400.000 a acondicionar el espacio, de unos 200 metros cuadrados, ya que, tras años de falta de mantenimiento, el inmueble tiene grietas, humedades y otras deficiencias que han de ser saneadas para garantizar la seguridad de los visitantes. A ese medio millón de euros habría que sumarle el coste del bajo, del que todavía no se han dado cifras ni tampoco se ha adelantado cómo se financiaría si solo con fondos de la Xunta o con las aportaciones del Ayuntamiento o, incluso, también de la Diputación. En aquella reunión de junio, el conselleiro indicó que, con permiso de los propietarios, los técnicos podrían entrar a trabajar en la recuperación de los murales de Lugrís para frenar su deterioro, incluso antes de que se cerrase la operación de compraventa. La Xunta no ha informado de que se hubiesen iniciado estas tareas para salvar los frescos en una fase previa a la adquisición del bajo.

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