Visto bueno al presupuesto de la Diputación de A Coruña con el no del PP

La Diputación de A Coruña aprobó este viernes el presupuesto más alto de su historia: 256,6 millones de euros con los votos a favor de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la oposición del PP, al entender que son un «suma y sigue» de un proyecto «agotado». El presupuesto tiene como objetivo prestar ayuda directa a los 93 ayuntamientos de la provincia y pivota sobre el bienestar social, la seguridad vial, el empleo y los servicios públicos, según el Gobierno provincial.

El responsable del área de Economía e Facenda, José Ramón Rioboo, defendió en la sesión plenaria que el Plan Único (POS+2026) se sitúa como el eje central, con una inversión inicial de 88 millones para los 93 ayuntamientos de la provincia. «Sumado al resto de líneas de apoyo a los municipios, más de 110 millones que se destinan directamente a los ayuntamientos», según destaca la entidad. Rioboo subrayó que los concellos cuentan con autonomía plena para decidir en qué invertir sus fondos: obras, servicios, iluminación, limpieza, deporte, cultura o programas sociales.

La partida de vías y obras aumenta un 30% hasta llegar a los 31 millones de euros, aunque en su intervención, Rioboo no descartó que se realizase una modificación de las cuentas para invertir más en la mejora de la red viaria.

En el ámbito social, la partida asciende a 35,5 millones de euros para, entre otras actividades, financiar casi 400.000 horas de ayuda en el hogar y también la contratación de 178 profesionales para los programas de envejecimiento activo. Para empleo se destinan 16,3 millones de euros.

En el debate, la portavoz del BNG, Avia Veira, destacó que las cuentas de la Diputación «frente al abandono y la desidia de otras administraciones» apuestan por poner en valor el patrimonio de la provincia. El portavoz de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, puso el foco en la necesidad de seguir invirtiendo en las carreteras que tildó de «estrechas y antiguas».

Evaristo Ben, en nombre del PP, se quejó de que «no existe ni una sola evaluación rigurosa del sistema de subvenciones» y de que no se «hicieron estudios para conocer los costes reales de los servicios obligatorios en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes».

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó en la presentación de las cuentas que los nuevos contratos incluirán cláusulas demográficas para luchar contra la despoblación.

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