El Concello de A Coruña recurre el pago de tres millones por el impuesto de depósito de residuos

Un nuevo desacuerdo entre el Concello y la UTE Albada, concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, ha llegado a los tribunales. En este caso se trata de la reclamación por parte de la empresa del pago de facturas por el impuesto del depósito de residuos en vertederos fijado por ley desde 2022. Suman unos tres millones de euros y van de febrero de 2023 a noviembre de 2024.

Ante la negativa del Ayuntamiento a abonar esas cuantías por considerar que las debe afrontar la concesionaria, Albada interpuso una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que le da la razón. La Junta de Gobierno Local aprobará este miércoles interponer recurso de alzada contra el pago de cinco facturas y otro contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por otras quince. Este impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos que ha abonado Albada, y que le reclama al Concello, surge con la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El Ayuntamiento interpondrá recurso de alzada contra el pago de cinco de esas facturas, que suman 865.565 euros, entre 162.000 y 206.000 euros por mes. Aunque en la documentación que va a junta de gobierno no figura la cuantía del resto de facturas reclamadas, fuentes consultadas por este diario apuntan a que el pago de cada mes es similar, por lo arrojaría una cifra de unos tres millones de euros.

El Concello rechazó las facturas porque considera que «no tiene la condición legal de contribuyente ni de sustituto de contribuyente del impuesto» sino que tiene que ser Albada la que pague ese impuesto porque es la que «realiza la entrega de los rechazos para su eliminación en vertedero».

Según el Tribunal Económico-Administrativo, que da la razón a la empresa, esta se dedica «al tratamiento, recuperación y eliminación de residuos», pero «no ostenta la condición de contribuyente». Defiende que «son las entidades locales municipales» las que deben asumir ese impuesto porque «la Ley les otorga la potestad de crear una tasa de recogida de residuos».

Nuevos contenedores con cerradura electrónica

La Junta de Gobierno Local dará visto bueno este miércoles a la adquisición de 650 contenedores de recogida lateral de volumen no inferior a 1.800 litros para la recogida separada de biorresiduos. Además, estos colectores tienen cerradura electrónica y control de llenado. En este lote también se incluye la compra de 3.498 contenedores de recogida de carga trasera para la recogida domiciliaria de biorresiduos a grandes productores.

El presupuesto para estas adquisiciones es de 2,3 millones de euros, procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia Next Generation para mejorar la gestión de residuos en la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo