La Justicia avala que el Concello de A Coruña penalice a la empresa de basuras por carencias en la recogida
Una sentencia entiende que la empresa debe pagar 22.000 euros al Concello por incumplir sus obligaciones en dos periodos a finales de 2023 e inicios de 2024, antes de la huelga del verano

Trabajadora de recogida de basuras en A Coruña. | Iago López
La concesionaria de recogida de basuras, Prezero, tendrá que pagar unos 22.000 euros al Concello por incumplir las condiciones del contrato y permitir que, durante dos periodos a finales de 2023 e inicios de 2024, se acumulasen muebles y enseres en las calles de la ciudad. De acuerdo con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº3 de A Coruña, contra la que no cabe recurso, la empresa es responsable y la penalización que le impone el Concello es legal.
El Ayuntamiento impuso la penalización a la concesionaria por la «deficiente prestación» de los servicios de recogida de muebles, enseres y aparatos electrónicos entre el 10 de octubre y el 30 de noviembre de 2023, y el 12 al 26 de febrero de 2024. Se trata de épocas de tensión laboral en la empresa, pues el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), que constituye el comité de empresa y está investigado judicialmente por una supuesta trama de mordidas, amenazó con huelgas en Navidades de 2023. Hubo más conflictividad en febrero del año siguiente, cuando se llegó a acumular basura por las calles. En verano de 2024 se produjo una huelga plagada de incidentes e incendios de contenedores, que acabó con la asamblea de trabajadores renunciando al paro y el despido de Prezero del secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez, también investigado.
La empresa llevó la penalización a la Justicia. Afirmaba que el contrato «no ha podido prestarse de forma pacífica» porque hubo «graves alteraciones del orden público» en 2022 y 2024, y en los conflictos laborales «se produjeron sabotajes y absentismos laborales que afectaron a la prestación el servicio». Y, entre otros argumentos, acusó al Ayuntamiento de «irregularidades en la tramitación del proceso de imposición de penalidades».
Pero el juzgado rechaza el alegato. Indica que ambas partes admiten que hubo deficiencias en el servicio, y considera que se constató una «grave anomalía» en la prestación, pese a que la empresa «fue requerida en múltiples ocasiones para garantizar el normal servicio». De acuerdo con la sentencia, la empresa no sufrió indefensión durante el procedimiento municipal, y el Concello no le está imponiendo una sanción, sino «una penalidad leve».
El fallo considera que la existencia de huelgas y sabotajes, «además no constituir una causa para incumplir el contrato», no coincide con el periodo por el que se impone la penalidad. Además, señala que la empresa «no adoptó medidas ante el reconocido incremento desproporcionado del absentismo», y no acreditó que pusiese todos los medios a su alcance para impedir los problemas de recogida.
Recurso pendiente
El Concello reclamó a Prezero a casi 200.000 euros por los problemas en el servicio en 2022, cuando los continuos sabotajes y quema de contenedores en el servicio llevaron a que se declarase la emergencia sanitaria. La empresa también recurrió a los tribunales, si bien, según indican fuentes conocedoras, aún no hay sentencia.
En este caso, el Ayuntamiento sancionó a Prezero con casi 116.000 euros por la «supuesta comisión de una infracción tipificada como leve» en estas semanas de 2022. Además, reclamó otros 82.200, por los «daños y perjuicios sufridos por el Concello» durante la interrupción del servicio normal.
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