La Fiscalía archiva la investigación por las obras en un piso del concejal de A Coruña José Manuel Lage Tuñas

La Fiscalía provincial de A Coruña archivó las diligencias de investigación preprocesal que había abierto tras recibir la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en obras realizadas en un inmueble propiedad del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas. El Ministerio público adoptó su decisión tras requerir documentación al denunciante y al Ayuntamiento, y concluir que «no existían indicios de responsabilidad penal», según consta en el decreto de archivo de las diligencias, al que ha tenido acceso este diario.

La investigación se refería a obras de segregación del piso en dos inmuebles y en su cambio de uso de comercial a residencial, en las que el denunciante advertía de «supuestas irregularidades» tanto en los trabajos como en «la concesión de las licencias oportunas por parte del Ayuntamiento», recoge el decreto de Fiscalía.

El Ministerio público afirma que recibió documentación del Concello que «probablemente» no se le debía haber remitido, pues se trataba de borradores, no de textos definitivos y firmados, así como un índice elaborado de forma manual, no automatizada. El decreto defiende que esto no cambió la investigación, y que la remisión de los textos no supone un delito de falsedad documental, aunque el Concello pueda realizar acciones «en el orden interno». El PP acusó al Concello de «acosar» a funcionarias por mandar información a Fiscalía y llamarlas al despacho de la alcaldesa, Inés Rey. Esta lo niega y ha anunciado una querella por ello.

Lage avanzó en el pleno municipal de este jueves el archivo de las diligencias y afirmó que el PP lo había acusado de un delito. Señaló que se presentó una «denuncia anónima porque no hay la valentía de presentarse y denunciar» ante la Fiscalía Provincial, aunque no la atribuyó directamente a los populares. El edil afirmó que se le intentó «deshumanizar y denigrar», persiguiéndolo personalmente con «acusaciones gratuitas, atribuyendo delitos». «Tuve que aguantar calumnias, insidias, difamaciones...», insistió.

El edil del PP Roberto Rodríguez admitió que las obras en la vivienda propiedad de Lage no constituyeron un delito, motivo por el que su grupo no denunció, pero insistió en acusarle de realizar trabajos sin licencia cuando era concejal de Urbanismo, como, recuerda el PP, figura en el expediente, y de mentir en el pleno. Rodríguez afirmó que Lage «debería haber dimitido», y, si no, la alcaldesa, Inés Rey, debería haberlo cesado. En una pregunta oral que criticaba la realización de contrataciones verbales por parte del Ayuntamiento, Rodríguez señaló que la comisión sobre estas se cerró «sin exigencia de responsabilidades ni medidas correctoras».